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15
Oct
09

Grecia: Riesgos crecientes para los migrantes y niños no acompañados

Comunicado de HRW: La Unión Europea debe presionar al recién elegido Gobierno griego a poner fin a la detención abusiva y expulsiones sumarias de migrantes, incluyendo a niños no acompañados, y a reformar el sistema de asilo roto del país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

En un movimiento a gran escala, las autoridades griegas detuvieron a centenares de migrantes en todo el país, entre junio y agosto de 2009, expulsándolos de deterioradas viviendas en Atenas, arrasando con un campamento en Patras, y deteniendo a los recién llegados a las islas.  Los niños no acompañados atrapados en la represión se encontraban entre los muchos que fueron posteriormente trasladados a centros de detención en el norte, cerca de la frontera con Turquía.  Desde allí,  en operaciones secretas nocturnas, la policía griega obligó a decenas de migrantes – posiblemente cientos, incluyendo a niños no acompañados y potenciales refugiados – a atravesar la frontera con Turquía.

“Las expulsiones ilegales de Grecia han llegado a un nuevo nivel”, dijo Simone Troller, investigadora para Human Rights Watch. “Los migrantes están siendo ahora arrestados en todo el país y luego empujados a Turquía. Evidentemente, las personas que necesitan protección no están seguras en Grecia”.

El sistema disfuncional de asilo de Grecia está totalmente en manos de la policía, quien crea obstáculos para la presentación de solicitudes de asilo y niega  a los solicitantes de asilo audiencias justas y evaluaciones de sus casos.  Más del 99 por ciento de los solicitantes de asilo son rechazados después de su primera entrevista.  En julio, el Gobierno anterior abolió los procedimientos de apelación de asilo, un requisito estándar en el derecho europeo e internacional de derechos humanos.  La acción dejó a adultos y niños sin una solución efectiva y con el riesgo de ser deportados a lugares donde sus vidas y su seguridad pueden estar en riesgo.

Human Rights Watch entrevistó a 16 personas que fueron detenidas entre julio y septiembre en la región de la frontera norte de Grecia.  Dos de ellas nos describieron cómo la policía griega los obligó a cruzar el río Evros hacia Turquía.  Las autoridades turcas los enviaron de vuelta a Afganistán.  Otras ocho personas dijeron que vieron a la policía griega llevarse  a los inmigrantes de los centros de detención al anochecer en camiones o furgonetas.  Cuatro de ellos dijeron que las personas que fueron sacadas más tarde se pusieron en contacto con los detenidos que se quedaron y les dijeron que la policía los había expulsado a Turquía.

Estas relatos son coherentes con la previa documentación de Human Rights Watch sobre la expulsión sistemática e ilegal de migrantes y refugiados en Grecia, en un informe de noviembre de 2008 titulado “Stuck in a Revolving Door: Iraquies and Other Asylum Seekers and Migrants at the Greece/Turkey Entrance to the European Union” (Atrapados en una puerta giratoria: Los iraquíes y otros solicitantes de asilo y los migrantes en la entrada de Grecia/Turquía a la Unión Europea).  En ese momento, Human Rights Watch realizó entrevistas privadas y confidenciales en varios lugares, tanto en Grecia como en Turquía, con 41 solicitantes de asilo y refugiados, quienes en su totalidad dieron versiones coherentes de  cómo las autoridades griegas los llevaron al río Evros en la noche y los obligaron a cruzarlo.  Las recientes entrevistas presentan nuevas pruebas de que las autoridades griegas están ahora expulsando no sólo a los migrantes detenidos atrapados cerca de la frontera, sino también a aquellos detenidos en otras partes del país, incluyendo a potenciales refugiados y niños no acompañados.

Migrantes, incluyendo solicitantes de asilo y niños que fueron detenidos en las instalaciones de detención en el norte de Grecia, también informaron a Human Rights Watch sobre hacinamiento, condiciones antihigiénicas con una alimentación insuficiente y problemas de salud no tratados.  Varios se refirieron a malos tratos infligidos por los guardias.  Estos informes son consistentes con la previa documentación de Human Rights Watch sobre las condiciones de detención y el maltrato a los migrantes y niños no acompañados.

El sistema de asilo de Grecia y las condiciones de detención claramente violan la ley de la UE, así como los estándares europeos e internacionales de derechos humanos, afirmó Human Rights Watch.  Sin embargo, a pesar de las críticas en curso y un reciente deterioro de la situación tanto en la legislación como en la práctica, la Comisión Europea se mantuvo en silencio y no logró que Grecia rindiera cuentas.

“La detención abusiva de Grecia y la expulsión ilegal de migrantes han sido ignoradas por mucho tiempo,” dijo Troller.  “Con un nuevo Gobierno en el poder, poner fin a estos abusos, proteger a los niños migrantes, y reformar las prácticas de asilo deben ser prioridades urgentes  para Atenas,  y Bruselas”.

Human Rights Watch pide al nuevo Gobierno en Grecia poner fin de inmediato a las expulsiones ilegales a través del río Evros.  Grecia también debe hacer cumplir la prohibición de exponer a la gente al riesgo de malos tratos, tanto en Grecia o como resultado de ser sacado de Grecia. Asimismo, debe garantizar el acceso de todos los migrantes al procedimiento de asilo y restaurar un proceso significativo de apelación.

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19
Mar
09

HRW denuncia la situación de las mujeres inmigrantes detenidas en EEUU

Nota de El mercurio digital

Dos estudios sobre mujeres y abusos sistémicos  documentan deficiencias y falta de rendición de cuentas

“Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad. En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”.

Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres
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El sistema de atención médica en la detención inmigratoria estadounidense es peligrosamente inadecuado, con consecuencias particulares para las mujeres, y mejorar los cuidados de salud que se brindan a personas inmigrantes detenidas debería ser una prioridad principal para el nuevo gobierno, dijeron hoy Human Rights Watch y el Centro para la Defensa de Inmigrantes en Florida (FIAC, por sus siglas en inglés). En dos informes publicados este día, Human Rights Watch y el FIAC documentan numerosos casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) chapuceó, demoró o denegó atención médica, ocasionando sufrimiento e incluso muertes.

El informe de 78 páginas de Human Rights Watch, “Detained and Dismissed: Women’s Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention” (“Detenidas y descartadas: Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en la detención inmigratoria”), documenta decenas de casos en los cuales el personal médico del ICE no respondió en absoluto a los problemas de salud de mujeres detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.

“Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. “En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”

Las mujeres dijeron que tenían que luchar a fin de obtener servicios que podrían salvarles la vida, tales como pruebas de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino, mamografías que detectan el cáncer de mama, atención prenatal, asesoramiento a sobrevivientes de violencia e incluso suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. Los obstáculos a los servicios de salud incluían una comunicación inadecuada sobre los servicios disponibles, demoras inexplicables en el tratamiento, denegación injustificada de servicios, violación de la confidencialidad y el hecho de no transferir historiales médicos. Cuando a las mujeres se les negaban servicios, los mecanismos para quejas eran ineficaces.

El informe de 78 páginas del FIAC, “Dying for Decent Care: Bad Medicine in Immigration Custody” (“Muriendo por falta de atención digna: Mala medicina en la custodia inmigratoria”), identifica fallas fundamentales que han resultado en una respuesta deficiente, y algunas veces pavorosa, a los problemas de salud. Éstas incluyen: falta de supervisión independiente para asegurar la calidad y eficacia de la atención médica a personas detenidas; demoras y denegación de cuidados; insuficiencia de personal cualificado; cuidado inapropiado de pacientes con enfermedades mentales y discapacidades físicas; problemas con la medicación; dificultad para acceder a historiales médicos; falta de intérpretes competentes y profesionales; conducta cruel y abusiva por parte de algunos miembros del personal clínico y penitenciario; centros insalubres y hacinados, además de la transferencia o segregación de personas detenidas como represalia por haber presentado quejas sobre la atención médica.

“Las tasas de mortalidad en la detención parecen estar empeorando” dijo Cheryl Little, directora ejecutiva del FIAC. “El ICE detiene innecesariamente a personas que padecen enfermedades graves y a quienes no representan daño alguno para comunidades en Estados Unidos. Esto eleva los costos del ICE pese a que la agencia proporciona una atención médica y de salud mental cada vez más inadecuada a personas bajo su custodia”.

El informe del FIAC se basa en entrevistas, conversaciones telefónicas y correspondencia con personas detenidas y funcionarios penitenciarios e inmigratorios. También incluye información proveniente de materiales del gobierno estadounidense, artículos de prensa y otros datos.

El informe de Human Rights Watch se basa en visitas a nueve centros de detención en Florida, Texas y Arizona, así como en entrevistas a 48 mujeres detenidas o recientemente puestas en libertad de la detención inmigratoria, a personal de los centros de detención y proveedores de cuidados de salud, funcionarios de inmigración, abogados y defensores de inmigración. Se realizó investigación adicional en las áreas metropolitanas de Nueva York y Washington, DC.

Más de 300,000 personas estuvieron bajo custodia inmigratoria apenas en el último año. A la mayoría de los inmigrantes detenidos se le retiene en cárceles estatales y municipales contratadas por la agencia federal. Las mujeres constituyen aproximadamente el 10 por ciento de la población bajo detención inmigratoria. Las violaciones de las leyes inmigratorias son infracciones civiles, no penales; a las personas inmigrantes detenidas se les pone bajo custodia administrativa – no punitiva. En promedio, la permanencia bajo custodia es de 38 días, pero a algunas personas se les retiene durante meses e incluso años.

Según las normas internacionales, las personas detenidas tienen derecho al mismo nivel de atención médica que se brinda a la gente en la comunidad general. Sin embargo, la política de la agencia inmigratoria se centra en la atención de emergencia. En lo que respecta a visitas médicas fuera de los centros de detención, la política permite los cuidados no urgentes sólo si la falta de tratamiento “ocasionara deterioro de la salud de la persona detenida o un sufrimiento incontrolado que afecte su estatus de deportación”. Esta política existe junto a una serie de normas de detención que fueron recientemente modificadas a fin de incluir requisitos más detallados para los centros en relación con la atención médica. Las normas de detención modificadas entrarán en vigor en 2010.

“Las modificaciones recientes a las políticas por las autoridades inmigratorias contienen mejoras importantes, pero falta mucho por hacer para desarrollar políticas adecuadas, asegurar su aplicación apropiada y abrir el sistema de detención a una supervisión eficaz”, aseveró Rhoad. “Las deficiencias en la atención médica afectan tanto a hombres como a mujeres, pero reparar el sistema requerirá un esfuerzo especial por identificar y atender las necesidades particulares de cuidados de salud de las mujeres bajo detención”.

Human Rights Watch y el FIAC exhortaron al nuevo gobierno a:

  • asegurar que de manera justa y rápida se consideren la libertad condicional y alternativas a la detención para personas actualmente detenidas – incluyendo a aquellas que están enfermas, mujeres lactantes y embarazadas, así como solicitantes de asilo y otras personas a quienes no se debería detener;
  • emitir regulaciones federales a fin de que las normas de detención de la agencia inmigratoria tengan fuerza de ley y que las personas detenidas y sus defensores puedan recurrir a los tribunales para remediar las deficiencias en los cuidados de salud; y
  • revisar las políticas que limitan el acceso a servicios no urgentes.

A fin de proteger la salud y los derechos de las mujeres bajo custodia, Human Rights Watch también instó al gobierno a:

  • abstenerse de detener a mujeres que estén sufriendo los efectos de persecución o abuso, o que estén embarazadas o amamantando a infantes;
  • adoptar normas específicas relativas a los servicios de salud para mujeres, incluyendo los de salud reproductiva; y
  • prohibir que se engrillete a mujeres embarazadas.

“Sólo un escrutinio independiente y externo de la atención médica para personas detenidas asegurará que el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE cumplan con su responsabilidad moral y legal de velar por la salud y seguridad de las personas detenidas encomendadas a su cargo”, dijo Susana Barciela, directora de políticas del FIAC.


“En la clínica, yo ya no podía hablar, sólo llorar. Una enfermera me dijo que lo lamentaba, pero el doctor había renunciado, así que no se contaba con ningún médico. Me senté en una silla y me agarré el estómago. … Pensé que iba a morir”.

– Miguel Bonilla Cardona, quien sufrió perforación del apéndice en una cárcel municipal contratada por el ICE en el centro de Florida

“Inmediatamente mi cuerpo empezó a temblar. Sentí tanto frío que pensé que me iba a congelar hasta morir, pero al mismo tiempo estaba sudando… Pocos minutos después tuve una convulsión y mi cuerpo comenzó a sacudirse tan violentamente que me caí de la cama al piso”.

– Zena T. Asfaw describe la experiencia que casi acabó con su vida luego de que fue obligada a tomar un medicamento equivocado en un centro de detención en California



“Me preocupa mucho mi seno. Le dije a mi familia, ‘No me pidan [que apele mi caso inmigratorio]’. No estoy bien y tendría que quedarme sin atención médica. No sé de un mes al otro… las cosas podrían empeorar en mi pecho. Me está doliendo. ¿Qué se supone que debía hacer, morir de cáncer aquí? Con atención adecuada, sí, me quedaría hasta el final. Porque 22 años de mi vida [han transcurrido en Estados Unidos]. Mis hijos tienen 12 años y Estados Unidos es lo único que conocen. ¿Depresión, alimentos inadecuados, detención? Sí, incluso así me habría resistido indefinidamente”.

– Antoinette L., Arizona, mayo de 2008

“Se supone que me debían hacer una prueba [de Papanicolaou] cada seis meses. Le pedí a mi hija que enviara el historial. Lo recibí y se lo llevé al personal médico para que vieran que no estaba mintiendo. He pedido muchas veces. … Es terrible porque sientes que tienes algo que te puede provocar la muerte … y no recibes ayuda”.

– Lucía C., Nueva Jersey, mayo de 2008. A Lucía C. no se le realizó ninguna prueba de Papanicolaou durante más de 16 meses que estuvo detenida.

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En miseria, en peligro, escondidas e ignoradas

“Empecé a quedarme ciega”, dice Mary T., una mujer diabética que fue detenida por las autoridades migratorias estadounidenses cuando su visión empezó a fallar. “Solamente podía distinguir las formas de las personas” señala, “no podía distinguir números ni letras”. Ella se quejó en repetidas ocasiones con sus carceleros, pero no recibió atención médica durante 15 días en los que su condición empeoró. Cuando una enfermera fue asignada finalmente, recuerda Mary T., la enfermera le preguntó: “¿Por qué no nos dijiste antes?”.

Para Mary T. , quien recuperó su visión, y las miles de mujeres detenidas cada año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), el mencionar sus problemas de salud no es suficiente. Dos reportes, uno de Human Rights Watch y el otro del Centro para la Defensa de Inmigrantes en Florida (FIAC, por sus siglas en inglés) documentan docenas de casos en los cuales el personal médico del ICE no respondió en absoluto a los problemas de salud de mujeres detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.

“Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. “En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”

Investigadores de Human Rights Watch visitaron nueve centros de detención en Florida, Texas y Arizona, y entrevistaron a 48 mujeres detenidas o recientemente puestas en libertad de la detención inmigratoria, a personal de los centros de detención y proveedores de cuidados de salud, funcionarios de inmigración, abogados y defensores de inmigración. El informe del FIAC se basa en entrevistas, conversaciones telefónicas y correspondencia con personas detenidas y funcionarios penitenciarios e inmigratorios. También incluye información proveniente de materiales del gobierno estadounidense, artículos de prensa y otros datos.

Las mujeres dijeron que tenían que luchar a fin de obtener servicios que podrían salvarles la vida, tales como pruebas de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino, mamografías que detectan el cáncer de mama, atención prenatal, asesoramiento a sobrevivientes de violencia e incluso suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. Los obstáculos a los servicios de salud incluían una comunicación inadecuada sobre los servicios disponibles, demoras inexplicables en el tratamiento, denegación injustificada de servicios, violación de la confidencialidad y el hecho de no transferir historiales médicos. Cuando a las mujeres se les negaban servicios, los mecanismos para quejas eran ineficaces.

Más de 300,000 personas estuvieron bajo custodia inmigratoria apenas en el último año. Las mujeres constituyen aproximadamente el 10 por ciento de la población bajo detención inmigratoria. Las violaciones de las leyes inmigratorias son infracciones civiles, no penales; a las personas inmigrantes detenidas se les pone bajo custodia administrativa – no punitiva. En promedio, la permanencia bajo custodia es de 38 días, pero a algunas personas se les retiene durante meses e incluso años.

Según las normas internacionales, las personas detenidas tienen derecho al mismo nivel de atención médica que se brinda a la gente en la comunidad general. Sin embargo, los investigadores encontraron un patrón perturbador de negligencia al paciente. Antes de ser detenida, Lucía C., fue informada por su médico a que realizara exámenes de Papanicolaou semestrales, porque los resultados de su más reciente procedimiento mostraron anormalidades. Cuando fue detenida en una cárcel municipal en Nueva Jersey, las autoridades rechazaron su solicitud para el procedimiento. “Se supone que me debían hacer una prueba [de Papanicolau] cada seis meses”, dijo a Human Rights Watch. “Le pedí a mi hija que enviara el historial. Lo recibí y se lo llevé al personal médico para que vieran que no estaba mintiendo. He pedido muchas veces”. A pesar de sus esfuerzos, a Lucía C. no se le realizó ninguna prueba de Papanicolaou en los 16 meses que estuvo detenida. “Es terrible, porque sientes que tienes algo que te puede provocar la muerte…y no recibes ayuda”.

La política de atención medica del ICE se centra en el cuidado de emergencia. La mayoría de las complicaciones surgen cuando las detenidas requieren atención médica no urgente. En lo que respecta a visitas médicas fuera de los centros de detención, la política del ICE permite los cuidados no urgentes sólo si la falta de tratamiento “ocasionara deterioro de la salud de la persona detenida o un sufrimiento incontrolado que afecte su estatus de deportación”. Esta política existe junto a una serie de normas que fueron recientemente modificadas a fin de incluir requisitos más detallados para la atención médica en los centros de detención. Las normas modificadas entrarán en vigor en 2010. Para algunas de las mujeres que actualmente se encuentran bajo custodia, estas normas podrían llegar muy tarde.

El ICE detiene a personas en más de 500 centros a nivel nacional, el personal de la División de Servicios de Salud de Inmigración (DIHS, por sus siglas en inglés) provee servicios médicos en 21 de estos centros. En otros, la atención médica es subcontratada junto con otras funciones de detención.

Las mujeres constituyen el 10 por de la población bajo detención inmigratoria, y promedian aproximadamente 30,000 en cualquier día. Las mujeres son detenidas en más de 300 centros.

La mitad de las mujeres que Human Rights Watch entrevistó dijeron que habían sufrido retrasos en recibir la atención médica solicitada y casi la misma cantidad de mujeres se vieron obligadas a efectuar repetidas solicitudes para obtener una respuesta adecuada a sus preocupaciones médicas.




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