Nota de El mercurio digital
Dos estudios sobre mujeres y abusos sistémicos documentan deficiencias y falta de rendición de cuentas
“Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad. En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”.
Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres
El sistema de atención médica en la detención inmigratoria estadounidense es peligrosamente inadecuado, con consecuencias particulares para las mujeres, y mejorar los cuidados de salud que se brindan a personas inmigrantes detenidas debería ser una prioridad principal para el nuevo gobierno, dijeron hoy Human Rights Watch y el Centro para la Defensa de Inmigrantes en Florida (FIAC, por sus siglas en inglés). En dos informes publicados este día, Human Rights Watch y el FIAC documentan numerosos casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) chapuceó, demoró o denegó atención médica, ocasionando sufrimiento e incluso muertes.
El informe de 78 páginas de Human Rights Watch, “Detained and Dismissed: Women’s Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention” (“Detenidas y descartadas: Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en la detención inmigratoria”), documenta decenas de casos en los cuales el personal médico del ICE no respondió en absoluto a los problemas de salud de mujeres detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.
“Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. “En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”
Las mujeres dijeron que tenían que luchar a fin de obtener servicios que podrían salvarles la vida, tales como pruebas de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino, mamografías que detectan el cáncer de mama, atención prenatal, asesoramiento a sobrevivientes de violencia e incluso suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. Los obstáculos a los servicios de salud incluían una comunicación inadecuada sobre los servicios disponibles, demoras inexplicables en el tratamiento, denegación injustificada de servicios, violación de la confidencialidad y el hecho de no transferir historiales médicos. Cuando a las mujeres se les negaban servicios, los mecanismos para quejas eran ineficaces.
El informe de 78 páginas del FIAC, “Dying for Decent Care: Bad Medicine in Immigration Custody” (“Muriendo por falta de atención digna: Mala medicina en la custodia inmigratoria”), identifica fallas fundamentales que han resultado en una respuesta deficiente, y algunas veces pavorosa, a los problemas de salud. Éstas incluyen: falta de supervisión independiente para asegurar la calidad y eficacia de la atención médica a personas detenidas; demoras y denegación de cuidados; insuficiencia de personal cualificado; cuidado inapropiado de pacientes con enfermedades mentales y discapacidades físicas; problemas con la medicación; dificultad para acceder a historiales médicos; falta de intérpretes competentes y profesionales; conducta cruel y abusiva por parte de algunos miembros del personal clínico y penitenciario; centros insalubres y hacinados, además de la transferencia o segregación de personas detenidas como represalia por haber presentado quejas sobre la atención médica.
“Las tasas de mortalidad en la detención parecen estar empeorando” dijo Cheryl Little, directora ejecutiva del FIAC. “El ICE detiene innecesariamente a personas que padecen enfermedades graves y a quienes no representan daño alguno para comunidades en Estados Unidos. Esto eleva los costos del ICE pese a que la agencia proporciona una atención médica y de salud mental cada vez más inadecuada a personas bajo su custodia”.
El informe del FIAC se basa en entrevistas, conversaciones telefónicas y correspondencia con personas detenidas y funcionarios penitenciarios e inmigratorios. También incluye información proveniente de materiales del gobierno estadounidense, artículos de prensa y otros datos.
El informe de Human Rights Watch se basa en visitas a nueve centros de detención en Florida, Texas y Arizona, así como en entrevistas a 48 mujeres detenidas o recientemente puestas en libertad de la detención inmigratoria, a personal de los centros de detención y proveedores de cuidados de salud, funcionarios de inmigración, abogados y defensores de inmigración. Se realizó investigación adicional en las áreas metropolitanas de Nueva York y Washington, DC.
Más de 300,000 personas estuvieron bajo custodia inmigratoria apenas en el último año. A la mayoría de los inmigrantes detenidos se le retiene en cárceles estatales y municipales contratadas por la agencia federal. Las mujeres constituyen aproximadamente el 10 por ciento de la población bajo detención inmigratoria. Las violaciones de las leyes inmigratorias son infracciones civiles, no penales; a las personas inmigrantes detenidas se les pone bajo custodia administrativa – no punitiva. En promedio, la permanencia bajo custodia es de 38 días, pero a algunas personas se les retiene durante meses e incluso años.
Según las normas internacionales, las personas detenidas tienen derecho al mismo nivel de atención médica que se brinda a la gente en la comunidad general. Sin embargo, la política de la agencia inmigratoria se centra en la atención de emergencia. En lo que respecta a visitas médicas fuera de los centros de detención, la política permite los cuidados no urgentes sólo si la falta de tratamiento “ocasionara deterioro de la salud de la persona detenida o un sufrimiento incontrolado que afecte su estatus de deportación”. Esta política existe junto a una serie de normas de detención que fueron recientemente modificadas a fin de incluir requisitos más detallados para los centros en relación con la atención médica. Las normas de detención modificadas entrarán en vigor en 2010.
“Las modificaciones recientes a las políticas por las autoridades inmigratorias contienen mejoras importantes, pero falta mucho por hacer para desarrollar políticas adecuadas, asegurar su aplicación apropiada y abrir el sistema de detención a una supervisión eficaz”, aseveró Rhoad. “Las deficiencias en la atención médica afectan tanto a hombres como a mujeres, pero reparar el sistema requerirá un esfuerzo especial por identificar y atender las necesidades particulares de cuidados de salud de las mujeres bajo detención”.
Human Rights Watch y el FIAC exhortaron al nuevo gobierno a:
- asegurar que de manera justa y rápida se consideren la libertad condicional y alternativas a la detención para personas actualmente detenidas – incluyendo a aquellas que están enfermas, mujeres lactantes y embarazadas, así como solicitantes de asilo y otras personas a quienes no se debería detener;
- emitir regulaciones federales a fin de que las normas de detención de la agencia inmigratoria tengan fuerza de ley y que las personas detenidas y sus defensores puedan recurrir a los tribunales para remediar las deficiencias en los cuidados de salud; y
- revisar las políticas que limitan el acceso a servicios no urgentes.
A fin de proteger la salud y los derechos de las mujeres bajo custodia, Human Rights Watch también instó al gobierno a:
- abstenerse de detener a mujeres que estén sufriendo los efectos de persecución o abuso, o que estén embarazadas o amamantando a infantes;
- adoptar normas específicas relativas a los servicios de salud para mujeres, incluyendo los de salud reproductiva; y
- prohibir que se engrillete a mujeres embarazadas.
“Sólo un escrutinio independiente y externo de la atención médica para personas detenidas asegurará que el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE cumplan con su responsabilidad moral y legal de velar por la salud y seguridad de las personas detenidas encomendadas a su cargo”, dijo Susana Barciela, directora de políticas del FIAC.
“En la clínica, yo ya no podía hablar, sólo llorar. Una enfermera me dijo que lo lamentaba, pero el doctor había renunciado, así que no se contaba con ningún médico. Me senté en una silla y me agarré el estómago. … Pensé que iba a morir”.
- Miguel Bonilla Cardona, quien sufrió perforación del apéndice en una cárcel municipal contratada por el ICE en el centro de Florida
“Inmediatamente mi cuerpo empezó a temblar. Sentí tanto frío que pensé que me iba a congelar hasta morir, pero al mismo tiempo estaba sudando… Pocos minutos después tuve una convulsión y mi cuerpo comenzó a sacudirse tan violentamente que me caí de la cama al piso”.
- Zena T. Asfaw describe la experiencia que casi acabó con su vida luego de que fue obligada a tomar un medicamento equivocado en un centro de detención en California
“Me preocupa mucho mi seno. Le dije a mi familia, ‘No me pidan [que apele mi caso inmigratorio]‘. No estoy bien y tendría que quedarme sin atención médica. No sé de un mes al otro… las cosas podrían empeorar en mi pecho. Me está doliendo. ¿Qué se supone que debía hacer, morir de cáncer aquí? Con atención adecuada, sí, me quedaría hasta el final. Porque 22 años de mi vida [han transcurrido en Estados Unidos]. Mis hijos tienen 12 años y Estados Unidos es lo único que conocen. ¿Depresión, alimentos inadecuados, detención? Sí, incluso así me habría resistido indefinidamente”.
- Antoinette L., Arizona, mayo de 2008
“Se supone que me debían hacer una prueba [de Papanicolaou] cada seis meses. Le pedí a mi hija que enviara el historial. Lo recibí y se lo llevé al personal médico para que vieran que no estaba mintiendo. He pedido muchas veces. … Es terrible porque sientes que tienes algo que te puede provocar la muerte … y no recibes ayuda”.
- Lucía C., Nueva Jersey, mayo de 2008. A Lucía C. no se le realizó ninguna prueba de Papanicolaou durante más de 16 meses que estuvo detenida.
“Empecé a quedarme ciega”, dice Mary T., una mujer diabética que fue detenida por las autoridades migratorias estadounidenses cuando su visión empezó a fallar. “Solamente podía distinguir las formas de las personas” señala, “no podía distinguir números ni letras”. Ella se quejó en repetidas ocasiones con sus carceleros, pero no recibió atención médica durante 15 días en los que su condición empeoró. Cuando una enfermera fue asignada finalmente, recuerda Mary T., la enfermera le preguntó: “¿Por qué no nos dijiste antes?”.
Para Mary T. , quien recuperó su visión, y las miles de mujeres detenidas cada año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), el mencionar sus problemas de salud no es suficiente. Dos reportes, uno de Human Rights Watch y el otro del Centro para la Defensa de Inmigrantes en Florida (FIAC, por sus siglas en inglés) documentan docenas de casos en los cuales el personal médico del ICE no respondió en absoluto a los problemas de salud de mujeres detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.
“Mujeres bajo detención describieron violaciones tales como el hecho de engrilletar a detenidas embarazadas o no dar seguimiento a señales de cáncer de mama o de cuello uterino, así como afrentas a su dignidad”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. “En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligros. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz”
Investigadores de Human Rights Watch visitaron nueve centros de detención en Florida, Texas y Arizona, y entrevistaron a 48 mujeres detenidas o recientemente puestas en libertad de la detención inmigratoria, a personal de los centros de detención y proveedores de cuidados de salud, funcionarios de inmigración, abogados y defensores de inmigración. El informe del FIAC se basa en entrevistas, conversaciones telefónicas y correspondencia con personas detenidas y funcionarios penitenciarios e inmigratorios. También incluye información proveniente de materiales del gobierno estadounidense, artículos de prensa y otros datos.
Las mujeres dijeron que tenían que luchar a fin de obtener servicios que podrían salvarles la vida, tales como pruebas de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino, mamografías que detectan el cáncer de mama, atención prenatal, asesoramiento a sobrevivientes de violencia e incluso suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. Los obstáculos a los servicios de salud incluían una comunicación inadecuada sobre los servicios disponibles, demoras inexplicables en el tratamiento, denegación injustificada de servicios, violación de la confidencialidad y el hecho de no transferir historiales médicos. Cuando a las mujeres se les negaban servicios, los mecanismos para quejas eran ineficaces.
Más de 300,000 personas estuvieron bajo custodia inmigratoria apenas en el último año. Las mujeres constituyen aproximadamente el 10 por ciento de la población bajo detención inmigratoria. Las violaciones de las leyes inmigratorias son infracciones civiles, no penales; a las personas inmigrantes detenidas se les pone bajo custodia administrativa – no punitiva. En promedio, la permanencia bajo custodia es de 38 días, pero a algunas personas se les retiene durante meses e incluso años.
Según las normas internacionales, las personas detenidas tienen derecho al mismo nivel de atención médica que se brinda a la gente en la comunidad general. Sin embargo, los investigadores encontraron un patrón perturbador de negligencia al paciente. Antes de ser detenida, Lucía C., fue informada por su médico a que realizara exámenes de Papanicolaou semestrales, porque los resultados de su más reciente procedimiento mostraron anormalidades. Cuando fue detenida en una cárcel municipal en Nueva Jersey, las autoridades rechazaron su solicitud para el procedimiento. “Se supone que me debían hacer una prueba [de Papanicolau] cada seis meses”, dijo a Human Rights Watch. “Le pedí a mi hija que enviara el historial. Lo recibí y se lo llevé al personal médico para que vieran que no estaba mintiendo. He pedido muchas veces”. A pesar de sus esfuerzos, a Lucía C. no se le realizó ninguna prueba de Papanicolaou en los 16 meses que estuvo detenida. “Es terrible, porque sientes que tienes algo que te puede provocar la muerte…y no recibes ayuda”.
La política de atención medica del ICE se centra en el cuidado de emergencia. La mayoría de las complicaciones surgen cuando las detenidas requieren atención médica no urgente. En lo que respecta a visitas médicas fuera de los centros de detención, la política del ICE permite los cuidados no urgentes sólo si la falta de tratamiento “ocasionara deterioro de la salud de la persona detenida o un sufrimiento incontrolado que afecte su estatus de deportación”. Esta política existe junto a una serie de normas que fueron recientemente modificadas a fin de incluir requisitos más detallados para la atención médica en los centros de detención. Las normas modificadas entrarán en vigor en 2010. Para algunas de las mujeres que actualmente se encuentran bajo custodia, estas normas podrían llegar muy tarde.
El ICE detiene a personas en más de 500 centros a nivel nacional, el personal de la División de Servicios de Salud de Inmigración (DIHS, por sus siglas en inglés) provee servicios médicos en 21 de estos centros. En otros, la atención médica es subcontratada junto con otras funciones de detención.
Las mujeres constituyen el 10 por de la población bajo detención inmigratoria, y promedian aproximadamente 30,000 en cualquier día. Las mujeres son detenidas en más de 300 centros.
La mitad de las mujeres que Human Rights Watch entrevistó dijeron que habían sufrido retrasos en recibir la atención médica solicitada y casi la misma cantidad de mujeres se vieron obligadas a efectuar repetidas solicitudes para obtener una respuesta adecuada a sus preocupaciones médicas.
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