El equipo chileno “Palestino” visita Cisjordania y juega con clubes locales

Fuente: ADN

El equipo de fútbol “Palestino”, de la primera división chilena, se encuentra de visita en la Cisjordania ocupada y jugará esta tarde un amistoso en Ramala con el equipo local “Jabal Al-Mokaber”.

Será el primero de los cuatro partidos que el equipo tiene previsto jugar en Oriente Próximo, tres de los cuales tendrán lugar en Cisjordania y, de ellos, dos serán contra equipos de campos de refugiados.

El próximo miércoles el “Palestino” se enfrentará al equipo local de Hebrón, una de las ciudades con mayor tensión de Cisjordania, por ser la única que tiene un asentamiento judío y fuerte presencia militar israelí en pleno centro urbano.

El sábado mantendrán otro encuentro deportivo en la ciudad de Nablus, en el norte del territorio palestino, y el lunes el equipo se trasladará a la vecina Jordania para jugar con el club de fútbol “Alwehdat”.

Los jugadores del “Palestino” llegaron hace dos días a Cisjordania, donde han recorrido la ciudad de Belén, han visitado un orfanato y han participado con residentes locales en la cosecha de la aceituna, una labor fuertemente arraigada en la cultura palestina.

En los próximos días visitarán varias escuelas y universidades, así como el campo de refugiados de Aida (al norte de Belén) y varias instalaciones deportivas.

Entre los motivos del viaje está el lanzamiento del “Palestino” en la bolsa de valores palestina.

El Club Deportivo Palestino fue fundado por un grupo de inmigrantes palestinos en 1920 en Chile, país que acoge a la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, formada por unas 300.000 personas.

El equipo es el local del Estadio Municipal de La Cisterna, en Santiago, y su uniforme lleva los colores de la bandera palestina.

El Congreso Español ratifica una Ley que convierte el conseguir asilo en una carrera de obstáculos. Españ

Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación hoy en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.

El texto aprobado hoy en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional. Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.

Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:

•    La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.

•    La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior  desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.

•    El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.

•    El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.

•    La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.

•    El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.

•    La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimiento administrativo.

Los aspectos positivos para los derechos humanos en la ley
La nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.

Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como  una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.

CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.

El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal  y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta.

Más información en: http://www.cear.es/

Grecia: Riesgos crecientes para los migrantes y niños no acompañados

Comunicado de HRW: La Unión Europea debe presionar al recién elegido Gobierno griego a poner fin a la detención abusiva y expulsiones sumarias de migrantes, incluyendo a niños no acompañados, y a reformar el sistema de asilo roto del país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

En un movimiento a gran escala, las autoridades griegas detuvieron a centenares de migrantes en todo el país, entre junio y agosto de 2009, expulsándolos de deterioradas viviendas en Atenas, arrasando con un campamento en Patras, y deteniendo a los recién llegados a las islas.  Los niños no acompañados atrapados en la represión se encontraban entre los muchos que fueron posteriormente trasladados a centros de detención en el norte, cerca de la frontera con Turquía.  Desde allí,  en operaciones secretas nocturnas, la policía griega obligó a decenas de migrantes – posiblemente cientos, incluyendo a niños no acompañados y potenciales refugiados – a atravesar la frontera con Turquía.

“Las expulsiones ilegales de Grecia han llegado a un nuevo nivel”, dijo Simone Troller, investigadora para Human Rights Watch. “Los migrantes están siendo ahora arrestados en todo el país y luego empujados a Turquía. Evidentemente, las personas que necesitan protección no están seguras en Grecia”.

El sistema disfuncional de asilo de Grecia está totalmente en manos de la policía, quien crea obstáculos para la presentación de solicitudes de asilo y niega  a los solicitantes de asilo audiencias justas y evaluaciones de sus casos.  Más del 99 por ciento de los solicitantes de asilo son rechazados después de su primera entrevista.  En julio, el Gobierno anterior abolió los procedimientos de apelación de asilo, un requisito estándar en el derecho europeo e internacional de derechos humanos.  La acción dejó a adultos y niños sin una solución efectiva y con el riesgo de ser deportados a lugares donde sus vidas y su seguridad pueden estar en riesgo.

Human Rights Watch entrevistó a 16 personas que fueron detenidas entre julio y septiembre en la región de la frontera norte de Grecia.  Dos de ellas nos describieron cómo la policía griega los obligó a cruzar el río Evros hacia Turquía.  Las autoridades turcas los enviaron de vuelta a Afganistán.  Otras ocho personas dijeron que vieron a la policía griega llevarse  a los inmigrantes de los centros de detención al anochecer en camiones o furgonetas.  Cuatro de ellos dijeron que las personas que fueron sacadas más tarde se pusieron en contacto con los detenidos que se quedaron y les dijeron que la policía los había expulsado a Turquía.

Estas relatos son coherentes con la previa documentación de Human Rights Watch sobre la expulsión sistemática e ilegal de migrantes y refugiados en Grecia, en un informe de noviembre de 2008 titulado “Stuck in a Revolving Door: Iraquies and Other Asylum Seekers and Migrants at the Greece/Turkey Entrance to the European Union” (Atrapados en una puerta giratoria: Los iraquíes y otros solicitantes de asilo y los migrantes en la entrada de Grecia/Turquía a la Unión Europea).  En ese momento, Human Rights Watch realizó entrevistas privadas y confidenciales en varios lugares, tanto en Grecia como en Turquía, con 41 solicitantes de asilo y refugiados, quienes en su totalidad dieron versiones coherentes de  cómo las autoridades griegas los llevaron al río Evros en la noche y los obligaron a cruzarlo.  Las recientes entrevistas presentan nuevas pruebas de que las autoridades griegas están ahora expulsando no sólo a los migrantes detenidos atrapados cerca de la frontera, sino también a aquellos detenidos en otras partes del país, incluyendo a potenciales refugiados y niños no acompañados.

Migrantes, incluyendo solicitantes de asilo y niños que fueron detenidos en las instalaciones de detención en el norte de Grecia, también informaron a Human Rights Watch sobre hacinamiento, condiciones antihigiénicas con una alimentación insuficiente y problemas de salud no tratados.  Varios se refirieron a malos tratos infligidos por los guardias.  Estos informes son consistentes con la previa documentación de Human Rights Watch sobre las condiciones de detención y el maltrato a los migrantes y niños no acompañados.

El sistema de asilo de Grecia y las condiciones de detención claramente violan la ley de la UE, así como los estándares europeos e internacionales de derechos humanos, afirmó Human Rights Watch.  Sin embargo, a pesar de las críticas en curso y un reciente deterioro de la situación tanto en la legislación como en la práctica, la Comisión Europea se mantuvo en silencio y no logró que Grecia rindiera cuentas.

“La detención abusiva de Grecia y la expulsión ilegal de migrantes han sido ignoradas por mucho tiempo,” dijo Troller.  “Con un nuevo Gobierno en el poder, poner fin a estos abusos, proteger a los niños migrantes, y reformar las prácticas de asilo deben ser prioridades urgentes  para Atenas,  y Bruselas”.

Human Rights Watch pide al nuevo Gobierno en Grecia poner fin de inmediato a las expulsiones ilegales a través del río Evros.  Grecia también debe hacer cumplir la prohibición de exponer a la gente al riesgo de malos tratos, tanto en Grecia o como resultado de ser sacado de Grecia. Asimismo, debe garantizar el acceso de todos los migrantes al procedimiento de asilo y restaurar un proceso significativo de apelación.

Colombia: Repetidos desplazamientos forzados crean tensión en comunidades afrodescendientes del sur del país

BOGOTÁ, Colombia, 7 de septiembre (ACNUR) – Los repetidos desplazamientos masivos están agotando las capacidades físicas y emocionales de comunidades afrocolombianas en la cuenca del río Tapaje, al sur de Colombia, una de las zonas más duramente golpeadas por el conflicto que vive este país en los últimos años.

Estas comunidades son parte del municipio de El Charco, en el departamento de Nariño, y a finales de agosto iniciaron su cuarto desplazamiento masivo en lo que va de 2009, síntoma de los altos niveles de tensión que se viven desde hace unos años en esta zona, donde en 2007 más de 7 mil personas protagonizaron el segundo mayor desplazamiento en Colombia en toda esta década.

Una misión de ACNUR que visitó El Charco la semana anterior constató las difíciles condiciones en que se encuentran más de 700 personas desplazadas, a pesar de estar recibiendo ayudas de emergencia, fundamentalmente alimentos, por parte del Gobierno colombiano. En el caserío de El Castigo, a una hora en lancha de la población de El Charco y donde se concentra la mayoría de las personas desplazadas, buena parte de ellas dormían sobre tablas de madera cuyo propósito inicial era servir para mesas del comedor de la escuela de esta comunidad.

Sin embargo, la principal preocupación se asocia con la frecuencia de los desplazamientos, que genera alta tensión entre los pobladores. Sólo este año ya se habían registrado desplazamientos masivos en marzo, abril y junio. El último de ellos había concluido escasamente un mes antes de producirse esta nueva movilización de población.

“Hacía solamente un mes que había terminado el otro desplazamiento (el anterior). Cuando regresé a mi casa era un jueves, 20 de agosto. El sábado, apenas a los 3 días, hubo otra balacera y nos tocó correr otra vez” cuenta Julia*, una mujer de un poco más de 30 años desplazada en El Castigo.

La mayoría de las 700 personas registradas en el último desplazamiento en El Charco se encuentran en una zona llamada El Castigo, a un poco más de una hora del casco urbano. © ACNUR/ G.Valdivieso

Las comunidades más afectadas por los últimos desplazamientos son las de la zona de Pulvuza, donde frecuentemente se producen escaramuzas entre las fuerzas militares colombianas y un grupo armado irregular. Aunque muchas veces la intensidad de los combates sea baja, el estado de tensión que generan es insoportable para los civiles. Los mismos desplazamientos que se realizan buscando protección también generan tensión.

Jairo, un joven integrante de los consejos comunitarios (autoridades en las comunidades afrocolombianas), tiene menos de 25 años y una hija de sólo 3. “Estoy demasiado frustrado”, dice, con lágrimas que se reflejan en su rostro. “Todo el tiempo hemos buscado ayudar a que las cosas se hagan, a que la gente esté mejor, pero esto es demasiado. Están haciendo mi vida pedacitos. Yo sembraba plátano, sembraba frutos de la zona, pero ya no siembro nada. ¿Para qué sembrar si no voy a poder recoger?”

Para ACNUR, el reto está en apoyar a las autoridades locales y nacionales a mejorar tanto la prevención del desplazamiento como la atención a las víctimas en este contexto de zozobra.

La agencia de la ONU para los refugiados apoyó la elaboración de un plan de contingencia para atender desplazamientos masivos, ha acompañado el fortalecimiento técnico de los consejos comunitarios y está estudiando en cuáles de las muchas necesidades de la zona puede invertir fondos a través de proyectos rápidos de protección, destinados a producir impactos inmediatos sobre necesidades puntuales.

Actualmente viven en El Charco cerca de 100 familias que no retornaron tras el gran desplazamiento de 2007, la mitad de ellas en dos albergues que no reúnen condiciones de habitabilidad.

El río Tapaje, en el occidente del departamento de Nariño. Esta es la zona donde se producen los enfrentamientos. © ACNUR/ G.Valdivieso

Un equipo de ACNUR, junto con la oficina de identificación del Estado colombiano (Registraduría Nacional), participó precisamente la semana pasada en una campaña para entregar documentos de identidad a las personas desplazadas, que los requieren para acceder a programas de ayuda del Gobierno, y a las comunidades en riesgo de desplazamiento.

“Sin embargo, estamos concientes de que se necesita más”, dice Roberto Mignone, representante encargado de ACNUR en Colombia. “Necesitamos estrategias más amplias de prevención y protección, estrategias que ayuden a que las comunidades se sientan acompañadas. Vamos a seguir trabajando, a pesar de las dificultades, para lograrlo”.

Por Gustavo Valdivieso,
En El Charco, Departamento de Nariño, Colombia

Conflicto en Somalia: los campos apenas están acondicionados, la ayuda internacional es inadecuada

Comunicado completo de Oxfam acá

El fracaso absoluto de toda la comunidad internacional para solucionar la crisis en Somalia y poner fin al conflicto está empujando a la población a una espiral de sufrimiento y éxodo a los países vecinos, ha alertado hoy Oxfam Internacional. Los somalíes que han huido de la violencia en las últimas semanas viven ahora hacinados en campos súperpoblados o mal gestionados en Kenya, Etiopía y en la misma Somalia.

Oxfam Internacional ha alertado de que la falta de saneamiento y el reducido acceso a servicios básicos, como el agua y medicinas, causados por una respuesta deficiente, están creando una crisis de salud pública en los campos que exige medidas urgentes.

“Los hombres y las mujeres somalíes huyen de uno de los conflictos más brutales en la actualidad y de una grave sequía, para acabar viviendo en condiciones infrahumanas en los campos. Hay cientos de miles de niños afectados. El mundo está abandonando a la próxima generación de somalíes cuando estos más lo necesitan. ¿Por qué parece que uno importa menos al mundo si viene de Somalia?”, dijo Robbert Van den Berg, Portavoz de Oxfam Internacional en el Cuerno de Africa.

Somalia ha asistido en los últimos meses a un recrudecimiento del conflicto, además de estar sufriendo la peor sequía de la década. El fracaso de la comunidad internacional en dar respuesta a las necesidades en los campos sobrepoblados y sin condiciones sanitarias es vergonzoso por el nivel de sufrimiento y la necesidad por la que está pasando la población somalí.

En el norte de Kenya, cada mes llegan a los campos de Daadab 8.000 personas. En total los campos albergan actualmente a 280.000 personas, a pesar de que han sido construidos para un tercio de esa capacidad. La súperpoblación lleva a que las familias no tengan acceso regular al agua potable y a las letrinas. En algunas de las áreas con mayor densidad de población, más de 20 familias comparten la misma letrina.

“El gobierno keniata ha prometido repetidas veces más terreno para mejorar las condiciones de hacinamiento en los campos pero todavía no ha cumplido, a pesar de la gravedad y de la urgencia de las necesidades.”, dijo Van den Berg.

En Etiopía, en el campo de Bokolmayo, se han refugiado 10.000 personas y cada mes llegan casi 1.000 más, a pesar de que la infraestructura y los servicios prestados son insuficientes para acoger a más gente. Además, la respuesta actual registra una importante falta de fondos. El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) tiene que ejercer su rol y mostrarse a la altura de liderar esta causa, garantizando que la población somalí recibe la asistencia adecuada y apoyando a los países anfitriones a dar una respuesta efectiva a esta crisis humanitaria.

En Somalia, de los miles de personas que han huido de Mogadiscio, muchos han buscado refugio en la zona de Afgooye, donde 400.000 hombres, mujeres y niños viven hacinados en una franja de 15 km de terreno que se estima como el lugar del mundo con la más alta concentración de desplazados.

La inseguridad casi total impide a las ONG internacionales dar la asistencia necesaria a las poblaciones. Los propios somalíes se han convertido en los principales distribuidores de la ayuda humanitaria a través de sus organizaciones locales. Sin embargo, les faltan fondos y necesitan mucho más apoyo de los donantes para seguir salvando vidas a diario con su trabajo.

“Los servicios prestados a las poblaciones en cualquier de los lugares de refugio – Afgooye, Dadaab y Bokolmayo – están muy por debajo de los éstandares internacionales. Mientras las ONG en terreno necesitan aumentar la respuesta, los donantes no se pueden encoger de hombros y no aportar fondos para esta emergencia. Esta es una tragedia humanitaria de enormes proporciones en la que miles de personas han perdido sus hogares y todo el sentido de la normalidad desde hace demasiado tiempo”, dijo Van den Berg.

“En ultima instancia, la causa de los problemas en los campos es el propio conflicto somali, y el caos y el desastre humanitario que ha causado. Nuestros gobiernos deben poner Somalia en su lista de prioridades y hacer más que mantener el país con la mínima ayuda para supervivir. Necesitamos un nuevo enfoque y un compromiso sostenible para poner fin a este sufrimiento vergonzoso que dura ya 15 años,” ha añadido.

Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis En junio el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno…

Fuente: Kaosenlared.net

En junio el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año.

Diego Sanz Paratcha (Redacción)

Ambas normativas vuelven a endurecer unas políticas ya restrictivas y criticadas por limitar y castigar la libertad de movimiento de las personas. DIAGONAL analiza cómo los aspectos más destacables de ambas normas tienen su origen en los discursos que apelan a la escasez de recursos y el miedo al otro. En el fondo, subyace la afirmación: “los españoles, primero”.

Desde la primera propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería hasta el texto enviado al Congreso a finales de junio han pasado seis meses. En nombre de la lucha contra la crisis, en ese tiempo el Gobierno ha salvado de la quiebra a Caja Castilla La Mancha, ha financiado las obras municipales pendientes de ejecución y ha aprobado las ayudas al sector del automóvil.

Ninguna de las 46 páginas del proyecto de Ley sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” hace referencia al hecho de que más de uno de cada tres desempleados de la Encuesta de Población Activa es extranjero. Al mismo tiempo, la reforma sí consagra explícitamente “la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”.

“Se trata de una ley con cierto carácter populista y anticrisis”, corrobora Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso. Parecido enfoque mantiene Izquierda Unida, que en su informe sobre el proyecto compara la propuesta del Gobierno con “una reforma laboral encubierta” dirigida a la población migrante.

A ras de tierra, las organizaciones que trabajan en asesoría legal a migrantes constatan que esta reforma silenciosa se está produciendo desde la segunda mitad de 2008 en forma de denegaciones para renovar el permiso de trabajo y con la reducción hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, aquellos a los que puede aspirar un inmigrante que necesite cambiar de tarjeta o conseguirla por primera vez.

Los sindicatos de concertación, que podrían hacer visible esta realidad oculta en la reforma, dieron el visto bueno al borrador del Gobierno a través del informe del Consejo Económico y Social, uno de los ocho organismos a los que el Ejecutivo ha remitido el texto. Este informe justificaba la orientación general de la reforma por el “contexto de crisis económica”, una relación que no aparece ni siquiera en el texto del Gobierno, que lo oculta en la exposición de motivos aludiendo a la necesidad de adaptar la Ley “a la nueva realidad migratoria existente en España que presenta unas características y plantea nuevos problemas respecto de los que existían cuando se aprobó la última reforma”.

En el Parlamento, la correlación de fuerzas no posibilita cambios sustanciales a este enfoque. El PP reaccionó al borrador de diciembre reclamando la autoría del 80% de las medidas previstas por el Gobierno del PSOE. Pese al discurso de confrontación con el que los populares han recibido la propuesta aprobada en el último Consejo de Ministros de junio, lo más probable es que las dos principales formaciones pacten el texto definitivo.

“La nueva Ley de Asilo ha marcado un precedente nefasto”, apunta Tardá en referencia al consenso entre social-liberales y conservadores para endurecer el acceso de refugiados al Estado español. “En los próximos meses Zapatero y Rajoy se van a disputar el espacio del centro político”, pronostica el congresista republicano, para quien este juego de equilibrios se presta a un nuevo consenso entre Gobierno y oposición conservadora, esta vez en materia de extranjería.

Sin embargo, el Gobierno puede tener margen de maniobra para pactar enmiendas en un sentido garantista, como mínimo con el nacionalismo de izquierda de ERC y BNG, y también con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La esencia de la normativa española de extranjería, que es la asimilación de los flujos migratorios a las estadísticas laborales, no será cuestionada tampoco por la izquierda, tal y como reconoce Tardá a DIAGONAL. La dureza de la reforma deja suficiente espacio para una regulación más suave del periodo de reclusión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), un tratamiento más benigno a los menores no acompañados o la eliminación de las multas y expulsiones para quienes empadronen en su casa y falsamente a personas sin papeles.

El tercer actor

El único actor capaz de situar la cuestión de la extranjería más allá del discurso de los derechos humanos, el propio movimiento migrante, ha tenido hasta ahora una presencia discreta y dispar en el espacio público. Pese a los prometedores avances en las experiencias de autoorganización que se están extendiendo más allá de las experiencias de los trabajadores del campo en Andalucía, los grandes discursos y las grandes movilizaciones le siguen quedando grandes a un sujeto que debe, más que ningún otro, resistir a la represión cotidiana de los controles (con un crecimiento de las expulsiones de un 12% en 2008, según el Ministerio de Interior) y los efectos de la crisis. El relato en primera persona sobre cómo afectó la crisis de 2008/2009 a las primeras generaciones asentadas de inmigrantes tendrá que esperar.

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La puntilla a los menores

Las expulsiones ilegales de menores inmigrantes no acompañados son una realidad en el Estado español desde hace años, aunque en algunas autonomías como Madrid y Cataluña la actuación de asociaciones pro derechos humanos ha conseguido parar estas prácticas. Ahora el Gobierno pretende terminar con el problema legalizando la expulsión de este sector de la población. Este ha sido uno de los aspectos más criticados de la reforma desde que se conoció el primer borrador. En el actual texto, el Gobierno admite la posibilidad de que algunos de estos menores puedan recurrir su expulsión ante los tribunales.

África busca refugio en Argentina

Artículo de Elpais.es

Las solicitudes de asilo, la mitad procedentes de países africanos, suben un 142% por la flexibilidad de las leyes

Mazamba vende joyas baratas en las calles de Once, el barrio más cosmopolita y densamente poblado de Buenos Aires, y dice que vino de Costa de Marfil porque allí vio cómo hombres armados entraban en su casa y masacraban a su familia. Es joven y ha pedido asilo en Argentina, un país donde se ha disparado la cantidad de solicitudes de refugio en los últimos dos años.

Argentina está lejos de ser uno de los países con más asilados (sólo 3.172, frente a un millón en Pakistán), pero su lejanía con respecto a los países afectados por la violencia política, racial o religiosa no ha impedido que entre 2006 y 2008 el número de peticiones de refugio subiera de 355 a 859, un 142%, según la Comisión Nacional de Refugiados. Más de la mitad de las personas que buscaron asilarse en Argentina provino de África. Muchos se cuelan en barcos de cargas o cruceros de turistas, algunos sin saber adónde se dirigen. Los senegaleses integraron el principal colectivo de demandantes, seguido por los colombianos. También llegaron otros de Sierra Leona, Nigeria y Costa de Marfil. En algunos países de origen hay guerras o guerrillas en todo su territorio o en alguna región específica.

Algunos de los solicitantes africanos eligen deliberadamente Argentina o Brasil. Carolina Podestá, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR) para el sur de Latinoamérica, explica que llegan hasta estas latitudes ante las dificultades para refugiarse en la Unión Europea y en EE UU. Podestá añade que los interesados esgrimen cuestiones de seguridad o leyes migratorias para restringir los asilos. De hecho, Amnistía Internacional advirtió durante el último Día del Refugiado, el pasado 20 de junio, que las personas que “arriesgan su vida para encontrar seguridad lo único que se encuentran al llegar a Europa es que las devuelven”, según la directora del Programa para Europa y Asia Central de la organización, Nicola Duckworth. Noruega y otros países europeos, que dicen que ya no pueden recibir más asilados, están financiando a Gobiernos del mundo desarrollado para que los acojan.

Los refugiados africanos, que no migran por una cuestión económica sino porque sufren persecución en su tierra de origen, escogen Argentina y Brasil porque consideran que estos países ofrecen leyes migratorias flexibles, legislación específica para los asilados, ciertas posibilidades económicas, ausencia de conflictos bélicos y lejanía con respecto de donde se escapan. A veces los eligen como vía de escape transitoria hacia otro destino. ACNUR vaticina que irá aumentando la cantidad de solicitudes de asilo en Argentina, que en 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, sancionó una ley general de reconocimiento y protección al refugiado.

De cada cuatro solicitudes de refugio en Argentina, tres son de varones y una de mujer. El 19% es menor de 21 años, que es la mayoría de edad para la legislación argentina. De los 2.879 extranjeros que ya consiguieron el asilo, el 22% son peruanos (huyeron de Sendero Luminoso o eran perseguidos por las autoridades bajo la sospecha de pertenecer a esa guerrilla), el 11% son cubanos, el 5% son chilenos (llegaron en los años 80 huyendo de Pinochet) y otros tantos, colombianos. Además, hay armenios, rumanos y rusos, que llegaron en los 90 tras la caída del comunismo, y otros de Senegal, Sierra Leona y Liberia, que comenzaron a llegar también en la década pasada.

Algunos refugiados africanos llegan en barcos mezclados con otros inmigrantes, que no se marcharon por motivos políticos, raciales o religiosos sino económicos, con lo que a veces se vuelve difícil para las autoridades argentinas distinguir entre unos y otros. En ciertos casos son víctimas de redes de trata de personas. Lo primero que hace el Gobierno es darle una residencia precaria con la que puede trabajar y acceder a servicios básicos, mientras se analiza su solicitud durante alrededor de un año.

ACNUR asiste al Gobierno argentino y a su vez trabaja en la protección e integración de los refugiados con una organización católica, otra judía y la Fundación Myrar. Los africanos son una rareza en Argentina, suelen ser gregarios y solidarios entre ellos (comparten comidas, películas y habitaciones hacinadas en pensiones), son tímidos y amables, y en su mayoría mantienen la fe islámica. Vendiendo joyas en Once se entremezcan con judíos ortodoxos, surcoreanos, peruanos y argentinos en general.

En Chile, donde se está discutiendo una ley para los refugiados, también se ha registrado un fuerte aumento de peticiones. La mayoría proviene de Colombia, pero también se ha asentado allí un centenar de palestinos que huyeron de Irak y que encontraron una buena acogida en el amplio colectivo de descendientes palestinos en Chile. A pesar de todo, Latinoamérica sigue sin aparecer entre las regiones que acogen a la mayoría de los 32 millones de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, repatriados y apátridas que proliferan por el mundo. La mayoría está en Pakistán, Irán, EE UU, Siria, Alemania, Jordania, Tanzania, Reino Unido, China y Chad.

La ONU critica a Italia por expulsar a Libia a inmigrantes ’sin papeles’

Laura Boldrini, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Italia, afirmó ayer que el Gobierno italiano está poniendo en riesgo el derecho de asilo de los inmigrantes con las expulsiones de sin papeles en alta mar aplicadas tras firmar el tratado bilateral con Libia. Las críticas de la ONU siguen a las denuncias de varias ONG contra el uso de la fuerza por parte de la marina militar durante una operación de devolución de inmigrantes africanos realizada el 1 de julio.

“Hasta el 6 de mayo pasado”, dijo Boldrini a la agencia Econews, “Italia siempre había cumplido un papel fundamental al salvar vidas humanas, llevando a tierra a los inmigrantes, identificándolos y dándoles la posibilidad de pedir asilo, y expulsando a quienes no tenían derecho a permanecer. Pero desde que empezó la nueva práctica de devoluciones está poniendo en serio peligro el derecho de asilo”.

ACNUR entiende que “es difícil controlar las fronteras y al mismo tiempo garantizar el derecho de asilo”, pero la portavoz añade: “Europa es el corazón de la Convención de Ginebra y no puede perder ese combate”.

Según Gabriele de Grande, un periodista free-lance que ha visitado los centros de detención libios -financiados en parte por Italia y la Unión Europea-, ya lo está perdiendo. Los pasajeros de la barcaza rechazada en aguas de la isla de Lampedusa el 1 de julio “son en su mayoría eritreos que tenían derecho a pedir asilo en Europa, muchos de ellos desertores del Ejército que ahora arriesgan la repatriación o una detención por tiempo indefinido”.

Se trata de 65 hombres, que están en el campo de detención de Zuwarah, y de nueve mujeres, ingresadas en el centro femenino de Zawiyah. Christopher Hein, director del Comité Italiano para los Refugiados, informó por su parte de que uno de los eritreos retenidos en Zuwarah “presenta heridas en la cabeza provocadas por una porra eléctrica”.

En virtud del acuerdo firmado por Silvio Berlusconi y Muammar el Gaddafi el pasado 14 de mayo, Italia ha devuelto ya más de mil inmigrantes a Libia. En otro campamento, el de Misratah, 210 kilómetros al este de Trípoli, hay más de 600 inmigrantes detenidos, informa De Grande, entre ellos 58 mujeres, niños y bebés: “Llevan más de dos años allí, duermen en cuartos sin ventanas de cuatro por cinco metros cuadrados, y hay hasta 20 personas por celda”.

El Gobierno italiano niega las acusaciones. El ministro de Defensa, Ignazio la Russa, ha dicho que se trata de “imputaciones repugnantes”, y ha achacado la violencia al hecho de que algunos inmigrantes “intentaron usar la fuerza contra los militares”.

Mientras, el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, promulgó ayer la Ley de Seguridad, aprobada por el Parlamento el 2 de julio, y envió sendas cartas al Gabinete en las que expresa su “perplejidad y preocupación” ante el texto.

Según Napolitano, las disposiciones de seguridad pública se han ampliado “de modo relevante” durante el trámite parlamentario, y ahora contienen “numerosas normas heterogéneas” y “carentes de organicidad y sistematicidad”.

Además, escribe el jefe del Estado, hay normas de “dudosa coherencia con los principios generales del ordenamiento jurídico y con el sistema penal vigente”. Napolitano llama también la atención sobre los problemas que comportará “la aplicación de la ley”.

El líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, criticó la iniciativa del presidente de la República porque, a su juicio, debería haber devuelto la ley al Parlamento “en vez de expresar lamentos que sólo son gritos al viento”. El Partido Democrático pidió al Ejecutivo que lleve el polémico texto otra vez a las cámaras.

La nueva Ley de Seguridad introduce el delito de inmigración clandestina (penado con multas de 5.000 a 10.000 euros); da vía libre a las patrullas ciudadanas de ex agentes sin armas; prolonga a 180 días la estadía de sin papeles en los centros italianos, y restringe los derechos sociales y civiles (matrimonio, escolaridad, sanidad y ciudadanía) a los inmigrantes irregulares.

El derecho de asilo en tiempos difíciles

Artículo de Javier de Lucas, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al refugiado, CEAR.

Hablar de tiempos difíciles en relación con los refugiados no deja de ser un pleonasmo. Nunca ha habido buenos tiempos para quienes necesitan el derecho de asilo, pero las estadísticas del ACNUR certifican que nunca como ahora ha habido tal necesidad de asilo. La razón es que se han incrementado y diversificado las situaciones que obligan a millones de personas en todo el mundo a huir de su país para encontrar un refugio. A las persecuciones por razones políticas o la pertenencia a minorías amenazadas, a las guerras o conflictos civiles que se multiplican, se han sumado otras vinculadas a la opción sexual, a la condición de género o a los desastres medioambientales. Y el asilo, un derecho fundamental y universal, es un derecho cada vez más amenazado.

Ante todo, conviene recordar que el asilo no es un acto de generosidad, de caridad, sino un derecho fundamental universal, lo que supone la existencia de obligaciones jurídicas exigibles ante los Estados que lo reconocen por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Obligaciones de protección de los refugiados, no sólo en el propio territorio, sino fuera de él. Incluso se podría decir que sería el derecho más básico, en el sentido de que es el propio de quienes son, sin más, seres humanos, sin atributos.

Pero el asilo es un derecho en crisis, amenazado hoy más que nunca. El hecho es que, pese a que no cesan de incrementarse los refugiados y desplazados, cada vez llegan menos demandas de asilo a nuestras fronteras.

En España, en 2008 se registraron tan sólo 4.516 solicitudes de asilo -la cifra más baja en 20 años- y menos de la mitad de ellas se admitieron a trámite. De éstas, sólo se concedieron 151 estatutos de asilo strictu sensu, el 2,91% del total (a las que habría que añadir 126 concesiones de protección complementaria). Esas cifras -en Francia hablamos de 22.000 solicitudes y 11.000 concesiones en el mismo periodo- son indignas para un país que, pese a la crisis, es la octava potencia del mundo.

Frente al tópico de que viviríamos amenazados por avalanchas de demandantes de asilo, los hechos muestran que sucede lo contrario en el mundo próspero del que forma parte España, la Unión Europea. Nosotros, europeos, españoles, que vivimos en las sociedades más seguras que jamás hayan existido, no somos los destinatarios prioritarios de esos movimientos de demanda de asilo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué ese proyecto sostenido de restringir el asilo?

Que haya cada vez más necesidad de asilo y, sin embargo, bajen las solicitudes (por no hablar de las concesiones), tiene una explicación, como se analiza en el Informe CEAR 2009 que se hace público en estos días. El factor fundamental son las políticas de control y externalización de fronteras en materia de inmigración y asilo, emprendidas por la UE y por España (uno de cuyos principales instrumentos es la firma de convenios bilaterales con países de tránsito) y reafirmadas en el pacto europeo de asilo e inmigración acordado en octubre de 2008. Cada vez es más difícil que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, lo que es peor, obtengan el reconocimiento del asilo. Esa externalización de las fronteras crea espacios de contención -bajo el cuidado de países que muchas veces no superan el estándar mínimo de respeto de derechos humanos- cada vez más difíciles de superar.

Eso obliga a los refugiados a unirse en su huida a los inmigrantes irregulares, con los que se confunden. Y una de las consecuencias es que son tratados como ellos y ni siquiera se les da la posibilidad de demandar asilo.

Ahora estamos en medio de la discusión parlamentaria de la reforma de ley del asilo y en el marco de una transformación hacia un sistema europeo común de asilo (SECA). En CEAR confiamos aún en que se obtenga en España un acuerdo parlamentario que amplíe esta noción para adecuarla a las nuevas amenazas. Que mantenga todas las vías de acceso, por ejemplo, la diplomática. Que no restrinja la solicitud por la vía de la cláusula de países seguros. Que exija a los países que gestionan el tránsito el respeto al estándar mínimo de derechos humanos.

Creemos además que ese pacto permitiría a España aprovechar su próxima presidencia de la UE para apuntar hacia una política europea de asilo más abierta, para mostrar una imagen de la UE diferente, comprometida con la legalidad internacional, que contribuya a la presencia fuerte de la UE como agente en las relaciones internacionales.

No pedimos hacer frente en solitario a la miseria del mundo. Sólo estar a la altura de los deberes que impone nuestra condición de privilegio en un mundo global. Sólo ser coherentes con nuestro respeto por el Derecho y del Estado de derecho, esa huella genética que reivindicamos como creación europea y que es la opción por la que debemos decidirnos en estos tiempos de crisis.

La misión del Derecho, lo que hace o puede hacer de la tarea del Derecho y los juristas algo noble, es esa prioridad de defensa del más débil en aras de la igual libertad. Para revertir el pesimista -y lúcido- argumento de Mario Benedetti que parece pensado para los refugiados: “El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo”.

Día Mundial del Refugiado- Mensaje