Son refugiados, no inmigrantes

Artículo de Elpais

Nueva oleada. Llegadas masivas. Alerta: inmigración. Las expresiones de alarma cobran fuerza en Europa. Mientras el efecto dominó de las revueltas en el mundo árabe se extendía, las palabras que empezaron a susurrarse durante la revolución tunecina se han convertido en gritos y golpes sobre la mesa de las cumbres europeas. La llegada de unas 39.000 personas que han atravesado el brazo de mar que separa una orilla del Mediterráneo de otra (unas 15.000 de Libia, menos del 2% de la que han huido del país) ha sido suficiente para que los estados de la UE se pusieran a la defensiva y levantaran la voz ante un posible alud que aún no se ha producido. Mientras miles escapan de Libia, el debate tanto político como público deja de lado un detalle: que es gente que huye de un país en conflicto.

El flujo de desplazados no es comparable al de la antigua Yugoslavia

Los vecinos de Libia en el Magreb dan asilo a muchos más libios que la UE

“Es el primer caso de una crisis de refugiados con el espacio Schengen en marcha. La de los Balcanes fue anterior. En Europa hay ahora instrumentos mucho más protectores y estructurados. Pero un pequeño flujo de refugiados ha puesto en cuestión los principios de la UE. Y si un pequeño grupo pone en cuestión los principios de la Unión es que la Unión no tiene principios”, comenta Ignacio Díaz de Aguilar, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE).

El jurista no se refiere a los Balcanes en balde. Los anales de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recogen con precisión los datos de aquella emergencia. En 1995, el mismo año de la entrada en vigor de los acuerdos de Schengen, Europa se encontró con 616.000 refugiados de la antigua Yugoslavia. Alemania acogió a 345.000, 80.000 fueron a Austria, 57.000 a Suecia, 25.000 a Suiza, 15.000 a Francia… Cifras decenas de veces superiores a las que se barajan ahora en Europa y que, por otro lado, no alcanzan las que soportan los estados vecinos de Libia. Unas 850.000 personas han abandonado el país, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU actualizada al 23 de mayo. De ellas, más de 427.000 han huido a Túnez y casi 300.000 a Egipto. Desde enero han llegado a Europa de Libia 15.000 personas (alrededor de 13.600 a Italia y 1.400 a Malta) que se añaden a los 24.000 tunecinos desembarcados a las costas italianas.

El debate en la UE se abrió en principio con la venida de estos últimos. “Hay dos corrientes en los flujos que llegan a la isla de Lampedusa”, afirma Maricela Daniel, representante de ACNUR en España. “En las embarcaciones que partieron desde Túnez han venido sobre todo emigrantes económicos. Se trata de hombres jóvenes, en su mayoría tunecinos, mientras que las de Libia han estado llevando muchas personas de distintas nacionalidades con necesidad de seguridad y protección que se encontraban en el país cuando estalló del conflicto. Entre estas últimas hemos visto casos de personas que estaban trabajando en Libia y no tienen ahora problema en retornar a sus países, mientras que otro grupo numeroso lo componen somalíes, iraquíes o eritreos que habían huido previamente de sus países de origen por persecución o por la guerra y que podrían ser potenciales refugiados”.

“Si se dio esta situación con los tunecinos en un primer momento, la situación posterior es claramente de asilo”, dice Díaz Aguilar. “Y el problema no está en Europa, sino en Egipto y en Túnez”.

La distinción que hacen los expertos parece haberse esfumado en el debate europeo. Cuando Italia reclamó ayuda al resto de Europa frente a la llegada de los tunecinos, Francia contestó con sus cifras de refugiados, y lo que se puso en discusión no fueron las normativas comunitarias relacionadas con el derecho de asilo sino Schengen que, subraya Díaz Aguilar, “nada tiene que ver con esta emergencia”. ¿Por qué se ha hablado de Schengen y no del reglamento de Dublín II, que determina que sea el primer Estado de llegada el que tiene que evaluar las solicitudes? “Dublín II [que la Comisión Europea propuso modificar en 2008] está siendo negociado y esperamos llegar a un sistema de asilo común en 2012″, afirma Marcin Grabiec, portavoz de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. “La situación de los solicitantes de asilo que llegan de Libia muestra la necesidad de un sistema más fuerte de inmigración y asilo a nivel europeo para poder ayudar a los solicitantes, pero también a los países miembros que están en primera línea”.

Para Mauricio Valiente, coordinador del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), lo que está pasando no es una sorpresa. “No es una novedad que se esté dando una respuesta en términos de rechazo, y esto evidentemente es un gran incumplimiento de la legislación internacional. No solo en términos éticos y políticos. Las personas que huyen por temor fundado a una persecución tienen que tener al menos la oportunidad de reclamar protección”, dice. Y si “en el caso de Libia hay un desplazamiento forzoso masivo”, en el caso de los tunecinos, según Valiente, “puede que la mayoría fueran inmigrantes económicos, pero eso no significa que, teniendo en cuenta la situación en su país, no haya gente que no tenga derecho a solicitar asilo”.

La confusión viene de lejos y se remonta al mismo sistema de control de las fronteras. “Se ha implantado un sistema cada vez más cerrado para impedir que los refugiados lleguen a Europa”, subraya el representante de ECRE. “A través de Frontex [la agencia europea para el control de las fronteras] y de los acuerdos con terceros países, toda la política europea se ha volcado a blindar la frontera. No la nuestra, sino la de los países de tránsito. Establecer de forma indirecta pero claramente consciente el control en países intermedios, diseñado en teoría para impedir el acceso de inmigrantes, supone un impedimento insalvable para los refugiados”.

La historia de François (nombre ficticio) es un ejemplo de los efectos colaterales de la gestión de los llamados flujos mixtos (inmigrantes económicos y refugiados). Sentado en una habitación en un centro de acogida en la zona sur de Madrid, cuenta su periplo durado más de ocho años. Ahora tiene 24. “No recuerdo ni qué edad tenía cuando salí de Camerún. Me habían criado unos vecinos hasta que no pudieron hacerse cargo de mí y empecé a vivir en la calle. Limpiaba coches, trabajaba de lavaplatos, pero la vida era imposible”, cuenta François y añade dos detalles: pertenece a una etnia minoritaria, los bassá, y es gay. “Decidí huir. Pasé por Nigeria, donde me quedé dos meses, al igual que en Malí. Luego fui a Costa de Marfil, Senegal y Mauritania, donde estuve tres años trabajando para conseguir el dinero para llegar a Europa”. Llegó a Las Palmas hace tres años en cayuco. Fue dos años después cuando, hablando con un amigo, supo de la posibilidad de pedir asilo. “Cuando llegué a Canarias, nadie me habló de eso. Si no, lo hubiera solicitado”. En los dos años que pasó entre Madrid y Barcelona, fue detenido tres veces. Su viaje podía haber acabado hace dos años si se hubiera cumplido la orden de expulsión que le impusieron en un control.

Si François ha logrado ver reconocido el estatus de refugiado, miles de personas en los últimos años ni siquiera han podido llegar a las costas de la ribera norte del Mediterráneo. Para Díaz de Aguilar, no se trata de falta de medios, sino de voluntad política. “No es cierto que Europa esté abrumada. Durante la crisis en Canarias se distribuyeron en la península 30.000 personas sin generar ningún conflicto. Nos sobra capacidad de acogida. Europa podría integrar sin ningún problema a 300.000 o 400.000 refugiados”, asegura. Hasta ahora, ante la crisis libia, los países europeos solo se han puesto de acuerdo para reasentar 1.000 refugiados llegados a Malta. “Túnez y Egipto abrieron sus fronteras aun cuando para ambos países la situación actual es muy difícil. De la misma manera que desde ACNUR pedimos que se mantengan las fronteras terrestres abiertas y se atienda a esta gente que sale desesperada, pedimos también que se proteja y asista también a quienes huyen por las fronteras marítimas. Creemos que los países europeos disponen de los medios necesarios para gestionar este flujo migratorio y por lo tanto deben evitar mensajes alarmistas que generan preocupación y miedo en la opinión pública de la Unión Europea”, afirma Maricela Daniel, de ACNUR.

Si hay un ejemplo de cómo la externalización de las fronteras ha tenido efecto en el número de solicitantes asilo, es Italia. La entrada en vigor en mayo de 2009 de los acuerdos para devolución de los barcos a Libia (un país que no había firmado la Convención de Ginebra ni el protocolo sobre el estatuto de refugiados de 1967) redujo drásticamente las llegadas de cayucos al canal de Sicilia. El número de solicitantes de asilo pasó de 30.300 en 2008 a 17.600 en 2009 hasta llegar a 8.200 en 2010. “El Mediterráneo era la vía del asilo. El 75% de las solicitudes presentadas en 2008 en Italia eran de gente que había llegado por mar”, confirma Laura Boldrini, portavoz de ACNUR en Italia. Boldrini subraya que no ha habido devoluciones tras el estallido de la crisis, y avisa de que el número de personas que intenta huir por mar podría aumentar. “Y lo grave de este flujo desde Libia es que los barcos en los que se hacinan centenares de personas no son aptos para el viaje. El objetivo en el mar es salvar vidas humanas”.

La portavoz de ACNUR recuerda la obligación para todos los barcos, comerciales y militares, de prestar ayuda a las embarcaciones en peligro, según establece el derecho marítimo internacional: “En las últimas semanas hemos visto gente a la deriva durante dos semanas”. 1.200 personas han muerto desde el comienzo de la crisis libia intentando cruzar el Mediterráneo. En un solo naufragio de un barco partido de Trípoli el 25 de marzo murieron 63 de las 72 personas a bordo. Tres de los supervivientes han contado a ACNUR cómo vieron pasar de largo una nave y un helicóptero. En la imagen que se publica sobre estas líneas los tres están retratados en un campo de refugiados… en Túnez. En medio de las tiendas en Choucha Camp, donde se alojan unas 4.000 personas y donde las tensiones han causado la muerte de dos personas el pasado lunes, la única presencia de Europa es una camiseta del Barça con el nombre de Villa.

Torturas y Racismo: las eternas cuentas pendientes de España

Fuente: periodismo humano

13.05.2011 · Patricia Simón

Amnistía Internacional ha publicado su Informe Anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo. En el caso español, las torturas y los malos tratos inflingidos por funcionarios “encargados de hacer cumplir la ley”, como subraya el documento, vuelve a ser una de las denuncias que desde hace años la ONG denuncia internacionalmente. La suspensión del juez Baltasar Garzón, las ‘redadas invisibles’ en busca de inmigrantes indocumentados, la falta de interés por implantar medidas para identificar y tratar convenientemente a las víctimas de trata y el régimen de incomunicación para los acusados de pertenecencia a grupos terroristas son las violaciones más graves, y reiteradas, de los derechos humanos en España, según la ONG internacional.

Torturas y malos tratos. Amnistía Internacional presenta varios denuncias que no fueron investigadas y juzgadas satisfactoriamente:

• La celebración del juicio de los dos agentes de policía acusados de matar al nigeriano Osamuyia Akpitaye por asfixia durante su expulsión de España en junio de 2007 estaba prevista el 16 y 17 de marzo de 2011. Aún no se ha celebrado.
• Mohammed Fahsi, detenido en enero de 2006 por la Guardia Civil, denunció haber sufrido torturas “durante su reclusión en régimen de incomunicación”. El Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid aceptó examinar las acusaciones pero en abril ya había cerrado la investigación, después de que la Fiscalía y el Juez Instructor la hubieran desestimado anteriormente. Fahsi pasó cuatro años en prisión preventiva, fue condenado a siete años de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo y estaba en libertad en espera del resultado a finales de 2010.

• Las denuncia de María Mercedes Alcocer,  por torturas, lesiones y amenazas graves sufridas a manos de miembros de la Guardia Civil estando recluida en régimen de incomunicación. El informe pericial recogía la presencia de hematomas y señales de patas y golpes, pero el Juzgado afirmó que en ninguno de los documentos periciales aparecían señales externas de violencia y que “la única finalidad de la denuncia era identificar a los miembros de la Guardia Civil”. También recoge el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, declarados culpables de pertenecer a ETA, cuyas denuncias de torturas fueron desestimadas por falta de pruebas.
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que España violó la prohibición de la tortura y otros malos tratos: las autoridades no habían investigado las denuncias de tortura formuladas por Mikel San Argimiro Isasa por el trato recibido durante cinco días que había estado detenido en régimen de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2002.
• España desoyó la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que no extraditara a Marruecos a Ali Aarras, acusado de delito de terrorismo, hasta que no hicieran pública su decisión sobre el caso. El organismo pretendía evitar que Aarras pudiera sufrir torturas, malos tratos, un juicio injusto, entre otras irregularidades procesales, en Marruecos donde no son excepcionales.

Racismo y discriminación. “Las autoridades no tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión”

Redada policial en Madrid (Edu León / AP)

• Las ‘redadas invisibles’. La circular de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se autorizaba a la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Sindicatos policiales preocupados por que la medida pudiera dar lugar a detenciones ilegales solicitaron la retirada inmediata de la circular.

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• Amnistía Intenacional también recuerda que el gobierno apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal de recopilar y publicar datos estadísticos sobre delitos cometidos por motivos raciales y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia, también recogido en el Plan de Derechos Humanos de 2008. Sin embargo, no se han tomado medidas en este sentido.
• La disposición para prohibir el velo integral en edificios municipales aprobada por varios municipios, así como la moción del Senado que insta al gobierno a prohibirlo hace temer a AI que “una prohibición tan general violara el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa de las mujeres que decidieran llevar este velo como expresión de su identidad o de sus creencias”.

Migrantes y Refugiados: “El gobierno rechazó la recomendación de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Migrantes”
Amnistía Internacional recuerda, según cifras del Ministerio de Interior, que en 2010 “3.632 migrantes irregulares llegaron a las costas españolas en 2010″, un 50% menos que el año anterior. AI explica este descenso por las políticas de interceptación de migrantes y solicitantes de asilo en el mar y los acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de tránsito.

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Trata de personas: “No siempre se respeta el derecho a un periodo de recuperción y reflexión de los inmigrantes indocumentados que pudieran haber sido víctimas de trata”
El gobierno ha reformado la definición de trata de personas contenida en el Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Pero, según Amnistía Internacional y especialistas en trata, “todavía no se han dado instrucciones a las autoridades correspondientes sobre cómo identificar a las victimas de trata”.

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El caso Garzón: “Las leyes de amnistía y las normas sobre prescripción de los delitos eran incompatibles con el derecho internacional (…), y el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido a España en 2008 que considerase la derogación de la Ley de Amnistía de 1977″.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Amnistía Internacional vuelve a denunciar la práctica del régimen de incomunicación(pdf) a personas sospechosas de actividades terroristas, que la ONU recomienda a España abolir cada año. Esta forma de detención permite permanecer bajo custodia hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia.

Derechos de la infancia:“Persisten las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros para menores de edad con problemas sociales o de conducta”

Justicia Internacional “la Audiencia Nacional archivó sendas investigaciones sobre delitos cometidos en Myanmar y en Tíbet. En ambos casos, la decisión se adoptó en aplicación de la limitación de la jurisdicción universal introducida en octubre de 2009 mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial”

Un hotel, centro de detención de inmigrantes en Quito

Un artículo de Periodismo Humano

“Buenas… Vengo a ver a un muchacho”, dijo el joven con gorra café y portando una pequeña bolsa plástica donde se adivinaban unas manzanas. La recepcionista abrió la puerta de rejas y le dejó entrar. La escena, presenciada por IPS, se desarrolló en un viejo hotel de tercera categoría en el centro histórico de Quito que ha sido alquilado en su totalidad por el Estado ecuatoriano para alojar a los extranjeros en situación irregular. Según un efectivo de la Policía de Migración también en el lugar y que dijo tener prohibido dar declaraciones pero habla de todas maneras, en el hotel se encuentran unas 30 personas, la mayoría procedentes de Cuba y Colombia.

Portal del hotel donde permanecen detenidos los migrantes (AP). Foto: PeriodismoHumano

Pero más que un hotel es un centro de reclusión, porque nadie puede salir de allí. Funciona desde enero, tras varias semanas de protestas de familiares y organizaciones de la sociedad civil por las precarias condiciones en que se tenía a los extranjeros detenidos en los calabozos de la Policía de Migración, en el norte de Quito. Ante las crecientes protestas en las afueras de aquellos calabozos, el Ministerio del Interior resolvió alquilar el hotel. “Lo hicimos porque queremos darles un trato digno”, dijo a IPS la ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero. “Tienen habitación con televisión, y se les proporciona las tres comidas diarias”, añadió el policía. “Aquí permanecen en espera de que los deporten”, señala… “O de que legalicen su situación”, completa con determinación el joven de gorra café, con acento cubano.

Severo Padrón (nombre protegido) ha venido a visitar a un amigo, apresado en una redada de la policía migratoria en noviembre. Él tiene residencia legal en Ecuador, pero no su amigo.

La situación es contradictoria con el principio de la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008, que en su artículo 416 proclama “el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”. Fue en aplicación de este principio que el gobierno de Rafael Correa decidió que no se exigiera visa a ningún extranjero para permanecer en el país por 90 días. Esta disposición rige desde el 20 de junio de 2008, cuando Correa explicó que estaba decidido a “desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas”.

Sin embargo, el gobierno dio marcha atrás. En diciembre de 2009 empezó a exigir visas a los ciudadanos chinos y el 7 de septiembre de 2010 a los viajeros procedentes de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Esta medida se tomó “luego de detectar un inusual flujo migratorio de personas de los países citados”, informó en su oportunidad Leonardo Carrión, subsecretario de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería. Carrión reconoció a IPS que el país había estado sirviendo de estación de paso para personas que intentaban llegar a Estados Unidos y Brasil.

La liberal política migratoria ecuatoriana también causó enorme preocupación, prácticamente desde el mes siguiente de su entrada en vigor, en las embajadas de Estados Unidos en Quito, Panamá, San José de Costa Rica, SAn Salvador y Abuja, según los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks. “Ecuador está provocando la inestabilidad en toda América”, con la supresión de los visados, habría dicho en noviembre de 2008 Mario Zamora, ex director de Inmigración y actual viceministro de Seguridad de Costa Rica a la embajada estadounidense en San José, según un cable obtenido por Wikileaks.

La supresión de la exigencia de visas también creó un flujo migratorio desde Cuba. Se calcula que han llegado unos 70.000 ciudadanos de esa isla a Ecuador y que se han quedado entre 5.000 y 8.000, gran parte en situación irregular. La policía migratoria empezó a hacer redadas, controlando pasaportes y visas, y después de que en julio pasado se detectó más de 100 matrimonios de conveniencia entre ciudadanos y ciudadanas de Ecuador y Cuba con papeles fraudulentos.

“Estoy hace un año en Ecuador”, dijo Raúl Castillo (nombre protegido) a IPS, en una larga conversación sostenida en un café en Quito. “Vine con una carta de invitación que compré en Cuba a través de intermediarios, en dos mil CUC”, los pesos cubanos de libre convertibilidad y que equivalen a unos 2.100 dólares. Castillo tiene una profunda decepción de Cuba, pero también de Ecuador. “Allá no hay futuro, y pensé que aquí podría construirlo, pero no he podido arreglar mi situación migratoria y ahora perdí mi trabajo”. Agregó que su empleador lo despidió después de que el presidente Correa puso como una de las preguntas del referendo, que probablemente se celebrará en abril, que se considerará delito el tener a un trabajador no afiliado a la seguridad social.

¿No sería un camino para Castillo y otros cubanos solicitar refugio, como lo han hecho 58.000 colombianos? “A los cubanos no nos van a conceder refugio jamás, pues Ecuador se proclama amigo del régimen cubano y aceptar refugiados sería manchar a ese régimen”, comentó. “Los inmigrantes en Ecuador, igual que los ecuatorianos que han emigrado a Estados Unidos y a España, se van a quedar, con papeles o sin papeles”, expuso Lenin Daza, asesor jurídico del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM). Por eso se pregunta si no sería más fácil y seguro un proceso de regularización masiva de los extranjeros.

“Quizás, pero yo no la veo posible en el actual clima político, hipersensible en el tema de la inseguridad ciudadana”, dijo a IPS un miembro del gabinete ministerial de Correa, que no quiso ser identificado.  Por su parte, Juan Villalobos, coordinador de incidencia pública del SJRM, dijo que en Ecuador se maneja un discurso contradictorio porque, por un lado, tiene una Constitución que es la que más garantiza el derecho a la movilidad humana, pero, por otra, la naturaleza de los cuerpos legales y la práctica de la policía no han cambiado. Villalobos cree que se actuó bien en sancionar el fraude de los matrimonios de los cubanos, pero rechaza los estereotipos que maneja la policía cuando investiga un delito y la falta de conocimiento de los funcionarios de las áreas de salud y educación que niegan atención a hijos de refugiados o a sus padres. “La discrecionalidad del funcionario público es enemiga de las proclamas de la ciudadanía universal”, explicó, insistiendo en que “la regularización tendría la ventaja comparativa de evitar la explotación laboral y de que el Estado sepa quién está en su territorio, dónde y qué hace”.

 

¿Cómo actuar ante una redada a inmigrantes sin papeles?

Las denuncias de organizaciones sociales, el sindicato de policía, fotoperiodistas y ciudadanos que las han presenciado, certifican que las redadas a inmigrantes sin papeles son un hecho consumado en España a pesar de las reiteradas negativas del Gobierno. En periodismohumano ya hemos hablado de esas denuncias y de las recomendaciones que las organizaciones hacen a quienes sean testigos. Ahora, la asociación de juristas Inmigrapenal ha querido hacerlo un poco más fácil elaborando un modelo de queja que puede presentarse en la oficina del Defensor del Pueblo a través de Internet en la campaña UNA queja Y MÁS frente al acoso.

“Queremos que quede constancia y que las personas que quieran denunciar puedan tener un documento a mano que le haga más fácil hacerlo”, asegura Margarita Martínez, de Inmigrapenal. “A la gente no podemos decirle que ponga una denuncia penal, por ejemplo, porque eso requeriría un mayor compromiso. Lo que pedimos es que si les indigna ver un control, denuncien. Los testigos pueden ver actuaciones de la policía que carecen de cobertura legal. No queremos que haga una argumentación jurídica sino relatar los hechos tal y como han sido“. Valorar si se ha cometido una ilegalidad o no, dice, es cosa del Defensor. “Es cierto que estos abusos hace mucho que se vienen produciendo a pesar de las denuncias de numerosas personas y colectivos, que el panorama general induce al desaliento y, además, que todos estamos muy ocupados. Pero presentar una queja lleva muy poco tiempo y resulta urgente y necesario proclamar con cada queja que somos muchos quienes no podemos ni queremos asumir vulneraciones de derechos tan básicos”, argumenta el texto de la campaña.

queja modelo elaborada con las instrucciones de Inmigrapenal

En el mes de marzo, 140 asociaciones presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo y ante el Gobierno contra la Circular 1/2010 un documento interno de la Policía que defendía la legalidad de las redadas a inmigrantes y abogaba por “detenciones preventivas” y expulsiones “en la mayor brevedad posible”. En noviembre, la Defensora del Pueblo dio la razón a las organizaciones en algunos aspectos de su denuncia, como que los agentes no pueden llevar a comisaría a un inmigrante que porta el pasaporte aunque no tenga un permiso de residencia en España, “solo puede producirse por falta de documento de identidad, no de documento que acredite la legalidad de la estancia”, aseguraba María Luisa Cava. El policía únicamente puede cogerle los datos a esa persona si va realizar algún trámites para abrirle el expediente de expulsión.

La Defensora del Pueblo no hizo alusión a si son legales o no las redadas y ni a sobre que se estén realizando los controles de identidad en función de los rasgos físicos. Por eso han decidido poner en marcha esta campaña. “Queremos que lleguen el mayor número de quejas posibles para que se pronuncie y dé un toque de atención al Gobierno que refuerce lo que ya hemos dicho las asociaciones”, asegura Margarita Martínez. “Con independencia de la actuación del Defensor del Pueblo, estas quejas podrían servir como prueba de una realidad que el Ministerio del Interior se empeña en negar”, dice el documento de UNA queja Y MÁS frente al acoso.

La forma de realizar controles ha cambiado en los últimos meses. “Las redadas en sentido estricto han disminuido. Ya los policías no llegan tanto con las furgonetas cortan calles e identifican a la gente. Ahora se hace sobre todo con dos policías de paisano que hace controles de identificación de forma más discreta. De una forma u otra se está cometiendo una ilegalidad”, asegura Martínez.  Pero, más allá de la perspectiva jurídica, está la política e ideológica. “No tiene sentido que, en un momento en el que disminuye la presión de la inmigración, se apueste por esta política de acoso al inmigrante irregular porque no es necesario y tiene efectos muy perniciosos. Aparte de incidir en la imagen de la inmigración asociada a la criminalidad, las personas a las que se le pide la documentación cada vez tienen menos confianza en los cuerpos de seguridad. En una sociedad que aspira a ser pluricultural el tema de requerir la documentación a una persona por su perfil ético, aparte de las discrepancias que podamos tener por el trato a la inmigración, tiene otras consecuencias más amplias. Llega un momento en el que la selección étnica de inmigrantes se ha convertido en una forma de racismo”.

El documento en el que Inmigrapenal da instrucciones sobre cómo elaborar la queja puedes conseguirlo aquí (pdf).

Fuente: Periodismo Humano

Muro cada vez más alto

Por Claudia Ciobanu

BUCAREST, ene (IPS) – En los últimos años, el número de otorgamientos de asilo en Europa central y oriental ha ido decreciendo lenta pero firmemente. E incluso para los que reciben esa protección, la vida está llena de dificultades.

Entre 2007 y 2009, el número de personas que pidieron asilo en siete países de la región (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania) cayó levemente, de 20.053 a 19.388. Al mismo tiempo, el número de reconocidos como refugiados cayó de 744 a 507.

La vasta mayoría de los asilados reciben alguna forma de subsidio.

Las tasas totales de otorgamiento de asilo y estatus de refugiados cayeron de 20 por ciento a 17,9 por ciento. Esta tendencia continuó en 2010, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Nadia Jbour, alto funcionario de la oficina regional de Acnur en Budapest, reconoció varios factores que contribuyen a esta tendencia.

El bajo número de otorgamientos de asilos, las malas condiciones de recibimiento, las detenciones, las pocas posibilidades de integración a la sociedad y las dificultades para reunificar a la familia son algunos de ellos.

La mayoría de los que solicitan asilo en la región proceden de Asia central, Asia meridional y Medio Oriente, particularmente Afganistán, Pakistán, Iraq e Irán.

Su suerte puede diferir drásticamente según el país al que lleguen, e incluso dentro del propio territorio de esa nación, señala el informe “Ser refugiado: cómo viven los refugiados y solicitantes de asilo en Europa central”, de Acnur.

Los datos para el informe fueron reunidos principalmente en 2009, con algunas adiciones este año.

En Bulgaria, los solicitantes de asilo pueden sufrir “detención prolongada e irregular, tanto en fronteras como en el centro de Busmantsi, cerca del aeropuerto de Sofía”, indica el informe.

Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Asistencia para Sobrevivientes de la Tortura, en Sofía, indican que, desde que Bulgaria adoptó las regulaciones de la UE en 2008 que establecen un periodo máximo de seis meses de detención para los solicitantes de asilo, ha sido la norma el arresto de los inmigrantes por 18 meses.

Las regulaciones permiten periodos de detención de 18 meses pero sólo para casos excepcionales.

Las condiciones de detención pueden variar, incluso dentro de un mismo país. En Hungría, sólo uno de cuatro centros de detención, el de Gyor, cuenta con un régimen relativamente flexible, permitiendo una considerable libertad de movimiento dentro de la instalación.

En los otros tres centros se aplican normas más severas. La detención administrativa supera por lo general el plazo oficial máximo de 15 días. A los inmigrantes detenidos no se les permite comprar periódicos ni comida propia, y sólo pueden hablar por teléfono cinco minutos cada vez.

En Eslovaquia, ante la ausencia de regulaciones oficiales unificadas sobre asistencia a refugiados, acceso a clases de idiomas, ayuda en vivienda e incluso respaldo financiero, los inmigrantes son totalmente dependientes de las organizaciones no gubernamentales. Esto hace que el apoyo a los solicitantes de asilo sea desigual.

El destino de los niños y niñas difiere ampliamente a lo largo de la región. En Polonia, más de 90 por ciento de los menores solicitantes de asilo están en la escuela, y todos tienen acceso a clases adicionales de idioma.

En el otro extremo, niños y niñas que solicitan asilo en Bulgaria tienen menos acceso a la educación por no hablar el idioma local y carecen de apoyo para aprenderlo.

La vivienda también es un tema de preocupación para todos los refugiados en la región. En algunos países como Rumania y Bulgaria, las autoridades comenzaron a incluir a inmigrantes en sus listas de programas sociales de vivienda, aunque estas iniciativas recién comienzan.

Sin embargo, lo más frecuente es que los refugiados y asilados se vean atrapados en un círculo vicioso: tienen dificultades para encontrar un hogar debido a que no cuentan con garantías financieras, que dependen del acceso a empleos.

Acnur indicó que, en 2009, muchos refugiados somalíes comenzaron a sumar las filas de personas sin hogar que duermen en las calles de las grandes ciudades de Hungría.

“Húngaros sin hogar pueden haber desperdiciado sus oportunidades, pero nosotros los somalíes nunca tuvimos una chance”, comentó Gabir, un refugiado.

“Por lo general me contratan por unas pocas semanas cuando hay mucho trabajo, pero nunca me dan un empleo regular. Para mí, tener un año de trabajo es tan probable como ir a la luna”, señaló.

Gabir es un experimentado ingeniero en construcción procedente de la república separatista rusa de Chechenia y hoy está refugiado en Polonia. Sólo ha conseguido empleos temporales como albañil.

En Polonia, para recibir beneficios laborales y seguridad social se debe haber trabajado legalmente al menos un año completo.

Refugiados en todos los países se quejan de que las clases de idioma son organizadas en horas laborales. La falta de dominio de la lengua local disminuye la posibilidad de obtener buenos empleos.

Todos los países de la región “carecen de una clara estrategia de integración”, señaló Nadia Jbour, explicando las amplias diferencias en el destino de los refugiados y los solicitantes de asilo.

“Hay una falta de cooperación entre los ministerios. En la mayoría de los países, donde la provisión de la mayoría de los servicios está a cargo de los gobiernos locales, no hay colaboración entre la agencia central para los refugiados y las autoridades locales”, indicó.

“Tradicionalmente, las organizaciones no gubernamentales intentan llenar la brecha”, añadió Jbour. “Aunque hay mucha buena voluntad, no todas las organizaciones tienen la competencia necesaria para efectivamente proveer alguno de los servicios”, afirmó.

“Muchos de estos servicios deben, en primer lugar, ser asegurados por los gobiernos y garantizados en sus propios programas”, añadió.

Sin embargo, las noticias de la región no son todas malas. El informe de Acnur reconoce mejoras en cada país desde 2005, especialmente sobre las condiciones de vida y la calidad de alimento en los centros de acogida. En algunos casos hay también un mayor acceso a programas de capacitación vocacional y guía laboral.

Desde mayo de 2008, Rumania cuenta con un centro para refugiados en Timisoara, en el occidente del país, el primero en el mundo de naturaleza permanente. Desde su apertura, ha albergado a 622 extranjeros (de varios países de África, Iraq, Sri Lanka y Palestina) durante más de seis meses hasta su reubicación en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental.

“El centro representa el deseo de un país que solía enviar solicitantes de asilo y ahora comparte la responsabilidad de ayudar a los refugiados del mundo”, comentó Claudia Liute, de la oficina de Acnur en Rumania.

La Europa peor

La directiva del permiso único que proyecta la UE es una inaceptable regresión de derechos

El Parlamento Europeo podría aprobar hoy por mayoría simple un nuevo recorte de los derechos de los trabajadores extranjeros en la Unión. Cuando, en 2008, se adoptó la directiva del retorno se hizo bajo la promesa de que la lucha contra la inmigración ilegal permitiría una mayor equiparación con los trabajadores nacionales de los extranjeros en situación regular. Era un señuelo: la norma que podría aprobarse hoy, la directiva del permiso único, confirma una inaceptable regresión en los derechos de los trabajadores con la excusa de que solo se aplicará a los que proceden de países terceros. Los derechos no derivan de la condición de las personas, sino de la actividad que realizan; en este caso, un trabajo por cuenta ajena. Por esta razón, la nueva directiva, de aprobarse, no solo implicaría un recorte de los derechos sociales asociados a la actividad laboral la realice quien la realice, sino un nuevo atentado contra el principio de igualdad.

La adopción de políticas comunes fue durante mucho tiempo un estímulo para hacer de la Unión Europea un espacio regido por los principios que dieron lugar a las sociedades más libres, más prósperas y más justas. La inmigración se ha convertido, sin embargo, en una coartada para todo lo contrario. Cada vez que la Unión se ha propuesto en los dos últimos años regular la presencia de trabajadores extranjeros ha sido para convalidar medidas que, con anterioridad, se situaban en ámbitos colindantes con el populismo y la xenofobia. Primero fueron los extranjeros en situación irregular y ahora aquellos a quienes, por disponer de permiso de residencia y de trabajo en regla, se decía querer favorecer.

La directiva que el Parlamento votará hoy deroga para los extranjeros que trabajan legalmente en la Unión derechos tales como el de seguir cobrando las pensiones de regresar a su país de origen, gozar de prestaciones familiares o los referidos a la vivienda, la formación y la formación permanente. Si se aprueba la directiva del permiso único, los inmediatos perjudicados serán los trabajadores a los que afecte. Pero los derechos de los que se les priven no habrán salido indemnes al perder su condición de universales, convirtiéndose en un privilegio para los trabajadores nacionales y en una discriminación para los extranjeros.

La directiva del permiso único, de pasar el trámite parlamentario, sería aprobada en el próximo Consejo de Ministros de Justicia e Interior, no en el de Empleo y Asuntos Sociales. La instancia elegida es significativa del tipo de aproximación por el que ha optado la Unión a la hora de regular los derechos de los trabajadores extranjeros. Esta no es la Europa que deseaban los líderes que concibieron e impulsaron hace medio siglo su integración, ni tampoco la que alimentó las esperanzas de sus ciudadanos. Directivas como la del permiso único, o como la del retorno, son criaturas de una Europa diferente. No más integrada, sino peor.

Fuente: Editorial-Elpais

La Patrulla Fronteriza estadounidense mata a un adolescente mexicano en Ciudad Juárez

Artículo de Elpaís.

El Río Bravo no es ni lo uno ni lo otro, cualquiera puede cruzarlo andando y casi sin mojarse desde Ciudad Juárez hasta El Paso. Tal vez eso fue lo que intentaba ayer Sergio Adrián Hernández, un muchacho mexicano de 14 años, cuando una bala disparada por un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense lo mató en el acto. Su cuerpo quedó tendido del lado mexicano de la frontera, bajo el Puente Negro, a la vista de decenas de personas, niños incluidos, que lloraban por el segundo compatriota muerto en ocho días a manos de policías norteamericanos.

El lunes anterior, el migrante Anastasio Hernández Rojas falleció en San Diego tras recibir una lluvia de golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos. Hay quien dice que el muchacho muerto el martes en Ciudad Juárez ni siquiera intentaba cruzar a Estados Unidos. Que sólo estaba jugando al fútbol junto a sus amigos. Otras versiones sitúan a Sergio Adrián burlándose y arrojando piedras a los policías del país de enfrente. Lo que sí parece claro es que, en cualquiera de los casos, una bala en la cabeza es demasiado castigo.

El servicio médico forense de Ciudad Juárez recogió el cadáver del muchacho y poco después se lo entregó a su familia, que lo veló con su ropa de futbolista. María Rosario Hernández, hermana de Sergio Adrián, aseguró disponer de un vídeo en el que se ve a los agentes estadounidenses intentando destruir pruebas: “En el vídeo se ve cómo la migra cruzó a la parte mexicana del río porque ahí estaban los casquillos de bala y querían llevárselos. La policía mexicana les dijo que no, que se retiraran por favor para allá”. Un testigo dijo haber visto cómo un agente en bicicleta disparó a corta distancia sobre Sergio Adrián y sus amigos.

“El muchacho que posteriormente falleció intentó cruzar el río”, explicó, “pero cuando los policías gringos intentaron detenerlo retrocedió hacia el lado mexicano y se refugió detrás del muro que sostiene al puente. Y cuando asomó la cabeza fue cuando recibió el disparo…”. Ya en el velatorio, Jesús Hernández, el padre de Sergio Adrián y de otros cinco jóvenes más, pidió al presidente Felipe Calderón que se faje ante Estados Unidos para exigir justicia. “Yo le digo al señor Calderón que si tiene pantalones, que se los amarre y que vea lo que está pasando, que o está ciego o no mira”. Jesús Hernández dijo que su hijo sólo fue al río para pasar el rato: “Había muchos chavales, y el de la migra andaría drogado o no sé qué andaría, el chiste es que empezó a tirar balazos y le pegó dos en la cabeza al niño, a mi bebé…”.

La Administración deja a inmigrantes sin tutela por dudosas pruebas de edad

Lo único seguro a simple vista es que aparentan ser jóvenes. Sus edades, sin embargo, se suelen convertir en acertijos burocráticos para las Administraciones y las fiscalías. La línea que separa cada día a decenas de inmigrantes no acompañados de la protección que el Estado concede a los menores de edad depende casi siempre del veredicto de unas pruebas, las oseométricas, cuya realización carece de un protocolo claro y homogéneo y que tienen un margen de error de 18 meses. Ni siquiera está claro cuándo es legal hacerlas y cuándo no. En todo caso, muchas administraciones aplican el siguiente criterio: en caso de duda, contra el inmigrante.

España no aplica un criterio único a los menores no acompañados que llegan al país como inmigrantes. La seguridad jurídica brilla por su ausencia. Cada fiscalía y cada comunidad autónoma interpreta la ley como mejor le parece para decidir si la persona es adulta o menor de edad: unos aceptan la validez de la fecha de nacimiento fijada en el pasaporte y otros hacen por sistema de pruebas óseas para determinar la edad. En algunos casos, estas pruebas las hace la sanidad pública; en otros, algún centro privado elegido por las autoridades, como sucede con la Comunidad de Madrid. A veces los resultados (que nunca son precisos) ofrecen una horquilla de edad; en otros se dice directamente: “en torno a los 18 años”, lo que sirve para dejar de protegerlos como menores.

El “en torno a los 18 años” no tiene sentido científico si no se establece además, el margen de error. “Se trata de una aproximación”, afirma el forense Imanol Garamendi, del Instituto de Medicina legal de Huelva. “No existe ninguna prueba que permita establecer que una persona tiene 16 años y cinco meses”, explica. “Se trata de unas pruebas que se realizan para determinar en términos porcentuales si una persona tiene más o menos de x años -en España la edad clave es 18 años, pero por ejemplo en Alemania pueden ser 21 años, según el caso-. Un diagnóstico de edad ideal nos permitiría, en la mejor de las hipótesis, establecer que alguien tiene el 80% de las posibilidades de ser mayor y un 20% de ser menor”, prosigue.

Las pautas deseables deben incluir, por ejemplo, un examen médico general (para estudiar los parámetros de maduración general de una persona). “Un niño obeso tiene parámetros distintos a un niño desnutrido”.

“Lo que no puede ser es que los chavales paguen el pato cuando esto es un problema claramente político”, dice Peio Aierbe, coordinador de SOS Racismo en Guipúzcoa. El tema es tan político que ayer llegó al Congreso de los Diputados. El Partido Nacionalista Vasco interpeló ayer al Gobierno en el Congreso para pedir claridad. El diputado Emilio Olabarría planteó la necesidad de que el fiscal general del Estado dicte una instrucción con criterios homogéneos y únicos para todas las fiscalías. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, respondió que “la ley es inequívoca y marca con precisión todos y cada uno de los pasos a seguir” y que las circulares de la fiscalía ya establecen “criterios homogéneos”. Se mostró dispuesto a valorar las propuestas de Olabarría, pero no ofreció en ningún momento el punto de vista concreto del Gobierno o su ministerio sobre las mismas.

El problema es que la ley no es tan clara como afirma el ministro. El artículo 35 de la reciente Ley de Extranjería dispone que cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un menor “indocumentado”, le darán protección inmediata y el fiscal determinará la edad a través de las pruebas necesarias, con la colaboración de las autoridades sanitarias. El artículo plantea ya varios problemas. El primero, que no especifica cuándo se considera que un menor está “indocumentado”.

La Fiscalía General del Estado señala en una Circular de 2006 que esto se refiere no sólo a personas que no tienen documentación, sino también “a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentación presuntamente falsa” y a quien haga uso de un documento “que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables (…) por proceder de países cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiación del interesado se incorporan al pasaporte”.

En esta circular aparecen ya elementos difíciles de aplicar de forma homogénea. ¿Qué es un país no fiable? ¿Hay una lista de Estados dudosos? ¿Cómo se decide que la documentación es “presuntamente falsa”? En 2008, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, un 30% de los identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos.

La circular ofrece algunos criterios más de interpretación, pero en los decretos de determinación de edad de los fiscales no siempre se explica de forma argumentada por qué no se acepta la edad que fija un pasaporte.

El caso de un joven camerunés es paradigmático. La semana pasada, la Comunidad de Madrid decidió suspenderle la guarda porque una prueba ósea contradecía lo que figura en su pasaporte, que tiene 17 años. Ni ese documento público ni un certificado de autenticidad firmado por el embajador de Camerún en España sirvió de nada frente a los “probablemente 18 años” que resolvía la prueba. La Fiscalía de Menores de Madrid asumió este criterio para cambiarlo apenas 24 horas después, y resolvió la acogida del chaval en un centro de menores hasta que se despejen las dudas sobre su edad.

El diputado Olabarría planteó ayer en el Congreso el punto de vista de las Administraciones. Afirmó que el País Vasco es una de las regiones que más menores no acompañados tutela (unos 800 frente a aproximadamente 120 en Madrid, 100 en Valencia y ninguno en La Rioja, según los datos que ofreció el PNV) y que algunos de ellos manejan pasaportes falsos en los que constan como menores de edad a pesar de pasar de los 30 años. “Vamos a intentar por lo menos que los menores sean menores de verdad”. Mostró al ministro la foto de un menor acogido en Álava, con barba, asegurando que parecía mayor que el propio Caamaño.

Olabarría propuso, para la homogeneidad de las pruebas óseas, que se exija que sean los Institutos de Medicina Legal, ubicados en todas las comunidades autónomas, los encargados de realizarlas. Es otro de los puntos sobre el que la disparidad es total, y los resultados también. La Fiscalía General del Estado habla en una consulta de noviembre de 2009 de que estas pruebas “no aportan unos resultados absolutamente determinantes” pero “ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja”. Algunos centros médicos, como el que utiliza la Comunidad de Madrid, no dan ninguna horquilla de edad, de forma que es imposible que el fiscal pueda inclinarse “por la más baja”. Sencillamente, hablan de “en torno a los 18 años” y fijan la mayoría de edad a pesar de que científicamente es imposible con estas pruebas fijar la edad de un modo preciso y exacto.

Otro problema es cuando la fiscalía ni siquiera llega a enterarse de lo que ocurre porque la Administración actúa por su cuenta. La Fiscalía de Álava habla de al menos 80 casos -pero cree que pueden ser muchos más, según fuentes del ministerio público- en los que la diputación foral ha practicado pruebas óseas ilegales a menores. Son casos en los que la fiscalía no ha intervenido. Ni siquiera los ha autorizado, y no ha podido garantizar sus derechos. “La primera vez que esta fiscalía ha tenido conocimiento de casos de menores no acompañados desde 2006 ha sido el pasado 4 de febrero”.

La determinación de la edad por parte del fiscal es una medida cautelar para no dejar al menor desprotegido. El ministro Caamaño insistió en que, después de esta primera acogida, “la Administración pública competente puede disponer la realización de cuantas pruebas estime oportunas (pruebas médicas, investigaciones documentales o de cualquier otra naturaleza) para verificar la edad del menor”. El problema es, en muchos casos, que esas pruebas posteriores se convierten en una persecución hasta que una de ellas consigue lo que la Administración quiere: decir que la persona es mayor de edad.

Dudas sobre un pasaporte

La Circular 2/ 2006 y la consulta 1/2009 de 10 noviembre, de la Fiscalía General del Estado, establecen las pautas para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.

- Indocumentados. “En un contexto de ausencia de documentación acreditativa de la identidad y/o de la edad del presunto menor, o de exhibición de títulos con indicios de falsedad o generados en países que de hecho no garantizan la certeza de los datos que sobre la edad del titular figuran en los mismos, por lo que, existiendo dudas al respecto y no habiendo otros medios para despejarlas, puede ser necesario acudir a la práctica de ciertas pruebas médicas para poder determinar aquélla de modo aproximado”.

- Indocumentados. “Hay que considerar como no documentados no sólo a quienes carezcan de documentación, sino también a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentación presuntamente falsa (…), que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables en cuanto a la determinación de la edad, por proceder de países cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiación del interesado se incorporan al pasaporte”.

- Edad provisional. “Una vez fijada la edad de un menor pueden aparecer nuevos elementos de juicio que generen dudas razonables sobre esa primera valoración. En consecuencia, nada impide que, en caso de aportación de nuevas pruebas por parte del menor (…) resulte necesaria la revisión del decreto”.

- Pruebas óseas. “Las pruebas radiológicas son, junto con otras más complejas como con la ortopantomografía, unas de las más fiables en el actual desarrollo de la ciencia médica, dado que, aunque ninguna aporta unos resultados absolutamente determinantes, ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja, esto es, la más favorable a la persona cuya edad ha de determinarse”.

Con información de Daniel Borasteros.

Fuente: El pais

“Aquí no pasan negros. Queremos mantener un rollito español”

Discotecas de Torrejón, incluidas la del vicealcalde y la del concejal de Medio Ambiente, niegan la entrada a inmigrantes

J. ABDELRAHIM / S. GIMENO - Torrejón de Ardoz – 01/02/2010

“Hay sitios donde siempre hay una excusa para los negros”, lamenta Andy. Este nigeriano, vecino de Torrejón de Ardoz desde hace nueve años, casado con una española y con un hijo, asegura que en algunos bares del municipio no se permite la entrada de inmigrantes por sistema.

“Hay sitios donde siempre hay una excusa para los negros”, lamenta Andy. Este nigeriano, vecino de Torrejón de Ardoz desde hace nueve años, casado con una española y con un hijo, asegura que en algunos bares del municipio no se permite la entrada de inmigrantes por sistema. EL PAÍS fue este fin de semana con él y con otros extranjeros a comprobar si existe esta prohibición en Torrejón, donde 26.000 de los 116.000 habitantes son extranjeros, un 22%. La siguiente escena es una muestra del trato que reciben.

Viernes 29 de enero. Dos de la madrugada. Puerta de la discoteca Bianco. Andy, de 34 años, se acerca a los porteros de este establecimiento situado en una zona repleta de locales en la avenida de la Constitución. Detrás de él camina un chico blanco, periodista.

-Buenas noches -saluda Andy a los porteros.

-Lo siento, no puedes pasar -responde uno de ellos.

-¿Por?

-Para pasar hoy hace falta invitación.

-¿Y dónde se consigue?

-Ya no se puede conseguir.

El periodista, que guarda el siguiente puesto en la fila, solicita también la entrada.

-Ya lo has oído, hoy se necesita un pase especial -se disculpan los porteros. Andy aún está presente.

-Vale, al menos dejadme avisar a unos amigos que tengo dentro -responde el periodista.

-Pasa.

Cuando el redactor accede al local, otros clientes confirman que ellos no entraron con invitación. Uno de los porteros que estaba en la puerta toca su hombro.

-Macho, ¿pero tú vienes con el chico negro que está fuera o no?

-No, para nada.

-¡Ah, vale!, es que no sabía si veníais juntos. Verás, no hay ningún pase especial. Es que él no puede entrar porque es negro. Tú te puedes quedar perfectamente.

-¿Y él no porque es negro?

-Sí, ya sabes. Aquí queremos un rollito español. No dejamos pasar a negros.

Andy ya sabía lo que iba a pasar “por experiencia”. Él mismo eligió esta discoteca de entre las varias que aseguraba que le impedirían el paso. Colectivos de inmigrantes como la asociación dominicana Juan Pablo Duarte han denunciado reiteradamente que sufren diferencias de trato por parte de la Administración local y empresas privadas por el simple hecho de ser extranjeros. Entre sus quejas destacan el acoso que reciben en forma de multas y visitas policiales a sus negocios, la imposibilidad de abrir establecimientos como locutorios o bazares debido a una ordenanza municipal que IU tacha de “xenófoba”, o la dificultad para entrar en determinados locales sólo por el color de su piel.En este último caso, la peculiar prohibición también se da en locales vinculados con miembros del Gobierno local, el vicealcalde de Torrejón, José Luis Navarro, y el concejal de Vías, Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, ambos del PP.

Según el Registro Mercantil, Navarro, que también es concejal de Urbanismo, figura como ex administrador único del local Remember en la calle del Caucho de Torrejón. Actualmente, su hermano administra la sociedad. Algo parecido sucede con Díaz, aunque en este caso es su mujer la que administra la empresa. Su bar, el Nará, en plena avenida de la Constitución, es uno de los negocios nocturnos con más proyección en el municipio.

Gilbert y Wilson son dos vecinos dominicanos. Esta noche se han vestido pintones. Los dos muchachos se presentan en la puerta del bar Nará para salir de marcha. Los porteros les impiden el paso. “Se celebra una fiesta privada del Ayuntamiento”, comenta uno de los empleados de seguridad cortando su paso con la mano. A pesar de su insistencia, los dos chicos tienen que irse. Tan sólo 10 minutos más tarde, dos españoles sin invitación para la supuesta celebración del Consistorio se acercan a la puerta. Ni había fiesta ni había que pagar. Los mismos porteros les abrieron las puertas. En el interior del local no se ve ni a una sola persona negra.

En una última intentona, un español acompaña a Andy hasta el mismo bar, el Nará. El objetivo es saber si ir acompañado de un blanco es suficiente salvoconducto para entrar. Al menos en esta ocasión, sucede así. “Mira. Soy el único negro del garito”, comenta con sorna el inmigrante.

La siguiente parada es la discoteca Remember, un poco más alejada del centro urbano, propiedad del hermano del vicealcalde. Andy trata de acceder sin éxito. La razón en esta ocasión es el calzado deportivo. “¡Pero si este chico que está entrando también lleva zapatillas!”, protesta Andy señalando a un español que pasa al interior del local. “¡Ah!, pero es que… es por la gorra”, responde otro cancerbero.

No todos los locales de Torrejón prohíben el acceso a los inmigrantes, pero Andy asegura que la situación se repite con frecuencia, no sólo en los locales vinculados con miembros del Ayuntamiento. “Una vez fui a un local con mi mujer española y otra pareja, los tres blancos. ¡Dejaron pasar a todos menos a mí!”.

Para terminar, Andy prueba suerte en otra discoteca elegida al azar, Pícaro. “Ya verás como en ésta tampoco”, apuesta Andy.

-Buenas noches.

-Lo siento. El local es sólo para rumanos. No pueden entrar ni los españoles.

-¿Para rumanos? Pero, si están saliendo también españoles.

-Serán las parejas. Yo te aseguro que aquí no dejo pasar ni a uno que no sea rumano o acompañante de rumano.

Media hora más tarde, un periodista español, sin acompañantes rumanos, se acerca a la puerta del Pícaro.

-Buenas noches.

-Adelante.

Como Andy, los dominicanos Gilbert y Wilson están más que acostumbrados a que no les dejen pasar en muchos locales de Torrejón. Pero eso no impide que cuestionen el porqué de la negativa. Esa noche, ambos se marchan al vecino municipio de Alcalá de Henares para seguir con la fiesta. “A mí me hubiera gustado entrar en el Nará; seguro que por dentro está genial”, comenta Gilbert antes de despedirse.

Artículo de Elpais.es

El viaje de Bailo

Con los pies sobre la tierra

A nosotros nos subirán la edad de jubilación, pero hay otros que no tendrán jubilación nunca. Os dejo las palabras-testamento de Bailo, que me envía mi compañera Jara desde Senegal. Y no tengo nada más que añadir.

ENTREVISTA A BAILO

Esta entrevista fue hecha en Diciembre de 2005, en la víspera de su viaje a España. Bailo, un joven con físico de deportista, con el rostro irradiando orgullo, medía los riesgos de un viaje que han emprendido muchos jóvenes sin haber vuelto jamás. Pero los que regresan, con el dinero bajo el brazo, hacen que se olviden rápidamente de la tragedia que se vive en Senegal en la actualidad. Bailo nos permitió hacer esta entrevista con la condición de publicarla sólo si moría; cinco meses después de hablar con nosotros, falleció en el mar enfrente de las Islas Canarias, dejando una viuda y dos hijos, con tan sólo 33 años.

¿Por qué quieres irte, sabiendo que no tienes ningún documento que te lo permita?

A nadie le dan los papeles para ir a trabajar a Europa. No hay más solución que irse de forma clandestina, del resto se encargará Dios. Estamos obligados a hacer el viaje por etapas, ya que no tenemos el dinero para hacerlo todo seguido, pero también porque un simple campesino no podrá nunca tener un visado Schengen. Así que no nos queda otra elección, y hay que salir de aquí para poder vivir, así que me iré como el resto.

¿Y por qué irse a España, cuando sabes que hay jóvenes que mueren por el camino y que otros son repatriados nada más llegar a Europa?

En la vida, cada persona tiene su destino, pero nosotros no queremos ser eternamente pobres. Aquí, si nos quedamos, estaremos como nuestros padres, obligados a vivir cultivando la tierra con nuestras propias manos. El ganado, que representaba la riqueza de nuestros antepasados, ya no es rentable. Hay robos diarios que diezman nuestros rebaños, y cuando llega la estación de las lluvias, tenemos que venderlo todo para comprar víveres. Si un miembro de la familia cae enfermo, no le podemos curar; nunca tendremos casas, sólo cabañas de paja. Los que se van, vuelven y compran grandes casas en las ciudades, chalés que antaño eran impensables para un campesino. Hoy en día, muchos jóvenes, y no sólo los campesinos, sueñan con ir a trabajar a Europa. Mira los presidentes de los países africanos: todos envían a sus hijos a Europa, pero a nosotros nos cierran las puertas. Así que tendremos que ir por nuestros propios medios.

Bailo, hay senegaleses que nunca han ido a Europa y sin embargo viven bien

Esa gente, en el futuro, son los que enviarán a sus hijos a Europa, porque ellos sí que tienen los medios para que les den los papeles, y saben que en este país ya no hay dinero. Ellos han tenido suerte. Nosotros no nos vamos porque no amemos a nuestro país, sino porque no conocemos ninguna otra solución para luchar contra la pobreza, y ésta se acentúa cada día. Si yo aquí tuviera la oportunidad de tener una vida mejor, jamás abandonaría mi país pero… quiero intentarlo al menos. Es difícil para mi familia, para mi madre, para mi mujer,… pero voy a intentarlo. Si no funciona, por lo menos sabrán que lo único que pretendía era luchar contra la pobreza. Lo único que pido ahora es que recen por mí. Voy a ir hasta Marruecos, e intentar entrar en España cruzando el mar, parece que es más fácil desde allí. Si muero, no seré el primero, y desde luego no es un suicidio.

¿Qué te gustaría que tus hijos recordaran de ti?

(Reflexiona un largo instante) Me gustaría que sepan que les quiero mucho, que sólo quiero que vivan mejor en nuestro propio país, y que ésta es la razón de mi viaje.

Abdou Diao