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12
Feb
10

La Administración deja a inmigrantes sin tutela por dudosas pruebas de edad

Lo único seguro a simple vista es que aparentan ser jóvenes. Sus edades, sin embargo, se suelen convertir en acertijos burocráticos para las Administraciones y las fiscalías. La línea que separa cada día a decenas de inmigrantes no acompañados de la protección que el Estado concede a los menores de edad depende casi siempre del veredicto de unas pruebas, las oseométricas, cuya realización carece de un protocolo claro y homogéneo y que tienen un margen de error de 18 meses. Ni siquiera está claro cuándo es legal hacerlas y cuándo no. En todo caso, muchas administraciones aplican el siguiente criterio: en caso de duda, contra el inmigrante.

España no aplica un criterio único a los menores no acompañados que llegan al país como inmigrantes. La seguridad jurídica brilla por su ausencia. Cada fiscalía y cada comunidad autónoma interpreta la ley como mejor le parece para decidir si la persona es adulta o menor de edad: unos aceptan la validez de la fecha de nacimiento fijada en el pasaporte y otros hacen por sistema de pruebas óseas para determinar la edad. En algunos casos, estas pruebas las hace la sanidad pública; en otros, algún centro privado elegido por las autoridades, como sucede con la Comunidad de Madrid. A veces los resultados (que nunca son precisos) ofrecen una horquilla de edad; en otros se dice directamente: “en torno a los 18 años”, lo que sirve para dejar de protegerlos como menores.

El “en torno a los 18 años” no tiene sentido científico si no se establece además, el margen de error. “Se trata de una aproximación”, afirma el forense Imanol Garamendi, del Instituto de Medicina legal de Huelva. “No existe ninguna prueba que permita establecer que una persona tiene 16 años y cinco meses”, explica. “Se trata de unas pruebas que se realizan para determinar en términos porcentuales si una persona tiene más o menos de x años -en España la edad clave es 18 años, pero por ejemplo en Alemania pueden ser 21 años, según el caso-. Un diagnóstico de edad ideal nos permitiría, en la mejor de las hipótesis, establecer que alguien tiene el 80% de las posibilidades de ser mayor y un 20% de ser menor”, prosigue.

Las pautas deseables deben incluir, por ejemplo, un examen médico general (para estudiar los parámetros de maduración general de una persona). “Un niño obeso tiene parámetros distintos a un niño desnutrido”.

“Lo que no puede ser es que los chavales paguen el pato cuando esto es un problema claramente político”, dice Peio Aierbe, coordinador de SOS Racismo en Guipúzcoa. El tema es tan político que ayer llegó al Congreso de los Diputados. El Partido Nacionalista Vasco interpeló ayer al Gobierno en el Congreso para pedir claridad. El diputado Emilio Olabarría planteó la necesidad de que el fiscal general del Estado dicte una instrucción con criterios homogéneos y únicos para todas las fiscalías. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, respondió que “la ley es inequívoca y marca con precisión todos y cada uno de los pasos a seguir” y que las circulares de la fiscalía ya establecen “criterios homogéneos”. Se mostró dispuesto a valorar las propuestas de Olabarría, pero no ofreció en ningún momento el punto de vista concreto del Gobierno o su ministerio sobre las mismas.

El problema es que la ley no es tan clara como afirma el ministro. El artículo 35 de la reciente Ley de Extranjería dispone que cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un menor “indocumentado”, le darán protección inmediata y el fiscal determinará la edad a través de las pruebas necesarias, con la colaboración de las autoridades sanitarias. El artículo plantea ya varios problemas. El primero, que no especifica cuándo se considera que un menor está “indocumentado”.

La Fiscalía General del Estado señala en una Circular de 2006 que esto se refiere no sólo a personas que no tienen documentación, sino también “a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentación presuntamente falsa” y a quien haga uso de un documento “que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables (…) por proceder de países cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiación del interesado se incorporan al pasaporte”.

En esta circular aparecen ya elementos difíciles de aplicar de forma homogénea. ¿Qué es un país no fiable? ¿Hay una lista de Estados dudosos? ¿Cómo se decide que la documentación es “presuntamente falsa”? En 2008, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, un 30% de los identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos.

La circular ofrece algunos criterios más de interpretación, pero en los decretos de determinación de edad de los fiscales no siempre se explica de forma argumentada por qué no se acepta la edad que fija un pasaporte.

El caso de un joven camerunés es paradigmático. La semana pasada, la Comunidad de Madrid decidió suspenderle la guarda porque una prueba ósea contradecía lo que figura en su pasaporte, que tiene 17 años. Ni ese documento público ni un certificado de autenticidad firmado por el embajador de Camerún en España sirvió de nada frente a los “probablemente 18 años” que resolvía la prueba. La Fiscalía de Menores de Madrid asumió este criterio para cambiarlo apenas 24 horas después, y resolvió la acogida del chaval en un centro de menores hasta que se despejen las dudas sobre su edad.

El diputado Olabarría planteó ayer en el Congreso el punto de vista de las Administraciones. Afirmó que el País Vasco es una de las regiones que más menores no acompañados tutela (unos 800 frente a aproximadamente 120 en Madrid, 100 en Valencia y ninguno en La Rioja, según los datos que ofreció el PNV) y que algunos de ellos manejan pasaportes falsos en los que constan como menores de edad a pesar de pasar de los 30 años. “Vamos a intentar por lo menos que los menores sean menores de verdad”. Mostró al ministro la foto de un menor acogido en Álava, con barba, asegurando que parecía mayor que el propio Caamaño.

Olabarría propuso, para la homogeneidad de las pruebas óseas, que se exija que sean los Institutos de Medicina Legal, ubicados en todas las comunidades autónomas, los encargados de realizarlas. Es otro de los puntos sobre el que la disparidad es total, y los resultados también. La Fiscalía General del Estado habla en una consulta de noviembre de 2009 de que estas pruebas “no aportan unos resultados absolutamente determinantes” pero “ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja”. Algunos centros médicos, como el que utiliza la Comunidad de Madrid, no dan ninguna horquilla de edad, de forma que es imposible que el fiscal pueda inclinarse “por la más baja”. Sencillamente, hablan de “en torno a los 18 años” y fijan la mayoría de edad a pesar de que científicamente es imposible con estas pruebas fijar la edad de un modo preciso y exacto.

Otro problema es cuando la fiscalía ni siquiera llega a enterarse de lo que ocurre porque la Administración actúa por su cuenta. La Fiscalía de Álava habla de al menos 80 casos -pero cree que pueden ser muchos más, según fuentes del ministerio público- en los que la diputación foral ha practicado pruebas óseas ilegales a menores. Son casos en los que la fiscalía no ha intervenido. Ni siquiera los ha autorizado, y no ha podido garantizar sus derechos. “La primera vez que esta fiscalía ha tenido conocimiento de casos de menores no acompañados desde 2006 ha sido el pasado 4 de febrero”.

La determinación de la edad por parte del fiscal es una medida cautelar para no dejar al menor desprotegido. El ministro Caamaño insistió en que, después de esta primera acogida, “la Administración pública competente puede disponer la realización de cuantas pruebas estime oportunas (pruebas médicas, investigaciones documentales o de cualquier otra naturaleza) para verificar la edad del menor”. El problema es, en muchos casos, que esas pruebas posteriores se convierten en una persecución hasta que una de ellas consigue lo que la Administración quiere: decir que la persona es mayor de edad.

Dudas sobre un pasaporte

La Circular 2/ 2006 y la consulta 1/2009 de 10 noviembre, de la Fiscalía General del Estado, establecen las pautas para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.

– Indocumentados. “En un contexto de ausencia de documentación acreditativa de la identidad y/o de la edad del presunto menor, o de exhibición de títulos con indicios de falsedad o generados en países que de hecho no garantizan la certeza de los datos que sobre la edad del titular figuran en los mismos, por lo que, existiendo dudas al respecto y no habiendo otros medios para despejarlas, puede ser necesario acudir a la práctica de ciertas pruebas médicas para poder determinar aquélla de modo aproximado”.

– Indocumentados. “Hay que considerar como no documentados no sólo a quienes carezcan de documentación, sino también a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentación presuntamente falsa (…), que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables en cuanto a la determinación de la edad, por proceder de países cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiación del interesado se incorporan al pasaporte”.

– Edad provisional. “Una vez fijada la edad de un menor pueden aparecer nuevos elementos de juicio que generen dudas razonables sobre esa primera valoración. En consecuencia, nada impide que, en caso de aportación de nuevas pruebas por parte del menor (…) resulte necesaria la revisión del decreto”.

Pruebas óseas. “Las pruebas radiológicas son, junto con otras más complejas como con la ortopantomografía, unas de las más fiables en el actual desarrollo de la ciencia médica, dado que, aunque ninguna aporta unos resultados absolutamente determinantes, ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja, esto es, la más favorable a la persona cuya edad ha de determinarse”.

Con información de Daniel Borasteros.

Fuente: El pais

14
May
09

Empeora situación de inmigrantes en Madrid

Fuente: ADN.es

La coordinadora territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid, Estrella Galán, ha alertado sobre la situación de los inmigrantes en esta comunidad, que empeora debido a la crisis económica, y de cómo aumenta “de forma alarmante” la irregularidad sobrevenida.

“Son personas que tenían un empleo que han perdido, y que carecen de ahorros porque no les ha dado tiempo a ahorrar y además suelen tener que mantener familias en sus lugares de origen; centenares de inmigrantes que han estado perfectamente legales y que ahora entran en la ilegalidad al no cumplir los requisitos, el principal, el no tener trabajo”, ha señalado Galán.

Esta es, precisamente, la prioridad de actuación de la Comunidad de Madrid, según ha explicado hoy el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetti, “porque entendemos que no hay mejor política de integración en España que volver a una política económica que favorezca el empleo y la generación de oportunidades para todos”.

Lasquetti ha compartido hoy una jornada de trabajo con los empleados y voluntarios de la sede territorial de CEAR, con la que la Comunidad colabora desde 2003 subvencionando diversos programas de orientación, información y ayuda al inmigrante, que han llegado sólo en 2008 a 90.000 personas.

En ese sentido, la responsable de CEAR en Madrid ha afirmado que comparte con la Comunidad de Madrid la necesidad de “reforzar algunos sistemas de protección al inmigrante que ya teníamos superados, sobre todo a nivel social, como son los que tienen que ver con la acogida, la orientación o la información hacia el empleo”, a causa del cambio de contexto económico actual.

Pide esta especialista que se tomen medidas “cuanto antes” y que el Gobierno de la nación reconsidere el requisito del trabajo para obtener el permiso de residencia porque “pronto vamos a tener una bolsa de irregulares muy importante que generará bolsas de pobreza que luego son de muy difícil absorción y va a ser mucha gente”, alerta Estrella Galán.

El alojamiento es otro problema grave de la inmigración, sobre todo esta inmigración un poco especial, que es el solicitante de asilo, porque llega desesperada y no sólo por problemas de supervivencia económica, sino por contextos de conflicto, explica Galán.

“La red de albergues está sobresaturada, no hay recursos de alojamiento suficiente y a veces se producen abusos”, ha indicado a EFE Juan Manuel Pacheco, responsable de vivienda de CEAR-Madrid, que se ocupa “de mediar y de que la gente conozca sus derechos”.

La situación “está complicada y hace falta un refuerzo grande de vivienda pública y aumentar el cupo llamado de especial necesidad”, considera Pacheco.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, cuyo objetivo es trabajar por la defensa del derecho de asilo.

Madrid concentra el 19,3% de la población extranjera en España, y es también la Comunidad donde se produce un mayor número de solicitudes de asilo, sobre todo, en el aeropuerto de Barajas.

Según datos de 2006 facilitados por CEAR, se produjeron en Madrid 3.292 solicitudes, el 66,14% de las realizadas en todo el territorio español.

España, ha recordado Galán, es el país de Europa que menos refugiados recibe, “por ejemplo -señala-, en 2008 sólo 151 personas recibieron el estatuto de refugiado”.

“Dado que el mundo no ha mejorado, seguirá habiendo refugiados, destaca Galán, quien denuncia en ese sentido que “no podemos consentir esos datos tan bajos”.

18
Feb
09

El número de concesiones del estatuto de refugiado en España descendió casi un 26 por ciento en 2008, según CEAR

EuropaPress-El número de concesiones del estatuto de refugiado a personas que solicitan asilo en España descendió un 25,98 por ciento el año pasado respecto a los datos registrados en 2007, ya que un total de 151 extranjeros consiguieron esta protección en 2008 frente a los 204 que lo hicieron en el ejercicio anterior, según los datos presentados hoy por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En general, el número de solicitudes de asilo descendió un 41 por ciento en 2008, pasando de las 7.664 peticiones recibidas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior en 2007, a las 4.516 del año pasado. “España se encuentra a la cola de la Unión Europea en la recepción de demandas de asilo”, aseguró el presidente de CEAR, Javier de Lucas, que destacó que la cuota española representa “un dos por ciento” del total de 223.000 solicitudes recibidas en la Unión.

En el ámbito europeo, Francia es el destino al que llegan más demandas (35.164), seguido de Suecia (24.353), el Reino Unido (22.530), Alemania (921.371) y Grecia (19.884), según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR).

277 PERSONAS PROTEGIDAS

Junto con el descenso en las concesiones del estatuto del refugiado, el informe también subraya una caída del 63 por ciento en lo referente a la asignación de otros tipos de protección complementaria. Así, un total de 126 personas accedieron a estas garantías en 2008, frente a las 340 que lo hicieron el año anterior.

Estas 126 personas unidas a las 151 refugiadas elevan a 227 el número de demandas que se han hecho efectivas en España, lo que implica que de todas las solicitudes, “sólo” se han hecho efectivas el 5,34 por ciento de las solicitudes recibidas. A la vez, este porcentaje supone un descenso del 3 por ciento con respecto a los datos de 2007.

“¿Son estas 277 concesiones de protección una avalancha que justifica la necesidad de restricciones? Evidentemente no”, apostilló de Lucas, quien también se preguntó “¿por qué de los 37,5 millones y medio de refugiados llegan tan pocas demandas a la UE y a España?”.

El presidente de CEAR señaló que “las políticas de externalización del control de fronteras” que practica la Unión y que, a su juicio, provoca que “la mayor parte de los potenciales demandantes de asilo no puedan llegar”.

Por países, Nigeria encabeza el número de las solicitudes que recibió la OAR el año pasado, con 808 demandas, seguida de Colombia (752) y Costa de Marfil (500). Los demandantes del país latinoamericano han descendido en casi un 70 por ciento con respecto a 2007, cuando el total de solicitudes alcanzó las 2.497.

SUPRESIÓN DE LA VÍA DIPLOMÁTICA

Por otro lado, durante la presentación de los datos se leyó un manifiesto en el que CEAR critica algunos aspectos de la nueva Ley de Asilo que prepara el Gobierno porque , según la organización, supone “un retroceso de las garantías y derechos hasta ahora reconocidos” por la actual legislación en vigor desde 1984.

La posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las embajadas y consulados españoles es uno de los puntos que “no pueden ser desechados” en el nuevo texto legal, de acuerdo con el presidente de CEAR, a la que también preocupan “la devaluación del papel del ACNUR y la utilización de listas de ‘países seguros'”.

En este sentido, la organización pide al Ejecutivo que “corrija las deficiencias que se observan en el proyecto de la nueva ley” y asegure  que el texto cumpla con la Convención de Ginebra, la Constitución y las obligaciones “adquiridas por España, al adherirse a los instrumentos internacionales de protección de derecho de asilo”.




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