El Congreso Español ratifica una Ley que convierte el conseguir asilo en una carrera de obstáculos. Españ

Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación hoy en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.

El texto aprobado hoy en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional. Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.

Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:

•    La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.

•    La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior  desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.

•    El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.

•    El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.

•    La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.

•    El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.

•    La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimiento administrativo.

Los aspectos positivos para los derechos humanos en la ley
La nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.

Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como  una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.

CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.

El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal  y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta.

Más información en: http://www.cear.es/

América vive en Madrid

J. S. G. - Madrid- Elpais.es

Nunca antes han estado tan cerca América y Madrid. La mitad de los extranjeros que viven en la región provienen del continente americano. Si en la película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall los vecinos de un pequeño pueblo manchego esperaban con alegría a los estadounidenses, ahora son los madrileños los que extienden los brazos para acoger a bolivianos, ecuatorianos, colombianos… Los foráneos han traído prosperidad y representan ya el 17,13%.

En algunos pueblos como Fresnedilla de la Oliva o Valdilecha, cuatro de cada diez habitantes han nacido fuera de España. Los americanos representan el 45,28% de todos los extranjeros de la región, según el último informe de la Consejería de Inmigración de junio de este año.

Los latinoamericanos son mayoría. Y se nota. En la capital hay barrios como San Cristóbal, Embajadores o San Diego, donde costumbres, músicas, comidas y olores de Latinoamérica se perciben por los sentidos. Y convierten estas zonas de la ciudad en una pequeña América.

Aunque los extranjeros más numerosos son los rumanos (209.085), los ecuatorianos (133.562), colombianos (73.360), peruanos (64.433) y bolivianos (55.341) son los que aportan más color aunque sea sólo por el carácter latino y porque hablan el mismo idioma. Tienen más presencia en la sociedad madrileña. Aunque desde enero de 2008 esa presencia se ha estancado. Un dato significativo porque se rompe el fuerte aumento de ciudadanos procedentes de Latinoamérica de los últimos años.

Mientras el número de ecuatorianos y bolivianos en la región cae un 8%, aumentan los paraguayos (26%) o los peruanos (11,82%). Unos 75.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española desde 2006.

Una encuesta realizada el año pasado por el Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid revela que los nuevos extranjeros son muy jóvenes. La mayoría, dos de cada tres, tienen menos de 39 años. La mitad lleva más de cinco años viviendo en la Comunidad de Madrid.

El principal motivo de su llegada son motivos familiares, un 25% de los inmigrantes han llegado para reagruparse. Cuatro de cada diez piensa en regresar a su país dentro de unos años. Sólo un 27% valora establecerse en España de forma definitiva. La mitad tiene hijos. Y según la misma encuesta, realizada sobre 3.272 personas extranjeras, la edad media de los niños es de 12 años.

La mayoría de los ciudadanos foráneos (57%) vive en una casa de alquiler. Otro 20% lo hace con sus familiares. La profesión más común para los extranjeros es la de albañil (14,5%). Otro 15% lo hace en tareas de limpieza. Un 8% como camareros y otro 7% en servicios de limpieza.

Unos 600.000 extracomunitarios podrán votar en las municipales en España de 2011

Alrededor de 600.000 inmigrantes extracomunitarios podrán votar en las elecciones municipales de 2011 a raíz de los convenios que España ha sellado o está negociando con quince países en los que, a su vez, los españoles que allí residan podrán acudir a las urnas en sus comicios locales.

Así lo ha explicado el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Elorza, a los miembros de la subcomisión del Congreso de los Diputados que estudia una posible reforma de la Ley Electoral, ante la que hoy ha comparecido.

España ha negociado convenios con quince países no miembros de la UE que también reconocen el derecho de voto a los extranjeros que residen en su territorio, requisito de reciprocidad que, según la Constitución española, es imprescindible para que los inmigrantes que lleven al menos cinco años viviendo en España puedan votar en las elecciones locales.

Se trata de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Paraguay, Corea, Nueva Zelanda, Bolivia, Uruguay y Venezuela, aunque el acuerdo con este último país aún está pendiente de negociación, y hay otros tres que todavía no se han firmado, pero ya están acordados.

Desde España se ha enviado a otros 120 países de todo el mundo una invitación para expresarles su intención de alcanzar un acuerdo idéntico si en algún momento cambian su legislación electoral y permiten votar a extranjeros, aunque no ha habido ninguna respuesta a este ofrecimiento, según ha explicado Elorza.

Entre estos países se encuentran algunos que tienen un significativo número de ciudadanos residiendo en España, como México, Brasil, la República Dominicana o Marruecos.

La suma de los ciudadanos de los quince países que residen en España y que tienen más de 16 años (por lo que en 2011 serán mayores de edad y podrían votar) ascendía a 1.059.197 a 30 de junio de 2009, pero no todos ellos podrán ejercer este derecho, puesto que es difícil determinar cuántos llevan viviendo aquí cinco años, como exige la ley.

Por eso, la estimación que hace la Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios es que serán más o menos la mitad, alrededor de 600.000, los que efectivamente podrán votar en 2011.

Los grupos han expresado unánimemente su disposición favorable a que los inmigrantes que cumplan los requisitos legales puedan votar en España y respaldan los convenios impulsados por el Gobierno con estos quince países.

No obstante, algunos miembros de la subcomisión han expresado sus dudas ante las condiciones que la legislación de determinados países exige a los ciudadanos extranjeros para votar en sus elecciones locales.

Por ejemplo, un ciudadano español que quiera votar en Uruguay deberá haber residido allí quince años -periodo que exige a cualquier extranjero-, mientras que en otros países sólo se pide dos.

En el caso de Perú, los extranjeros que residen en determinadas zonas fronterizas tampoco pueden votar en sus comicios, mientras que Argentina tiene otra especificidad, y es que las competencias en materia electoral no las detenta el Gobierno central, sino el de cada una de sus 24 provincias, y en dos de ellas -La Rioja y Formosa- no se permite votar a ciudadanos foráneos.

Los diputados, en cualquier caso, no han advertido que ello suponga ningún obstáculo para respaldar los acuerdos impulsados por el Gobierno español.

Fuente: ADN.es

Cancillería Paraguaya reclama a España por maltrato a nacionales de ese país.

Fuente: Ultimahora.com

Ante las crecientes denuncias de paraguayos que han sido víctimas de maltrato en España, por parte de funcionarios estatales de aquel país, la Cancillería Nacional decidió intervenir.

En la tarde de ayer, el embajador de España en nuestro país, Miguel Ángel Cortizo Nieto, fue convocado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro. El encuentro fue solicitado luego de que Última Hora publicara, en su edición de la víspera, testimonios de connacionales que sufrieron abusos en el país europeo.

El objetivo de la Cancillería es interiorizarse de los casos y buscar soluciones a dichos inconvenientes, informaron.

Lara Castro transmitió al diplomático el reclamo que los connacionales realizan permanentemente y le reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de velar por la situación de sus ciudadanos en el exterior. Además, le recalcó la postura nacional de proteger y respetar de manera irrestricta los derechos humanos de los migrantes y sus familias, consensuados en instrumentos internacionales.

Una de las primeras medidas que tomará el Ministerio de Relaciones Exteriores será la ampliación de la capacidad de atención a la comunidad paraguaya en territorio español, se informó.

TRATO HUMILLANTE. Por otra parte, el director general de Asuntos Especiales de la Cancillería Nacional, Juan Buffa, convocó y recibió ayer a la señora Ana Estigarribia, quien presentó una denuncia formal por el trato discriminatorio y humillante que recibió por parte de funcionarios españoles al arribar al aeropuerto de Barajas, cuando iba acompañada de su hija de 3 años. El testimonio de esta mujer fue uno de los que ÚH publicó en su edición de ayer.

La Cancillería cuenta igualmente con denuncias de compatriotas que fueron derivados al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en España, las cuales hablan de procedimientos arbitrarios, abuso de autoridad y maltrato, que no condicen con el respeto a los derechos humanos.

DENUNCIA INTERNACIONAL. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que denunciará esta situación en la próxima reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre Migraciones América Latina y el Caribe-Unión Europea.

Los casos de abusos contra los migrantes en España han ido en aumento en los últimos meses, según denuncias de oenegés y asociaciones. Estos organismos afirman que la Policía continúa haciendo redadas a inmigrantes, pese a que el Ministerio del Interior lo niega, según publican medios españoles.

Estas redadas indiscriminadas ya no se hacen sólo en parques, bocas de metro o paradas de autobuses, sino también en canchas, locutorios y comedores sociales.

PROTESTA REGIONAL

“Estamos viendo con mucha preocupación cómo la ley migratoria de la Comunidad Económica Europea (CEE) se ha puesto muy rígida, sobre todo en los casos puntuales que afectan a nuestros compatriotas”, manifestó el director de Migraciones, Lic. Julio Benítez.

“Por eso estamos proponiendo inclusive realizar una protesta a nivel de direcciones de migraciones de la región”, adelantó.

Benítez explicó que, a nivel regional, se está cambiando la visión de la migración, tomándola como un derecho humano y de libre circulación.

Cifras

150.000: paraguayos viven en España, según estimaciones no oficiales.

19.723: son los Paraguayos con permiso de trabajo y/o residencia en ese país.

Woody Allen y la inmigración

ARTÍCULO DE CARLA GUIMARÃES

El jueves pasado, en Madrid, me sentí como un personaje de una obra de Woody Allen. Acababa de salir de mi terapia e iba de camino a tomar un café con una amiga que había decidido poner punto final a una conflictiva relación amorosa. De repente, como pasa en las películas, ocurrió un hecho que lo cambió todo. Una ráfaga de viento hizo que un periódico viejo levantara vuelo y fuera a parar justo en mis manos, como en un truco de magia. Iba a tirar el periódico a la basura pero mi curiosidad me lo impidió, deseando, quizá, encontrar un mensaje secreto del destino.

“Europa limita la inmigración por la crisis económica y refuerza la política de expulsiones”. En una primera mirada, me pareció soso, aburrido, incluso decepcionante. Hasta que me di cuenta de que esta noticia no era tan irrelevante. Regresé a casa, olvidándome completamente de la cita con mi amiga, me serví una taza de café y empecé a escribir este artículo.

La inmigración para mí no es únicamente un titular de prensa. Hace siete años decidí dejar mi país, Brasil, y emigrar a España. Dicho así parece algo muy simple, pero dejar tu país para establecerse en otro es una tarea complicada. Freud dice que la persona que emigra sufre una especie de duelo, una pena profunda por la pérdida de algo y una lucha interna para reacomodarse a la vida después de haber sufrido dicha pérdida. Existe incluso un nombre para este proceso psicológico: el duelo migratorio. Yo creo haber superado ya mi periodo de duelo.

¿Se han dado cuenta de la cantidad de veces que la palabra “inmigración” sale en los periódicos? ¿Cuántas de estas veces está asociada a algo positivo? Muy pocas. O al menos ésta es la sensación que tengo. Leemos las noticias tal como aparecen en los medios y nos quedamos con una impresión, con un eslogan: la inmigración es “un problema”. Y ahora, en plena crisis, se ha convertido en “un problema muy grave”.

Sin embargo, según el informe Inmigración y Economía Española: 1996 a 2006, de la Oficina del Presidente de Gobierno, el 50% del empleo creado en España esa década ha sido inmigrante. Los inmigrantes pasaron de contribuir al crecimiento del PIB desde un 7% a casi un 40%. En el año 2008, al comienzo de la afamada crisis económica, el Gobierno reveló que los españoles tienen garantizados el cobro de sus pensiones hasta el 2020 gracias, en buena parte, a la mano de obra inmigrante.

¿Entonces por qué la insistencia en tratar la inmigración sólo como un problema? ¿Por qué de pronto cada país debe defender a sus nacionales y expulsar a los inmigrantes?

Muy simple, porque Europa ha encontrado la justificación perfecta para prescindir de los ideales de igualdad que tanto defiende: la crisis. Existe un pensamiento general en la sociedad española de que los esfuerzos de integración son una tarea exclusiva del inmigrante, y una tendencia a ver la aceptación de la inmigración como un acto solidario (casi caritativo). Las ideas de que la integración debe ser el resultado de un esfuerzo conjunto y de que la inmigración ha sido importante para el crecimiento de este país no son las más difundidas. Y, claro, podemos ser solidarios cuando hay mucho, pero no cuando hay escasez…

Según la investigación Discurso de los españoles sobre los extranjeros, del CIS, cuando la población nacional se ve obligada a elegir entre prácticas igualitarias o acceso a recursos escasos pasando por encima de los extranjeros, opta por lo segundo. De esta manera, la población española pasa a verse como “víctima” y a ver a los inmigrantes como “una amenaza”. Y de pronto la crisis excusa el racismo o, como mínimo, justifica el endurecimiento de las ya deficitarias leyes de extranjería.

Pero los trabajadores extranjeros no necesitan de caridad, sino de derechos. Porque es cierto: la inmigración es un gran problema en este país, especialmente si eres inmigrante.

Llegada a este punto, el café se me había acabado y vi que había dos mensajes en el móvil, ambos de mi amiga olvidada. Definitivamente he llegado al fin del segundo acto de mi película y ya es momento de terminar este artículo. Hace siete años me mudé de país, pasé por mi duelo y establecí lazos con esta tierra. Me he integrado sin la necesidad de una ley que me obligue a hacerlo, y actualmente tengo incluso la nacionalidad española. Una ráfaga de viento y un periódico viejo me han dado la oportunidad de escribir sobre algo que hace muy poco era simplemente mi día a día. Aunque es verdad que este artículo está escrito por una inmigrante, también es cierto que está escrito por una española.

Carla Guimarães es escritora.

Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis En junio el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno…

Fuente: Kaosenlared.net

En junio el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año.

Diego Sanz Paratcha (Redacción)

Ambas normativas vuelven a endurecer unas políticas ya restrictivas y criticadas por limitar y castigar la libertad de movimiento de las personas. DIAGONAL analiza cómo los aspectos más destacables de ambas normas tienen su origen en los discursos que apelan a la escasez de recursos y el miedo al otro. En el fondo, subyace la afirmación: “los españoles, primero”.

Desde la primera propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería hasta el texto enviado al Congreso a finales de junio han pasado seis meses. En nombre de la lucha contra la crisis, en ese tiempo el Gobierno ha salvado de la quiebra a Caja Castilla La Mancha, ha financiado las obras municipales pendientes de ejecución y ha aprobado las ayudas al sector del automóvil.

Ninguna de las 46 páginas del proyecto de Ley sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” hace referencia al hecho de que más de uno de cada tres desempleados de la Encuesta de Población Activa es extranjero. Al mismo tiempo, la reforma sí consagra explícitamente “la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”.

“Se trata de una ley con cierto carácter populista y anticrisis”, corrobora Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso. Parecido enfoque mantiene Izquierda Unida, que en su informe sobre el proyecto compara la propuesta del Gobierno con “una reforma laboral encubierta” dirigida a la población migrante.

A ras de tierra, las organizaciones que trabajan en asesoría legal a migrantes constatan que esta reforma silenciosa se está produciendo desde la segunda mitad de 2008 en forma de denegaciones para renovar el permiso de trabajo y con la reducción hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, aquellos a los que puede aspirar un inmigrante que necesite cambiar de tarjeta o conseguirla por primera vez.

Los sindicatos de concertación, que podrían hacer visible esta realidad oculta en la reforma, dieron el visto bueno al borrador del Gobierno a través del informe del Consejo Económico y Social, uno de los ocho organismos a los que el Ejecutivo ha remitido el texto. Este informe justificaba la orientación general de la reforma por el “contexto de crisis económica”, una relación que no aparece ni siquiera en el texto del Gobierno, que lo oculta en la exposición de motivos aludiendo a la necesidad de adaptar la Ley “a la nueva realidad migratoria existente en España que presenta unas características y plantea nuevos problemas respecto de los que existían cuando se aprobó la última reforma”.

En el Parlamento, la correlación de fuerzas no posibilita cambios sustanciales a este enfoque. El PP reaccionó al borrador de diciembre reclamando la autoría del 80% de las medidas previstas por el Gobierno del PSOE. Pese al discurso de confrontación con el que los populares han recibido la propuesta aprobada en el último Consejo de Ministros de junio, lo más probable es que las dos principales formaciones pacten el texto definitivo.

“La nueva Ley de Asilo ha marcado un precedente nefasto”, apunta Tardá en referencia al consenso entre social-liberales y conservadores para endurecer el acceso de refugiados al Estado español. “En los próximos meses Zapatero y Rajoy se van a disputar el espacio del centro político”, pronostica el congresista republicano, para quien este juego de equilibrios se presta a un nuevo consenso entre Gobierno y oposición conservadora, esta vez en materia de extranjería.

Sin embargo, el Gobierno puede tener margen de maniobra para pactar enmiendas en un sentido garantista, como mínimo con el nacionalismo de izquierda de ERC y BNG, y también con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La esencia de la normativa española de extranjería, que es la asimilación de los flujos migratorios a las estadísticas laborales, no será cuestionada tampoco por la izquierda, tal y como reconoce Tardá a DIAGONAL. La dureza de la reforma deja suficiente espacio para una regulación más suave del periodo de reclusión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), un tratamiento más benigno a los menores no acompañados o la eliminación de las multas y expulsiones para quienes empadronen en su casa y falsamente a personas sin papeles.

El tercer actor

El único actor capaz de situar la cuestión de la extranjería más allá del discurso de los derechos humanos, el propio movimiento migrante, ha tenido hasta ahora una presencia discreta y dispar en el espacio público. Pese a los prometedores avances en las experiencias de autoorganización que se están extendiendo más allá de las experiencias de los trabajadores del campo en Andalucía, los grandes discursos y las grandes movilizaciones le siguen quedando grandes a un sujeto que debe, más que ningún otro, resistir a la represión cotidiana de los controles (con un crecimiento de las expulsiones de un 12% en 2008, según el Ministerio de Interior) y los efectos de la crisis. El relato en primera persona sobre cómo afectó la crisis de 2008/2009 a las primeras generaciones asentadas de inmigrantes tendrá que esperar.

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La puntilla a los menores

Las expulsiones ilegales de menores inmigrantes no acompañados son una realidad en el Estado español desde hace años, aunque en algunas autonomías como Madrid y Cataluña la actuación de asociaciones pro derechos humanos ha conseguido parar estas prácticas. Ahora el Gobierno pretende terminar con el problema legalizando la expulsión de este sector de la población. Este ha sido uno de los aspectos más criticados de la reforma desde que se conoció el primer borrador. En el actual texto, el Gobierno admite la posibilidad de que algunos de estos menores puedan recurrir su expulsión ante los tribunales.

El derecho de asilo en tiempos difíciles

Artículo de Javier de Lucas, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al refugiado, CEAR.

Hablar de tiempos difíciles en relación con los refugiados no deja de ser un pleonasmo. Nunca ha habido buenos tiempos para quienes necesitan el derecho de asilo, pero las estadísticas del ACNUR certifican que nunca como ahora ha habido tal necesidad de asilo. La razón es que se han incrementado y diversificado las situaciones que obligan a millones de personas en todo el mundo a huir de su país para encontrar un refugio. A las persecuciones por razones políticas o la pertenencia a minorías amenazadas, a las guerras o conflictos civiles que se multiplican, se han sumado otras vinculadas a la opción sexual, a la condición de género o a los desastres medioambientales. Y el asilo, un derecho fundamental y universal, es un derecho cada vez más amenazado.

Ante todo, conviene recordar que el asilo no es un acto de generosidad, de caridad, sino un derecho fundamental universal, lo que supone la existencia de obligaciones jurídicas exigibles ante los Estados que lo reconocen por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Obligaciones de protección de los refugiados, no sólo en el propio territorio, sino fuera de él. Incluso se podría decir que sería el derecho más básico, en el sentido de que es el propio de quienes son, sin más, seres humanos, sin atributos.

Pero el asilo es un derecho en crisis, amenazado hoy más que nunca. El hecho es que, pese a que no cesan de incrementarse los refugiados y desplazados, cada vez llegan menos demandas de asilo a nuestras fronteras.

En España, en 2008 se registraron tan sólo 4.516 solicitudes de asilo -la cifra más baja en 20 años- y menos de la mitad de ellas se admitieron a trámite. De éstas, sólo se concedieron 151 estatutos de asilo strictu sensu, el 2,91% del total (a las que habría que añadir 126 concesiones de protección complementaria). Esas cifras -en Francia hablamos de 22.000 solicitudes y 11.000 concesiones en el mismo periodo- son indignas para un país que, pese a la crisis, es la octava potencia del mundo.

Frente al tópico de que viviríamos amenazados por avalanchas de demandantes de asilo, los hechos muestran que sucede lo contrario en el mundo próspero del que forma parte España, la Unión Europea. Nosotros, europeos, españoles, que vivimos en las sociedades más seguras que jamás hayan existido, no somos los destinatarios prioritarios de esos movimientos de demanda de asilo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué ese proyecto sostenido de restringir el asilo?

Que haya cada vez más necesidad de asilo y, sin embargo, bajen las solicitudes (por no hablar de las concesiones), tiene una explicación, como se analiza en el Informe CEAR 2009 que se hace público en estos días. El factor fundamental son las políticas de control y externalización de fronteras en materia de inmigración y asilo, emprendidas por la UE y por España (uno de cuyos principales instrumentos es la firma de convenios bilaterales con países de tránsito) y reafirmadas en el pacto europeo de asilo e inmigración acordado en octubre de 2008. Cada vez es más difícil que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, lo que es peor, obtengan el reconocimiento del asilo. Esa externalización de las fronteras crea espacios de contención -bajo el cuidado de países que muchas veces no superan el estándar mínimo de respeto de derechos humanos- cada vez más difíciles de superar.

Eso obliga a los refugiados a unirse en su huida a los inmigrantes irregulares, con los que se confunden. Y una de las consecuencias es que son tratados como ellos y ni siquiera se les da la posibilidad de demandar asilo.

Ahora estamos en medio de la discusión parlamentaria de la reforma de ley del asilo y en el marco de una transformación hacia un sistema europeo común de asilo (SECA). En CEAR confiamos aún en que se obtenga en España un acuerdo parlamentario que amplíe esta noción para adecuarla a las nuevas amenazas. Que mantenga todas las vías de acceso, por ejemplo, la diplomática. Que no restrinja la solicitud por la vía de la cláusula de países seguros. Que exija a los países que gestionan el tránsito el respeto al estándar mínimo de derechos humanos.

Creemos además que ese pacto permitiría a España aprovechar su próxima presidencia de la UE para apuntar hacia una política europea de asilo más abierta, para mostrar una imagen de la UE diferente, comprometida con la legalidad internacional, que contribuya a la presencia fuerte de la UE como agente en las relaciones internacionales.

No pedimos hacer frente en solitario a la miseria del mundo. Sólo estar a la altura de los deberes que impone nuestra condición de privilegio en un mundo global. Sólo ser coherentes con nuestro respeto por el Derecho y del Estado de derecho, esa huella genética que reivindicamos como creación europea y que es la opción por la que debemos decidirnos en estos tiempos de crisis.

La misión del Derecho, lo que hace o puede hacer de la tarea del Derecho y los juristas algo noble, es esa prioridad de defensa del más débil en aras de la igual libertad. Para revertir el pesimista -y lúcido- argumento de Mario Benedetti que parece pensado para los refugiados: “El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo”.

El proletariado no se va de puente

Artículo de Escolar.net

Parece un cuento de Dickens pero no sucedió en la Inglaterra del XIX sino en la Gandía del siglo XXI. Franns Melgar, boliviano, inmigrante, sin papeles, sin derechos, sin contrato, trabajaba de once de la noche a once de la mañana en una fábrica de pan por 23 euros al día: el precio de 23 baguetes. Hace unas semanas, una máquina le cortó el brazo y el patrón decidió que su culo era más importante que el brazo de Melgar, así que llevó a su obrero hasta cerca de la puerta del hospital, le pidió que mintiese sobre el accidente, tiró el brazo a la basura, limpió la sangre, limpió la máquina y siguió la producción. Parece que también limpió su conciencia. Dice el patrón, en declaraciones al diario Levante, que “toda la culpa fue suya” (de Melgar) porque “estaba borracho” (también Melgar). Los médicos intentaron reimplantar el brazo, pero no lo encontraron hasta varias horas después, rodeado de basura, cuando ya era tarde. A diferencia del obrero, del patrón no se ha publicado su nombre.

Dicen que la izquierda está fuera de su siglo porque ya no existe el proletariado. Es falso: los obreros de Dickens siguen ahí, igual que los abusos de algunos patrones, sólo que ahora se les llama sin papeles y no tienen derecho a voto. No existen, no son nada, no son nadie.

Esta tarde, antes de escribir esta columna, llamé al gabinete de prensa del Ministerio de Trabajo para intentar conseguir algunos datos importantes: qué multa paga un patrón que no contrata a sus trabajadores, cuántos accidentes laborales hay en España y cuántos de ellos afectan a inmigrantes sin contrato. No supieron contestarme. Su única respuesta: “Es que mañana es fiesta en Madrid”.

Sin papeles, sin derechos

Artículo de Publico.es

Al caer la noche, un fino colchón de diez centímetros de espesor y 70 de ancho separa los cuerpos de los muelles en las literas del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife. “La cama es incómoda y la almohada va incorporada al colchón”, detalla Sánchez (nombre ficticio de uno de los policías que custodian el centro). Las autoridades no dan sábanas a los internos para evitar posibles suicidios. Si acaso, alguna manta.

Los agentes de seguridad confiscan también cuchillas de afeitar y mecheros y han realizado “cacheos de acceso con desnudos integrales innecesarios”, denunció el Defensor del Pueblo tras su visita a Hoya Fría en 2006. “No tenía sentido, porque los retenidos llegaban directamente desde dependencias policiales”, señalan fuentes de este organismo.

En condiciones normales, el centro tinerfeño tiene capacidad para 238 internos, ampliable a 326 con una carpa en el patio de hombres, cuando la dirección prevé una posible saturación. Dentro de ella, las altas temperaturas del archipiélago se disparan, especialmente en verano.

“Alguna vez se han llegado a hacinar en el centro cerca de 600 subsaharianos”, dice Sánchez recordando la crisis de los cayucos de 2006. Después de aquel año, la carpa se ha levantado en repetidas ocasiones. Toca apretarse hasta que los vuelos los recoloquen en otros CIE de la Península. La falta de plazas complica los traslados.

‘Chamanes’, los líderes

Para controlar el día a día de los centros, los agentes cuentan con la complicidad de los chamanes (inmigrantes retenidos que actúan como líderes y suelen hablar español). Darles algún alimento extra o una caja de cigarrillos “son pequeños tributos que ayudan a evitar conflictos”, relata Sánchez. Son formas de ganarse la complicidad de algunos internos y minimizar el riesgo de fugas o motines, una de las funciones de los agentes de seguridad.

Al realizar el viaje en patera o en cayuco sin familiares, las visitas a los internados no son tan frecuentes como en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia. En estos hay entre 20 y 30 nacionalidades distintas, con más presencia de latinoamericanos, asiáticos y europeos del Este, asentados con sus familias. En Hoya Fría, la ausencia de colas de visitantes hace que la dirección permita que las entrevistas duren más de los 30 minutos legales. Otro modo de mejorar las relaciones con los internos. Pese a estar todos los centros regulados por la Ley de Extranjería, el Gobierno de cada CIE depende de su director y los agentes. Y Hoya Fría no es menos.

“Buscar a un inmigrante en un CIE entre cientos de internados es una locura. Nadie te hace caso porque están viendo Gran Hermano o lo que sea. Pero si les apagas la televisión y amenazas con no volver a encenderla, te lo sacan a la primera”, relata Olga Orea, miembro de la Confederación Española de Policía (CEP).

Sin embargo, estas medidas no son las que más preocupan a las ONG, que critican la falta de espacios de sombra, de salubridad y limpieza del centro. Además, las organizaciones coinciden en criticar que se requisen los teléfonos móviles de los internos y se les separe por sexos, medidas que carecen de cobertura legal y no resultan justificables por motivos de seguridad, a su juicio.

Mayoría de subsaharianos

Por su cercanía a África, en Hoya Fría el 90% de los internos son subsaharianos interceptados en el mar o en municipios del archipiélago. En el patio, el árabe y el francés de los africanos reinan sobre el español y suelen necesitarse traductores, aunque la buena voluntad de los retenidos suele sustituirles. El papel de los chamanes vuelve a ser importante.

La mayoría de los africanos llega vestida con un pantalón sobre otro, varias camisetas y pares de calcetines. Era su equipaje en el cayuco. Para los que entran en el recinto con menos fondo de armario, el centro tiene un almacén de ropa, parte de ella procedente de donaciones.

La dirección del CIE los ubica en los dormitorios en función de la embarcación y fecha de llegada. No obstante, ellos prefieren relacionarse con sus compatriotas. Entre rejas, también se hacen visibles las rencillas entre nacionalidades, como es el caso de los marroquíes, que evitan a los argelinos.

Escéptico, aunque consciente de que existen denuncias por malos tratos, Sánchez asegura que sería incapaz de golpear a un retenido: “Viendo el estado de esas personas, es de locos hacer algo así. Por las noches la cabeza te da muchas vueltas.”

Empeora situación de inmigrantes en Madrid

Fuente: ADN.es

La coordinadora territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid, Estrella Galán, ha alertado sobre la situación de los inmigrantes en esta comunidad, que empeora debido a la crisis económica, y de cómo aumenta “de forma alarmante” la irregularidad sobrevenida.

“Son personas que tenían un empleo que han perdido, y que carecen de ahorros porque no les ha dado tiempo a ahorrar y además suelen tener que mantener familias en sus lugares de origen; centenares de inmigrantes que han estado perfectamente legales y que ahora entran en la ilegalidad al no cumplir los requisitos, el principal, el no tener trabajo”, ha señalado Galán.

Esta es, precisamente, la prioridad de actuación de la Comunidad de Madrid, según ha explicado hoy el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetti, “porque entendemos que no hay mejor política de integración en España que volver a una política económica que favorezca el empleo y la generación de oportunidades para todos”.

Lasquetti ha compartido hoy una jornada de trabajo con los empleados y voluntarios de la sede territorial de CEAR, con la que la Comunidad colabora desde 2003 subvencionando diversos programas de orientación, información y ayuda al inmigrante, que han llegado sólo en 2008 a 90.000 personas.

En ese sentido, la responsable de CEAR en Madrid ha afirmado que comparte con la Comunidad de Madrid la necesidad de “reforzar algunos sistemas de protección al inmigrante que ya teníamos superados, sobre todo a nivel social, como son los que tienen que ver con la acogida, la orientación o la información hacia el empleo”, a causa del cambio de contexto económico actual.

Pide esta especialista que se tomen medidas “cuanto antes” y que el Gobierno de la nación reconsidere el requisito del trabajo para obtener el permiso de residencia porque “pronto vamos a tener una bolsa de irregulares muy importante que generará bolsas de pobreza que luego son de muy difícil absorción y va a ser mucha gente”, alerta Estrella Galán.

El alojamiento es otro problema grave de la inmigración, sobre todo esta inmigración un poco especial, que es el solicitante de asilo, porque llega desesperada y no sólo por problemas de supervivencia económica, sino por contextos de conflicto, explica Galán.

“La red de albergues está sobresaturada, no hay recursos de alojamiento suficiente y a veces se producen abusos”, ha indicado a EFE Juan Manuel Pacheco, responsable de vivienda de CEAR-Madrid, que se ocupa “de mediar y de que la gente conozca sus derechos”.

La situación “está complicada y hace falta un refuerzo grande de vivienda pública y aumentar el cupo llamado de especial necesidad”, considera Pacheco.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, cuyo objetivo es trabajar por la defensa del derecho de asilo.

Madrid concentra el 19,3% de la población extranjera en España, y es también la Comunidad donde se produce un mayor número de solicitudes de asilo, sobre todo, en el aeropuerto de Barajas.

Según datos de 2006 facilitados por CEAR, se produjeron en Madrid 3.292 solicitudes, el 66,14% de las realizadas en todo el territorio español.

España, ha recordado Galán, es el país de Europa que menos refugiados recibe, “por ejemplo -señala-, en 2008 sólo 151 personas recibieron el estatuto de refugiado”.

“Dado que el mundo no ha mejorado, seguirá habiendo refugiados, destaca Galán, quien denuncia en ese sentido que “no podemos consentir esos datos tan bajos”.