Archive for the 'Refugiados' Category

03
Jun
11

Encuentro por la defensa de los derechos de migrantes y refugiadxs: 23 y 24 de Junio

 

26
May
11

Son refugiados, no inmigrantes

Artículo de Elpais

Nueva oleada. Llegadas masivas. Alerta: inmigración. Las expresiones de alarma cobran fuerza en Europa. Mientras el efecto dominó de las revueltas en el mundo árabe se extendía, las palabras que empezaron a susurrarse durante la revolución tunecina se han convertido en gritos y golpes sobre la mesa de las cumbres europeas. La llegada de unas 39.000 personas que han atravesado el brazo de mar que separa una orilla del Mediterráneo de otra (unas 15.000 de Libia, menos del 2% de la que han huido del país) ha sido suficiente para que los estados de la UE se pusieran a la defensiva y levantaran la voz ante un posible alud que aún no se ha producido. Mientras miles escapan de Libia, el debate tanto político como público deja de lado un detalle: que es gente que huye de un país en conflicto.

El flujo de desplazados no es comparable al de la antigua Yugoslavia

Los vecinos de Libia en el Magreb dan asilo a muchos más libios que la UE

“Es el primer caso de una crisis de refugiados con el espacio Schengen en marcha. La de los Balcanes fue anterior. En Europa hay ahora instrumentos mucho más protectores y estructurados. Pero un pequeño flujo de refugiados ha puesto en cuestión los principios de la UE. Y si un pequeño grupo pone en cuestión los principios de la Unión es que la Unión no tiene principios”, comenta Ignacio Díaz de Aguilar, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE).

El jurista no se refiere a los Balcanes en balde. Los anales de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recogen con precisión los datos de aquella emergencia. En 1995, el mismo año de la entrada en vigor de los acuerdos de Schengen, Europa se encontró con 616.000 refugiados de la antigua Yugoslavia. Alemania acogió a 345.000, 80.000 fueron a Austria, 57.000 a Suecia, 25.000 a Suiza, 15.000 a Francia… Cifras decenas de veces superiores a las que se barajan ahora en Europa y que, por otro lado, no alcanzan las que soportan los estados vecinos de Libia. Unas 850.000 personas han abandonado el país, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU actualizada al 23 de mayo. De ellas, más de 427.000 han huido a Túnez y casi 300.000 a Egipto. Desde enero han llegado a Europa de Libia 15.000 personas (alrededor de 13.600 a Italia y 1.400 a Malta) que se añaden a los 24.000 tunecinos desembarcados a las costas italianas.

El debate en la UE se abrió en principio con la venida de estos últimos. “Hay dos corrientes en los flujos que llegan a la isla de Lampedusa”, afirma Maricela Daniel, representante de ACNUR en España. “En las embarcaciones que partieron desde Túnez han venido sobre todo emigrantes económicos. Se trata de hombres jóvenes, en su mayoría tunecinos, mientras que las de Libia han estado llevando muchas personas de distintas nacionalidades con necesidad de seguridad y protección que se encontraban en el país cuando estalló del conflicto. Entre estas últimas hemos visto casos de personas que estaban trabajando en Libia y no tienen ahora problema en retornar a sus países, mientras que otro grupo numeroso lo componen somalíes, iraquíes o eritreos que habían huido previamente de sus países de origen por persecución o por la guerra y que podrían ser potenciales refugiados”.

“Si se dio esta situación con los tunecinos en un primer momento, la situación posterior es claramente de asilo”, dice Díaz Aguilar. “Y el problema no está en Europa, sino en Egipto y en Túnez”.

La distinción que hacen los expertos parece haberse esfumado en el debate europeo. Cuando Italia reclamó ayuda al resto de Europa frente a la llegada de los tunecinos, Francia contestó con sus cifras de refugiados, y lo que se puso en discusión no fueron las normativas comunitarias relacionadas con el derecho de asilo sino Schengen que, subraya Díaz Aguilar, “nada tiene que ver con esta emergencia”. ¿Por qué se ha hablado de Schengen y no del reglamento de Dublín II, que determina que sea el primer Estado de llegada el que tiene que evaluar las solicitudes? “Dublín II [que la Comisión Europea propuso modificar en 2008] está siendo negociado y esperamos llegar a un sistema de asilo común en 2012”, afirma Marcin Grabiec, portavoz de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. “La situación de los solicitantes de asilo que llegan de Libia muestra la necesidad de un sistema más fuerte de inmigración y asilo a nivel europeo para poder ayudar a los solicitantes, pero también a los países miembros que están en primera línea”.

Para Mauricio Valiente, coordinador del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), lo que está pasando no es una sorpresa. “No es una novedad que se esté dando una respuesta en términos de rechazo, y esto evidentemente es un gran incumplimiento de la legislación internacional. No solo en términos éticos y políticos. Las personas que huyen por temor fundado a una persecución tienen que tener al menos la oportunidad de reclamar protección”, dice. Y si “en el caso de Libia hay un desplazamiento forzoso masivo”, en el caso de los tunecinos, según Valiente, “puede que la mayoría fueran inmigrantes económicos, pero eso no significa que, teniendo en cuenta la situación en su país, no haya gente que no tenga derecho a solicitar asilo”.

La confusión viene de lejos y se remonta al mismo sistema de control de las fronteras. “Se ha implantado un sistema cada vez más cerrado para impedir que los refugiados lleguen a Europa”, subraya el representante de ECRE. “A través de Frontex [la agencia europea para el control de las fronteras] y de los acuerdos con terceros países, toda la política europea se ha volcado a blindar la frontera. No la nuestra, sino la de los países de tránsito. Establecer de forma indirecta pero claramente consciente el control en países intermedios, diseñado en teoría para impedir el acceso de inmigrantes, supone un impedimento insalvable para los refugiados”.

La historia de François (nombre ficticio) es un ejemplo de los efectos colaterales de la gestión de los llamados flujos mixtos (inmigrantes económicos y refugiados). Sentado en una habitación en un centro de acogida en la zona sur de Madrid, cuenta su periplo durado más de ocho años. Ahora tiene 24. “No recuerdo ni qué edad tenía cuando salí de Camerún. Me habían criado unos vecinos hasta que no pudieron hacerse cargo de mí y empecé a vivir en la calle. Limpiaba coches, trabajaba de lavaplatos, pero la vida era imposible”, cuenta François y añade dos detalles: pertenece a una etnia minoritaria, los bassá, y es gay. “Decidí huir. Pasé por Nigeria, donde me quedé dos meses, al igual que en Malí. Luego fui a Costa de Marfil, Senegal y Mauritania, donde estuve tres años trabajando para conseguir el dinero para llegar a Europa”. Llegó a Las Palmas hace tres años en cayuco. Fue dos años después cuando, hablando con un amigo, supo de la posibilidad de pedir asilo. “Cuando llegué a Canarias, nadie me habló de eso. Si no, lo hubiera solicitado”. En los dos años que pasó entre Madrid y Barcelona, fue detenido tres veces. Su viaje podía haber acabado hace dos años si se hubiera cumplido la orden de expulsión que le impusieron en un control.

Si François ha logrado ver reconocido el estatus de refugiado, miles de personas en los últimos años ni siquiera han podido llegar a las costas de la ribera norte del Mediterráneo. Para Díaz de Aguilar, no se trata de falta de medios, sino de voluntad política. “No es cierto que Europa esté abrumada. Durante la crisis en Canarias se distribuyeron en la península 30.000 personas sin generar ningún conflicto. Nos sobra capacidad de acogida. Europa podría integrar sin ningún problema a 300.000 o 400.000 refugiados”, asegura. Hasta ahora, ante la crisis libia, los países europeos solo se han puesto de acuerdo para reasentar 1.000 refugiados llegados a Malta. “Túnez y Egipto abrieron sus fronteras aun cuando para ambos países la situación actual es muy difícil. De la misma manera que desde ACNUR pedimos que se mantengan las fronteras terrestres abiertas y se atienda a esta gente que sale desesperada, pedimos también que se proteja y asista también a quienes huyen por las fronteras marítimas. Creemos que los países europeos disponen de los medios necesarios para gestionar este flujo migratorio y por lo tanto deben evitar mensajes alarmistas que generan preocupación y miedo en la opinión pública de la Unión Europea”, afirma Maricela Daniel, de ACNUR.

Si hay un ejemplo de cómo la externalización de las fronteras ha tenido efecto en el número de solicitantes asilo, es Italia. La entrada en vigor en mayo de 2009 de los acuerdos para devolución de los barcos a Libia (un país que no había firmado la Convención de Ginebra ni el protocolo sobre el estatuto de refugiados de 1967) redujo drásticamente las llegadas de cayucos al canal de Sicilia. El número de solicitantes de asilo pasó de 30.300 en 2008 a 17.600 en 2009 hasta llegar a 8.200 en 2010. “El Mediterráneo era la vía del asilo. El 75% de las solicitudes presentadas en 2008 en Italia eran de gente que había llegado por mar”, confirma Laura Boldrini, portavoz de ACNUR en Italia. Boldrini subraya que no ha habido devoluciones tras el estallido de la crisis, y avisa de que el número de personas que intenta huir por mar podría aumentar. “Y lo grave de este flujo desde Libia es que los barcos en los que se hacinan centenares de personas no son aptos para el viaje. El objetivo en el mar es salvar vidas humanas”.

La portavoz de ACNUR recuerda la obligación para todos los barcos, comerciales y militares, de prestar ayuda a las embarcaciones en peligro, según establece el derecho marítimo internacional: “En las últimas semanas hemos visto gente a la deriva durante dos semanas”. 1.200 personas han muerto desde el comienzo de la crisis libia intentando cruzar el Mediterráneo. En un solo naufragio de un barco partido de Trípoli el 25 de marzo murieron 63 de las 72 personas a bordo. Tres de los supervivientes han contado a ACNUR cómo vieron pasar de largo una nave y un helicóptero. En la imagen que se publica sobre estas líneas los tres están retratados en un campo de refugiados… en Túnez. En medio de las tiendas en Choucha Camp, donde se alojan unas 4.000 personas y donde las tensiones han causado la muerte de dos personas el pasado lunes, la única presencia de Europa es una camiseta del Barça con el nombre de Villa.

14
Feb
11

Un hotel, centro de detención de inmigrantes en Quito

Un artículo de Periodismo Humano

“Buenas… Vengo a ver a un muchacho”, dijo el joven con gorra café y portando una pequeña bolsa plástica donde se adivinaban unas manzanas. La recepcionista abrió la puerta de rejas y le dejó entrar. La escena, presenciada por IPS, se desarrolló en un viejo hotel de tercera categoría en el centro histórico de Quito que ha sido alquilado en su totalidad por el Estado ecuatoriano para alojar a los extranjeros en situación irregular. Según un efectivo de la Policía de Migración también en el lugar y que dijo tener prohibido dar declaraciones pero habla de todas maneras, en el hotel se encuentran unas 30 personas, la mayoría procedentes de Cuba y Colombia.

Portal del hotel donde permanecen detenidos los migrantes (AP). Foto: PeriodismoHumano

Pero más que un hotel es un centro de reclusión, porque nadie puede salir de allí. Funciona desde enero, tras varias semanas de protestas de familiares y organizaciones de la sociedad civil por las precarias condiciones en que se tenía a los extranjeros detenidos en los calabozos de la Policía de Migración, en el norte de Quito. Ante las crecientes protestas en las afueras de aquellos calabozos, el Ministerio del Interior resolvió alquilar el hotel. “Lo hicimos porque queremos darles un trato digno”, dijo a IPS la ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero. “Tienen habitación con televisión, y se les proporciona las tres comidas diarias”, añadió el policía. “Aquí permanecen en espera de que los deporten”, señala… “O de que legalicen su situación”, completa con determinación el joven de gorra café, con acento cubano.

Severo Padrón (nombre protegido) ha venido a visitar a un amigo, apresado en una redada de la policía migratoria en noviembre. Él tiene residencia legal en Ecuador, pero no su amigo.

La situación es contradictoria con el principio de la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008, que en su artículo 416 proclama “el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”. Fue en aplicación de este principio que el gobierno de Rafael Correa decidió que no se exigiera visa a ningún extranjero para permanecer en el país por 90 días. Esta disposición rige desde el 20 de junio de 2008, cuando Correa explicó que estaba decidido a “desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas”.

Sin embargo, el gobierno dio marcha atrás. En diciembre de 2009 empezó a exigir visas a los ciudadanos chinos y el 7 de septiembre de 2010 a los viajeros procedentes de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Esta medida se tomó “luego de detectar un inusual flujo migratorio de personas de los países citados”, informó en su oportunidad Leonardo Carrión, subsecretario de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería. Carrión reconoció a IPS que el país había estado sirviendo de estación de paso para personas que intentaban llegar a Estados Unidos y Brasil.

La liberal política migratoria ecuatoriana también causó enorme preocupación, prácticamente desde el mes siguiente de su entrada en vigor, en las embajadas de Estados Unidos en Quito, Panamá, San José de Costa Rica, SAn Salvador y Abuja, según los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks. “Ecuador está provocando la inestabilidad en toda América”, con la supresión de los visados, habría dicho en noviembre de 2008 Mario Zamora, ex director de Inmigración y actual viceministro de Seguridad de Costa Rica a la embajada estadounidense en San José, según un cable obtenido por Wikileaks.

La supresión de la exigencia de visas también creó un flujo migratorio desde Cuba. Se calcula que han llegado unos 70.000 ciudadanos de esa isla a Ecuador y que se han quedado entre 5.000 y 8.000, gran parte en situación irregular. La policía migratoria empezó a hacer redadas, controlando pasaportes y visas, y después de que en julio pasado se detectó más de 100 matrimonios de conveniencia entre ciudadanos y ciudadanas de Ecuador y Cuba con papeles fraudulentos.

“Estoy hace un año en Ecuador”, dijo Raúl Castillo (nombre protegido) a IPS, en una larga conversación sostenida en un café en Quito. “Vine con una carta de invitación que compré en Cuba a través de intermediarios, en dos mil CUC”, los pesos cubanos de libre convertibilidad y que equivalen a unos 2.100 dólares. Castillo tiene una profunda decepción de Cuba, pero también de Ecuador. “Allá no hay futuro, y pensé que aquí podría construirlo, pero no he podido arreglar mi situación migratoria y ahora perdí mi trabajo”. Agregó que su empleador lo despidió después de que el presidente Correa puso como una de las preguntas del referendo, que probablemente se celebrará en abril, que se considerará delito el tener a un trabajador no afiliado a la seguridad social.

¿No sería un camino para Castillo y otros cubanos solicitar refugio, como lo han hecho 58.000 colombianos? “A los cubanos no nos van a conceder refugio jamás, pues Ecuador se proclama amigo del régimen cubano y aceptar refugiados sería manchar a ese régimen”, comentó. “Los inmigrantes en Ecuador, igual que los ecuatorianos que han emigrado a Estados Unidos y a España, se van a quedar, con papeles o sin papeles”, expuso Lenin Daza, asesor jurídico del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM). Por eso se pregunta si no sería más fácil y seguro un proceso de regularización masiva de los extranjeros.

“Quizás, pero yo no la veo posible en el actual clima político, hipersensible en el tema de la inseguridad ciudadana”, dijo a IPS un miembro del gabinete ministerial de Correa, que no quiso ser identificado.  Por su parte, Juan Villalobos, coordinador de incidencia pública del SJRM, dijo que en Ecuador se maneja un discurso contradictorio porque, por un lado, tiene una Constitución que es la que más garantiza el derecho a la movilidad humana, pero, por otra, la naturaleza de los cuerpos legales y la práctica de la policía no han cambiado. Villalobos cree que se actuó bien en sancionar el fraude de los matrimonios de los cubanos, pero rechaza los estereotipos que maneja la policía cuando investiga un delito y la falta de conocimiento de los funcionarios de las áreas de salud y educación que niegan atención a hijos de refugiados o a sus padres. “La discrecionalidad del funcionario público es enemiga de las proclamas de la ciudadanía universal”, explicó, insistiendo en que “la regularización tendría la ventaja comparativa de evitar la explotación laboral y de que el Estado sepa quién está en su territorio, dónde y qué hace”.

 

03
Ene
11

Muro cada vez más alto

Por Claudia Ciobanu

BUCAREST, ene (IPS) – En los últimos años, el número de otorgamientos de asilo en Europa central y oriental ha ido decreciendo lenta pero firmemente. E incluso para los que reciben esa protección, la vida está llena de dificultades.

Entre 2007 y 2009, el número de personas que pidieron asilo en siete países de la región (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania) cayó levemente, de 20.053 a 19.388. Al mismo tiempo, el número de reconocidos como refugiados cayó de 744 a 507.

La vasta mayoría de los asilados reciben alguna forma de subsidio.

Las tasas totales de otorgamiento de asilo y estatus de refugiados cayeron de 20 por ciento a 17,9 por ciento. Esta tendencia continuó en 2010, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Nadia Jbour, alto funcionario de la oficina regional de Acnur en Budapest, reconoció varios factores que contribuyen a esta tendencia.

El bajo número de otorgamientos de asilos, las malas condiciones de recibimiento, las detenciones, las pocas posibilidades de integración a la sociedad y las dificultades para reunificar a la familia son algunos de ellos.

La mayoría de los que solicitan asilo en la región proceden de Asia central, Asia meridional y Medio Oriente, particularmente Afganistán, Pakistán, Iraq e Irán.

Su suerte puede diferir drásticamente según el país al que lleguen, e incluso dentro del propio territorio de esa nación, señala el informe “Ser refugiado: cómo viven los refugiados y solicitantes de asilo en Europa central”, de Acnur.

Los datos para el informe fueron reunidos principalmente en 2009, con algunas adiciones este año.

En Bulgaria, los solicitantes de asilo pueden sufrir “detención prolongada e irregular, tanto en fronteras como en el centro de Busmantsi, cerca del aeropuerto de Sofía”, indica el informe.

Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Asistencia para Sobrevivientes de la Tortura, en Sofía, indican que, desde que Bulgaria adoptó las regulaciones de la UE en 2008 que establecen un periodo máximo de seis meses de detención para los solicitantes de asilo, ha sido la norma el arresto de los inmigrantes por 18 meses.

Las regulaciones permiten periodos de detención de 18 meses pero sólo para casos excepcionales.

Las condiciones de detención pueden variar, incluso dentro de un mismo país. En Hungría, sólo uno de cuatro centros de detención, el de Gyor, cuenta con un régimen relativamente flexible, permitiendo una considerable libertad de movimiento dentro de la instalación.

En los otros tres centros se aplican normas más severas. La detención administrativa supera por lo general el plazo oficial máximo de 15 días. A los inmigrantes detenidos no se les permite comprar periódicos ni comida propia, y sólo pueden hablar por teléfono cinco minutos cada vez.

En Eslovaquia, ante la ausencia de regulaciones oficiales unificadas sobre asistencia a refugiados, acceso a clases de idiomas, ayuda en vivienda e incluso respaldo financiero, los inmigrantes son totalmente dependientes de las organizaciones no gubernamentales. Esto hace que el apoyo a los solicitantes de asilo sea desigual.

El destino de los niños y niñas difiere ampliamente a lo largo de la región. En Polonia, más de 90 por ciento de los menores solicitantes de asilo están en la escuela, y todos tienen acceso a clases adicionales de idioma.

En el otro extremo, niños y niñas que solicitan asilo en Bulgaria tienen menos acceso a la educación por no hablar el idioma local y carecen de apoyo para aprenderlo.

La vivienda también es un tema de preocupación para todos los refugiados en la región. En algunos países como Rumania y Bulgaria, las autoridades comenzaron a incluir a inmigrantes en sus listas de programas sociales de vivienda, aunque estas iniciativas recién comienzan.

Sin embargo, lo más frecuente es que los refugiados y asilados se vean atrapados en un círculo vicioso: tienen dificultades para encontrar un hogar debido a que no cuentan con garantías financieras, que dependen del acceso a empleos.

Acnur indicó que, en 2009, muchos refugiados somalíes comenzaron a sumar las filas de personas sin hogar que duermen en las calles de las grandes ciudades de Hungría.

“Húngaros sin hogar pueden haber desperdiciado sus oportunidades, pero nosotros los somalíes nunca tuvimos una chance”, comentó Gabir, un refugiado.

“Por lo general me contratan por unas pocas semanas cuando hay mucho trabajo, pero nunca me dan un empleo regular. Para mí, tener un año de trabajo es tan probable como ir a la luna”, señaló.

Gabir es un experimentado ingeniero en construcción procedente de la república separatista rusa de Chechenia y hoy está refugiado en Polonia. Sólo ha conseguido empleos temporales como albañil.

En Polonia, para recibir beneficios laborales y seguridad social se debe haber trabajado legalmente al menos un año completo.

Refugiados en todos los países se quejan de que las clases de idioma son organizadas en horas laborales. La falta de dominio de la lengua local disminuye la posibilidad de obtener buenos empleos.

Todos los países de la región “carecen de una clara estrategia de integración”, señaló Nadia Jbour, explicando las amplias diferencias en el destino de los refugiados y los solicitantes de asilo.

“Hay una falta de cooperación entre los ministerios. En la mayoría de los países, donde la provisión de la mayoría de los servicios está a cargo de los gobiernos locales, no hay colaboración entre la agencia central para los refugiados y las autoridades locales”, indicó.

“Tradicionalmente, las organizaciones no gubernamentales intentan llenar la brecha”, añadió Jbour. “Aunque hay mucha buena voluntad, no todas las organizaciones tienen la competencia necesaria para efectivamente proveer alguno de los servicios”, afirmó.

“Muchos de estos servicios deben, en primer lugar, ser asegurados por los gobiernos y garantizados en sus propios programas”, añadió.

Sin embargo, las noticias de la región no son todas malas. El informe de Acnur reconoce mejoras en cada país desde 2005, especialmente sobre las condiciones de vida y la calidad de alimento en los centros de acogida. En algunos casos hay también un mayor acceso a programas de capacitación vocacional y guía laboral.

Desde mayo de 2008, Rumania cuenta con un centro para refugiados en Timisoara, en el occidente del país, el primero en el mundo de naturaleza permanente. Desde su apertura, ha albergado a 622 extranjeros (de varios países de África, Iraq, Sri Lanka y Palestina) durante más de seis meses hasta su reubicación en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental.

“El centro representa el deseo de un país que solía enviar solicitantes de asilo y ahora comparte la responsabilidad de ayudar a los refugiados del mundo”, comentó Claudia Liute, de la oficina de Acnur en Rumania.

12
Feb
10

La Administración deja a inmigrantes sin tutela por dudosas pruebas de edad

Lo único seguro a simple vista es que aparentan ser jóvenes. Sus edades, sin embargo, se suelen convertir en acertijos burocráticos para las Administraciones y las fiscalías. La línea que separa cada día a decenas de inmigrantes no acompañados de la protección que el Estado concede a los menores de edad depende casi siempre del veredicto de unas pruebas, las oseométricas, cuya realización carece de un protocolo claro y homogéneo y que tienen un margen de error de 18 meses. Ni siquiera está claro cuándo es legal hacerlas y cuándo no. En todo caso, muchas administraciones aplican el siguiente criterio: en caso de duda, contra el inmigrante.

España no aplica un criterio único a los menores no acompañados que llegan al país como inmigrantes. La seguridad jurídica brilla por su ausencia. Cada fiscalía y cada comunidad autónoma interpreta la ley como mejor le parece para decidir si la persona es adulta o menor de edad: unos aceptan la validez de la fecha de nacimiento fijada en el pasaporte y otros hacen por sistema de pruebas óseas para determinar la edad. En algunos casos, estas pruebas las hace la sanidad pública; en otros, algún centro privado elegido por las autoridades, como sucede con la Comunidad de Madrid. A veces los resultados (que nunca son precisos) ofrecen una horquilla de edad; en otros se dice directamente: “en torno a los 18 años”, lo que sirve para dejar de protegerlos como menores.

El “en torno a los 18 años” no tiene sentido científico si no se establece además, el margen de error. “Se trata de una aproximación”, afirma el forense Imanol Garamendi, del Instituto de Medicina legal de Huelva. “No existe ninguna prueba que permita establecer que una persona tiene 16 años y cinco meses”, explica. “Se trata de unas pruebas que se realizan para determinar en términos porcentuales si una persona tiene más o menos de x años -en España la edad clave es 18 años, pero por ejemplo en Alemania pueden ser 21 años, según el caso-. Un diagnóstico de edad ideal nos permitiría, en la mejor de las hipótesis, establecer que alguien tiene el 80% de las posibilidades de ser mayor y un 20% de ser menor”, prosigue.

Las pautas deseables deben incluir, por ejemplo, un examen médico general (para estudiar los parámetros de maduración general de una persona). “Un niño obeso tiene parámetros distintos a un niño desnutrido”.

“Lo que no puede ser es que los chavales paguen el pato cuando esto es un problema claramente político”, dice Peio Aierbe, coordinador de SOS Racismo en Guipúzcoa. El tema es tan político que ayer llegó al Congreso de los Diputados. El Partido Nacionalista Vasco interpeló ayer al Gobierno en el Congreso para pedir claridad. El diputado Emilio Olabarría planteó la necesidad de que el fiscal general del Estado dicte una instrucción con criterios homogéneos y únicos para todas las fiscalías. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, respondió que “la ley es inequívoca y marca con precisión todos y cada uno de los pasos a seguir” y que las circulares de la fiscalía ya establecen “criterios homogéneos”. Se mostró dispuesto a valorar las propuestas de Olabarría, pero no ofreció en ningún momento el punto de vista concreto del Gobierno o su ministerio sobre las mismas.

El problema es que la ley no es tan clara como afirma el ministro. El artículo 35 de la reciente Ley de Extranjería dispone que cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un menor “indocumentado”, le darán protección inmediata y el fiscal determinará la edad a través de las pruebas necesarias, con la colaboración de las autoridades sanitarias. El artículo plantea ya varios problemas. El primero, que no especifica cuándo se considera que un menor está “indocumentado”.

La Fiscalía General del Estado señala en una Circular de 2006 que esto se refiere no sólo a personas que no tienen documentación, sino también “a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentación presuntamente falsa” y a quien haga uso de un documento “que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables (…) por proceder de países cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiación del interesado se incorporan al pasaporte”.

En esta circular aparecen ya elementos difíciles de aplicar de forma homogénea. ¿Qué es un país no fiable? ¿Hay una lista de Estados dudosos? ¿Cómo se decide que la documentación es “presuntamente falsa”? En 2008, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, un 30% de los identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos.

La circular ofrece algunos criterios más de interpretación, pero en los decretos de determinación de edad de los fiscales no siempre se explica de forma argumentada por qué no se acepta la edad que fija un pasaporte.

El caso de un joven camerunés es paradigmático. La semana pasada, la Comunidad de Madrid decidió suspenderle la guarda porque una prueba ósea contradecía lo que figura en su pasaporte, que tiene 17 años. Ni ese documento público ni un certificado de autenticidad firmado por el embajador de Camerún en España sirvió de nada frente a los “probablemente 18 años” que resolvía la prueba. La Fiscalía de Menores de Madrid asumió este criterio para cambiarlo apenas 24 horas después, y resolvió la acogida del chaval en un centro de menores hasta que se despejen las dudas sobre su edad.

El diputado Olabarría planteó ayer en el Congreso el punto de vista de las Administraciones. Afirmó que el País Vasco es una de las regiones que más menores no acompañados tutela (unos 800 frente a aproximadamente 120 en Madrid, 100 en Valencia y ninguno en La Rioja, según los datos que ofreció el PNV) y que algunos de ellos manejan pasaportes falsos en los que constan como menores de edad a pesar de pasar de los 30 años. “Vamos a intentar por lo menos que los menores sean menores de verdad”. Mostró al ministro la foto de un menor acogido en Álava, con barba, asegurando que parecía mayor que el propio Caamaño.

Olabarría propuso, para la homogeneidad de las pruebas óseas, que se exija que sean los Institutos de Medicina Legal, ubicados en todas las comunidades autónomas, los encargados de realizarlas. Es otro de los puntos sobre el que la disparidad es total, y los resultados también. La Fiscalía General del Estado habla en una consulta de noviembre de 2009 de que estas pruebas “no aportan unos resultados absolutamente determinantes” pero “ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja”. Algunos centros médicos, como el que utiliza la Comunidad de Madrid, no dan ninguna horquilla de edad, de forma que es imposible que el fiscal pueda inclinarse “por la más baja”. Sencillamente, hablan de “en torno a los 18 años” y fijan la mayoría de edad a pesar de que científicamente es imposible con estas pruebas fijar la edad de un modo preciso y exacto.

Otro problema es cuando la fiscalía ni siquiera llega a enterarse de lo que ocurre porque la Administración actúa por su cuenta. La Fiscalía de Álava habla de al menos 80 casos -pero cree que pueden ser muchos más, según fuentes del ministerio público- en los que la diputación foral ha practicado pruebas óseas ilegales a menores. Son casos en los que la fiscalía no ha intervenido. Ni siquiera los ha autorizado, y no ha podido garantizar sus derechos. “La primera vez que esta fiscalía ha tenido conocimiento de casos de menores no acompañados desde 2006 ha sido el pasado 4 de febrero”.

La determinación de la edad por parte del fiscal es una medida cautelar para no dejar al menor desprotegido. El ministro Caamaño insistió en que, después de esta primera acogida, “la Administración pública competente puede disponer la realización de cuantas pruebas estime oportunas (pruebas médicas, investigaciones documentales o de cualquier otra naturaleza) para verificar la edad del menor”. El problema es, en muchos casos, que esas pruebas posteriores se convierten en una persecución hasta que una de ellas consigue lo que la Administración quiere: decir que la persona es mayor de edad.

Dudas sobre un pasaporte

La Circular 2/ 2006 y la consulta 1/2009 de 10 noviembre, de la Fiscalía General del Estado, establecen las pautas para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.

– Indocumentados. “En un contexto de ausencia de documentación acreditativa de la identidad y/o de la edad del presunto menor, o de exhibición de títulos con indicios de falsedad o generados en países que de hecho no garantizan la certeza de los datos que sobre la edad del titular figuran en los mismos, por lo que, existiendo dudas al respecto y no habiendo otros medios para despejarlas, puede ser necesario acudir a la práctica de ciertas pruebas médicas para poder determinar aquélla de modo aproximado”.

– Indocumentados. “Hay que considerar como no documentados no sólo a quienes carezcan de documentación, sino también a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentación presuntamente falsa (…), que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables en cuanto a la determinación de la edad, por proceder de países cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiación del interesado se incorporan al pasaporte”.

– Edad provisional. “Una vez fijada la edad de un menor pueden aparecer nuevos elementos de juicio que generen dudas razonables sobre esa primera valoración. En consecuencia, nada impide que, en caso de aportación de nuevas pruebas por parte del menor (…) resulte necesaria la revisión del decreto”.

Pruebas óseas. “Las pruebas radiológicas son, junto con otras más complejas como con la ortopantomografía, unas de las más fiables en el actual desarrollo de la ciencia médica, dado que, aunque ninguna aporta unos resultados absolutamente determinantes, ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja, esto es, la más favorable a la persona cuya edad ha de determinarse”.

Con información de Daniel Borasteros.

Fuente: El pais

06
Dic
09

VI Festival Interpueblos en España: Concierto Hip-Hop por Palestina

Siete agrupaciones de “hip hoppers” se unen en un gran espectáculo para reclamar los derechos de los refugiados.

El 9 de diciembre será una noche especial donde música y mensaje se unirán en honor a Palestina: los refugiados son los protagonistas acompañados de lírica y ritmo. Las letras que sonarán en torno a la madrugada del Día de los Derechos Humanos transmitirán un mensaje de fuerza, de lucha y afán de superación en medio de la adversidad.

En “Hip-hop por Palestina” participarán, desde Alicante, Nach; desde Madrid, Noglobal y Mentenguerra; desde los campos de refugiados de Líbano, I-voice; desde Sevilla Juaninacka & Dj Makei y, desde Zaragoza, R de Rumba y Xhelazz.

El concierto se celebrará en el marco del VI Festival Interpueblos, organizado por la asociación Cultura, Paz y Solidaridad con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de los Ayuntamientos de Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y Parla. Una actuación integral de sensibilización con deporte, música, cine y un simposio sobre la situación de la población iraquí y palestina, permitirán que Madrid se tiña de solidaridad a lo largo del mes de diciembre.

Miércoles, 9 de diciembre
Sala Heineken (Princesa, 1). Madrid
19:30 horas

Grupos participantes: NoGlobal (Madrid), Mentenguerra (Madrid), I-Voice (campos de refugiados del Líbano), Juaninacka & DJ Makei (Sevilla), R de Rumba y Xhelazz (Zaragoza). Con la aparición especial de Nach.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida en la puerta de la sala una hora antes del concierto o con reserva por e-mail en hiphopporpalestina@culturaypaz.org

23
Nov
09

Brasil, un refugio para la diáspora palestina

Equatuero do od tat. Nonulla consectetum ad del esto commy nulput ver in ullandre

El palestino Mahmud Abbas voló ayer por la noche rumbo a Río Grande del Sur para visitar el estado con la mayor comunidad palestina en Brasil: residen allí 20.000 personas oriundas de esa castigada tierra, sobre un total de 50.000 distribuidos por todo Brasil. Por la noche habrá una cena en honor de esos compatriotas que adoptaron a Brasil como su hogar.

En esa región los árabes palestinos son bastante antiguos y, en general, son tan ricos como judíos y libaneses. Allí emigró la primera camada de Palestina que huían de los vientos de la guerra con Israel o buscaban, desesperadamente, dónde encontrar sustento luego de quedar desarraigados por perder tierras y casas. El empresario Nessim Samara de 57 años, quien preside la Sociedad Árabe Palestina en Santa María es uno de aquellos inmigrantes iniciales. Pero los que vinieron después, en pleno siglo XXI, ya no gozan de buenas condiciones económicas.

Una de las localidades elegidas para vivir es Moggi das Cruzes, a tan sólo 50 kilómetros de la ciudad de San Pablo. Gazi Saheen montó una taberna al llegar a esa localidad serrana. Pero tuvo que cerrarla y hoy está desempleado. El es uno de los 108 palestinos que desembarcaron en 2007 en la capital paulista. Casi todos ellos vienen de los campos de refugiados en Jordania. Hasta ahora, hombres, mujeres y niños de esa colectividad viven gracias a la ayuda del Alto Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas que incluye el pago del alquiler de una vivienda. Pero el último día de este año no será para festejar: marca también el fin del subsidio que les permite sobrevivir con alguna dignidad. A partir de ese momento, tendrán que arreglarse como puedan en un país que todavía no los terminó de asimilar.

Esa última camada de inmigrantes palestinos vivió momentos dramáticos. Muchos partieron para Jordania y son sobrevivientes de la masacre de Sabra y Chatila en el sur del Líbano. La mayoría había conseguido refugio en Irak por la concepción panarabista del ex presidente derribado y muerto Sadam Hussein. Con la ocupación norteamericana de ese país, los palestinos se convirtieron el blanco de la persecución política y emigraron a Europa, Canadá, México, Australia, Chile y Brasil. Uno de esos inmigrantes, Mohamad Tamimi de 68 años, contó a la ONG Refugees United con base en San Pablo, Copenhague y Nueva York: “Huí siete veces de los cinco campos de refugiados en los que estuve” relató. Su vida recién conoció la paz en Brasil: nacido en Ramallah en 1941 a los 7 años tuvo que salir a toda prisa con su familia rumbo a Jordania. Eran los tiempos del primer enfrentamiento árabe-israelí. Volvió a Palestina en 1955 pero nuevamente tuvo que dejarla en 1967 ante la guerra árabe-israelí. Pasó por Siria, Líbano y Jordania, para instalarse en lo que creía su morada definitiva: Bagdad. Pero con la caída del régimen baasista un nuevo destino lo esperaba, esta vez en Sudamérica.

Fuente: Clarin




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