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14
Feb
11

Un hotel, centro de detención de inmigrantes en Quito

Un artículo de Periodismo Humano

“Buenas… Vengo a ver a un muchacho”, dijo el joven con gorra café y portando una pequeña bolsa plástica donde se adivinaban unas manzanas. La recepcionista abrió la puerta de rejas y le dejó entrar. La escena, presenciada por IPS, se desarrolló en un viejo hotel de tercera categoría en el centro histórico de Quito que ha sido alquilado en su totalidad por el Estado ecuatoriano para alojar a los extranjeros en situación irregular. Según un efectivo de la Policía de Migración también en el lugar y que dijo tener prohibido dar declaraciones pero habla de todas maneras, en el hotel se encuentran unas 30 personas, la mayoría procedentes de Cuba y Colombia.

Portal del hotel donde permanecen detenidos los migrantes (AP). Foto: PeriodismoHumano

Pero más que un hotel es un centro de reclusión, porque nadie puede salir de allí. Funciona desde enero, tras varias semanas de protestas de familiares y organizaciones de la sociedad civil por las precarias condiciones en que se tenía a los extranjeros detenidos en los calabozos de la Policía de Migración, en el norte de Quito. Ante las crecientes protestas en las afueras de aquellos calabozos, el Ministerio del Interior resolvió alquilar el hotel. “Lo hicimos porque queremos darles un trato digno”, dijo a IPS la ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero. “Tienen habitación con televisión, y se les proporciona las tres comidas diarias”, añadió el policía. “Aquí permanecen en espera de que los deporten”, señala… “O de que legalicen su situación”, completa con determinación el joven de gorra café, con acento cubano.

Severo Padrón (nombre protegido) ha venido a visitar a un amigo, apresado en una redada de la policía migratoria en noviembre. Él tiene residencia legal en Ecuador, pero no su amigo.

La situación es contradictoria con el principio de la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008, que en su artículo 416 proclama “el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”. Fue en aplicación de este principio que el gobierno de Rafael Correa decidió que no se exigiera visa a ningún extranjero para permanecer en el país por 90 días. Esta disposición rige desde el 20 de junio de 2008, cuando Correa explicó que estaba decidido a “desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas”.

Sin embargo, el gobierno dio marcha atrás. En diciembre de 2009 empezó a exigir visas a los ciudadanos chinos y el 7 de septiembre de 2010 a los viajeros procedentes de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Esta medida se tomó “luego de detectar un inusual flujo migratorio de personas de los países citados”, informó en su oportunidad Leonardo Carrión, subsecretario de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería. Carrión reconoció a IPS que el país había estado sirviendo de estación de paso para personas que intentaban llegar a Estados Unidos y Brasil.

La liberal política migratoria ecuatoriana también causó enorme preocupación, prácticamente desde el mes siguiente de su entrada en vigor, en las embajadas de Estados Unidos en Quito, Panamá, San José de Costa Rica, SAn Salvador y Abuja, según los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks. “Ecuador está provocando la inestabilidad en toda América”, con la supresión de los visados, habría dicho en noviembre de 2008 Mario Zamora, ex director de Inmigración y actual viceministro de Seguridad de Costa Rica a la embajada estadounidense en San José, según un cable obtenido por Wikileaks.

La supresión de la exigencia de visas también creó un flujo migratorio desde Cuba. Se calcula que han llegado unos 70.000 ciudadanos de esa isla a Ecuador y que se han quedado entre 5.000 y 8.000, gran parte en situación irregular. La policía migratoria empezó a hacer redadas, controlando pasaportes y visas, y después de que en julio pasado se detectó más de 100 matrimonios de conveniencia entre ciudadanos y ciudadanas de Ecuador y Cuba con papeles fraudulentos.

“Estoy hace un año en Ecuador”, dijo Raúl Castillo (nombre protegido) a IPS, en una larga conversación sostenida en un café en Quito. “Vine con una carta de invitación que compré en Cuba a través de intermediarios, en dos mil CUC”, los pesos cubanos de libre convertibilidad y que equivalen a unos 2.100 dólares. Castillo tiene una profunda decepción de Cuba, pero también de Ecuador. “Allá no hay futuro, y pensé que aquí podría construirlo, pero no he podido arreglar mi situación migratoria y ahora perdí mi trabajo”. Agregó que su empleador lo despidió después de que el presidente Correa puso como una de las preguntas del referendo, que probablemente se celebrará en abril, que se considerará delito el tener a un trabajador no afiliado a la seguridad social.

¿No sería un camino para Castillo y otros cubanos solicitar refugio, como lo han hecho 58.000 colombianos? “A los cubanos no nos van a conceder refugio jamás, pues Ecuador se proclama amigo del régimen cubano y aceptar refugiados sería manchar a ese régimen”, comentó. “Los inmigrantes en Ecuador, igual que los ecuatorianos que han emigrado a Estados Unidos y a España, se van a quedar, con papeles o sin papeles”, expuso Lenin Daza, asesor jurídico del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM). Por eso se pregunta si no sería más fácil y seguro un proceso de regularización masiva de los extranjeros.

“Quizás, pero yo no la veo posible en el actual clima político, hipersensible en el tema de la inseguridad ciudadana”, dijo a IPS un miembro del gabinete ministerial de Correa, que no quiso ser identificado.  Por su parte, Juan Villalobos, coordinador de incidencia pública del SJRM, dijo que en Ecuador se maneja un discurso contradictorio porque, por un lado, tiene una Constitución que es la que más garantiza el derecho a la movilidad humana, pero, por otra, la naturaleza de los cuerpos legales y la práctica de la policía no han cambiado. Villalobos cree que se actuó bien en sancionar el fraude de los matrimonios de los cubanos, pero rechaza los estereotipos que maneja la policía cuando investiga un delito y la falta de conocimiento de los funcionarios de las áreas de salud y educación que niegan atención a hijos de refugiados o a sus padres. “La discrecionalidad del funcionario público es enemiga de las proclamas de la ciudadanía universal”, explicó, insistiendo en que “la regularización tendría la ventaja comparativa de evitar la explotación laboral y de que el Estado sepa quién está en su territorio, dónde y qué hace”.

 

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05
Oct
09

Colombia: Repetidos desplazamientos forzados crean tensión en comunidades afrodescendientes del sur del país

BOGOTÁ, Colombia, 7 de septiembre (ACNUR) – Los repetidos desplazamientos masivos están agotando las capacidades físicas y emocionales de comunidades afrocolombianas en la cuenca del río Tapaje, al sur de Colombia, una de las zonas más duramente golpeadas por el conflicto que vive este país en los últimos años.

Estas comunidades son parte del municipio de El Charco, en el departamento de Nariño, y a finales de agosto iniciaron su cuarto desplazamiento masivo en lo que va de 2009, síntoma de los altos niveles de tensión que se viven desde hace unos años en esta zona, donde en 2007 más de 7 mil personas protagonizaron el segundo mayor desplazamiento en Colombia en toda esta década.

Una misión de ACNUR que visitó El Charco la semana anterior constató las difíciles condiciones en que se encuentran más de 700 personas desplazadas, a pesar de estar recibiendo ayudas de emergencia, fundamentalmente alimentos, por parte del Gobierno colombiano. En el caserío de El Castigo, a una hora en lancha de la población de El Charco y donde se concentra la mayoría de las personas desplazadas, buena parte de ellas dormían sobre tablas de madera cuyo propósito inicial era servir para mesas del comedor de la escuela de esta comunidad.

Sin embargo, la principal preocupación se asocia con la frecuencia de los desplazamientos, que genera alta tensión entre los pobladores. Sólo este año ya se habían registrado desplazamientos masivos en marzo, abril y junio. El último de ellos había concluido escasamente un mes antes de producirse esta nueva movilización de población.

“Hacía solamente un mes que había terminado el otro desplazamiento (el anterior). Cuando regresé a mi casa era un jueves, 20 de agosto. El sábado, apenas a los 3 días, hubo otra balacera y nos tocó correr otra vez” cuenta Julia*, una mujer de un poco más de 30 años desplazada en El Castigo.

La mayoría de las 700 personas registradas en el último desplazamiento en El Charco se encuentran en una zona llamada El Castigo, a un poco más de una hora del casco urbano. © ACNUR/ G.Valdivieso
La mayoría de las 700 personas registradas en el último desplazamiento en El Charco se encuentran en una zona llamada El Castigo, a un poco más de una hora del casco urbano. © ACNUR/ G.Valdivieso

Las comunidades más afectadas por los últimos desplazamientos son las de la zona de Pulvuza, donde frecuentemente se producen escaramuzas entre las fuerzas militares colombianas y un grupo armado irregular. Aunque muchas veces la intensidad de los combates sea baja, el estado de tensión que generan es insoportable para los civiles. Los mismos desplazamientos que se realizan buscando protección también generan tensión.

Jairo, un joven integrante de los consejos comunitarios (autoridades en las comunidades afrocolombianas), tiene menos de 25 años y una hija de sólo 3. “Estoy demasiado frustrado”, dice, con lágrimas que se reflejan en su rostro. “Todo el tiempo hemos buscado ayudar a que las cosas se hagan, a que la gente esté mejor, pero esto es demasiado. Están haciendo mi vida pedacitos. Yo sembraba plátano, sembraba frutos de la zona, pero ya no siembro nada. ¿Para qué sembrar si no voy a poder recoger?”

Para ACNUR, el reto está en apoyar a las autoridades locales y nacionales a mejorar tanto la prevención del desplazamiento como la atención a las víctimas en este contexto de zozobra.

La agencia de la ONU para los refugiados apoyó la elaboración de un plan de contingencia para atender desplazamientos masivos, ha acompañado el fortalecimiento técnico de los consejos comunitarios y está estudiando en cuáles de las muchas necesidades de la zona puede invertir fondos a través de proyectos rápidos de protección, destinados a producir impactos inmediatos sobre necesidades puntuales.

Actualmente viven en El Charco cerca de 100 familias que no retornaron tras el gran desplazamiento de 2007, la mitad de ellas en dos albergues que no reúnen condiciones de habitabilidad.

El río Tapaje, en el occidente del departamento de Nariño. Esta es la zona donde se producen los enfrentamientos. © ACNUR/ G.Valdivieso
El río Tapaje, en el occidente del departamento de Nariño. Esta es la zona donde se producen los enfrentamientos. © ACNUR/ G.Valdivieso

Un equipo de ACNUR, junto con la oficina de identificación del Estado colombiano (Registraduría Nacional), participó precisamente la semana pasada en una campaña para entregar documentos de identidad a las personas desplazadas, que los requieren para acceder a programas de ayuda del Gobierno, y a las comunidades en riesgo de desplazamiento.

“Sin embargo, estamos concientes de que se necesita más”, dice Roberto Mignone, representante encargado de ACNUR en Colombia. “Necesitamos estrategias más amplias de prevención y protección, estrategias que ayuden a que las comunidades se sientan acompañadas. Vamos a seguir trabajando, a pesar de las dificultades, para lograrlo”.

Por Gustavo Valdivieso,
En El Charco, Departamento de Nariño, Colombia

03
Mar
09

Desplazamiento Forzado en Colombia

Un libro de ACNUR, CEDHUL y Generalitat Valenciana sobre los desplazados en Colombia, sus derechos, acceso a la justicia y reparaciones.

El archivo del mismo lo pueden descargar desde acá

25
Feb
09

El tema migratorio, debe ser prioritario.

Este artículo destaca una necesidad importante que así como en la ciudad de Pereira, en muchas otras ciudades de Colombia y de Latinoamerica en general, a los gobernantes no se les pasa ni por la cabeza, el impacto del retorno de todos los migrantes a sus lugares de origen, a raíz de la crisis.

Editorial/Latarde.com

 

Pasan los días y no se avizora ninguna política pública que atienda con entereza y suficiencia, el tema de los migrantes en Risaralda, ni mucho menos del país.

A nadie parece importarle que hasta finales de diciembre habían retornado cerca de 2 mil nacionales, algunos de los cuales beneficiarios de programas de subsidio de desempleo de los países donde permanecieron, pero para la gran mayoría no habrá más que brazos cruzados.

Tampoco causa preocupación que, según las proyecciones de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema, y gobiernos europeos, podrían estar retornando antes de mediados de año por lo menos 8 mil personas, que no van a tener ocupación, que traen algunos ahorros, pero para los que no hay proyecto futuro.
Hemos tenido conocimiento de que la asociación de cooperación colombo-española Aesco, tiene unos recursos importantes (500 mil euros), para atender programas sociales, para brindar atención a los retornados, para hacer seguimiento a su situación y ofrecer programas de capacitación. Pero ni la Alcaldía de Pereira ni el gobierno de Risaralda, tienen especificados en sus programas de gobierno, o consideran prioritario el tema migratorio, pese a que nos podemos ver abocados a un problema de riesgo económico y social.
No le cuesta mucho al Estado ofrecer su red oficial, para determinar de mejor manera la situación de los migrantes, sus hijos, sus familias, sus ahorros, su situación de escolaridad, sus problemas psicológicos, etc.
Parece que en el tema migratorio, el sector público prefiere mirar para otro lado, porque no lo considera prioritario en su agenda política.
Cuando comiencen a estallar en lals manos de los gobernantes las problemáticas sociales que genera la migración, y ahora el retorno, podría ser tarde para plantear las soluciones. El de las migraciones, es un tópico que debería estar entre las prioridades de los administradores públicos.




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Si tienes algún material para enviarnos o quieres enviarnos tu consulta, lo puedes hacer en: ningunhumanoilegal@gmail.com

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