Unos refugiados congoleños se presentan ante un tribunal para poder adoptar a un bebé keniano abandonado

Fuente: Reuters/EP

Una familia congoleña desplazada por la guerra se presentó hoy ante un tribunal para poder conseguir la adopción de un bebé keniano que ellos aseguran que encontraron abandonado en el margen de una carretera, en un caso que pone a prueba el derecho que tienen los refugiados a adoptar.

Este caso podría ser el primero de este tipo en la historia legal, según la abogada de la familia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Creo que sentaría un precedente, la ley es silente sobre si los refugiados pueden adoptar”, aseguró la abogada, Rose Mbanya, mientras el caso comenzaba en el Tribunal Supremo de Nairobi.

El profesor y pequeño hombre de negocios, Jean Pierre Tombo Milenge, de 47 años, huyó de la ciudad de Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC), con su mujer, Alphonsine Kavira Salambongo, de 43, y sus nueve hijos en 2005 cuando, según Tombo, los rebeldes fueron a buscarle para reclutarle.

En agosto de 2007, Salambongo se encontró con un niño, de aproximadamente un año de edad, sentado solo en un lado de una carretera de Nairobi cubierto de mugre. “El niño había hecho sus necesidades encima, y nadie se atrevía a tocarlo”, declaró.

De acuerdo con la familia, la Policía les dijo que tendrían que dar el niño a un orfanato, pero seis de estos centros rechazaron tomarle a su cargo, así que los refugiados le acogieron en su casa, en la capital keniana. El niño, del que no se puede dar su nombre por motivos legales, se convirtió con rapidez en un miembro más de la familia y ésta solicitó su adopción, según confirmaron Milenge y su abogado.

Después de ocho meses, sin embargo, las autoridades encargadas de los menores intervinieron y se llevaron al niño a un orfanato de Nairobi, según la familia. “Ordenaron al orfanato que no nos dejaran visitarlo, incluso dijeron que querían que el niño nos olvidara”, manifestó Milenge. “En Navidad, vinimos con regalos y nos negaron el acceso”, añadió.

El director del departamento de Menores en el Ministerio de Género, de Menores y de Desarrollo Social de Kenia, Ahmed Hussein, declaró que su oficina no puede comentar nada sobre esta cuestión antes de que sea juzgada.

Por su parte, el juez de familia del Tribunal Supremo, Kalpana Rawal, pidió hoy a todas las partes, incluido el niño y un representante de la Embajada de Estados Unidos, que regresen el próximo 13 de marzo para realizar una vista detallada y así alcanzar el mejor interés del niño, que ahora tiene dos años y medio.

PROCESO LARGO

“Está siendo un proceso muy largo. Ahora no sé si el niño nos recordará, un niño pequeño puede incluso olvidarse de su propia madre”, se lamentó Milenge. La familia también ha manifestado que pretenden marcharse el próximo mes de marzo hacia Estados Unidos y quieren llevarse al niño con ellos.

“A pesar de nuestro estatus de refugiados, realmente creemos que lo podemos hacer y ser buenos padres para el niño (…), además de darle una familia con amor”, aseveró el padre ante el tribunal. “Es nuestro humilde punto de vista que hemos sido discriminados debido a nuestro estatus de refugiados, sin ninguna base legal para hacer esto”, añadió. “Mis hijos también han crecido cogiéndole cariño, y se refieren a él como a su hermano más pequeño”, anotó.

Un portavoz de ACNUR en Nairobi señaló que parece que la situación no tiene precedentes. “Es la primera vez que tenemos constancia de esto”, señaló. “Si un refugiado quiere adoptar en Kenia, tiene que atenerse a las leyes de adopción de Kenia como cualquier otro extranjero”, añadió.

El abandono de niños es un fenómeno bastante común en Kenia y en África, donde las madres, golpeadas por la pobreza, a menudo se desesperan para poder criarlos. Kenia aloja a miles de refugiados de las zonas de conflicto que rodean la región, incluidos Sudán y Somalia.

HRW pide a la ASEAN que se enfrente a la situación de los DDHH en Birmania

Fuente: EuropaPress

Los líderes que acudirán a la cumbre de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) deberían debatir la situación de los Derechos Humanos en Birmania y la mejora de la protección de los migrantes y de los que buscan asilo, afirmó hoy la ONG Human Rights Watch (HRW) en una carta enviada al secretario general de la asociación, Surin Pitsuwan.

La organización instó a que esos asuntos sean una de las prioridades del nuevo organismo de Derechos Humanos de la ASEAN, que será tratado durante la reunión que tendrá lugar desde mañana hasta el 1 de marzo en Hua Hin, Tailandia.

Por otro lado, la crisis económica y el impacto que tiene sobre los derechos de los migrantes resalta cómo las brechas existentes en los actuales marcos político y laboral en toda la región llevan a millones de trabajadores al borde del maltrato, denunció la ONG.

REFUGIADOS BIRMANOS

Human Rights Watch comentó que el hecho de que las autoridades tailandesas obligaran a volver al mar a varios barcos en los que viajaban refugiados de la étnia rohingya procedentes de Birmania, dejando que cientos de ellos muriesen, es una prueba de la necesidad de soluciones regionales para la defensa de los Derechos Humanos en el sureste asiático.

“La tragedia alrededor del peligroso éxodo de los rohingyas revela los manifiestos fallos de la ASEAN para tratar el tema de Birmania”, declaró la subdirectora para Asia de HRW, Elaine Pearson. “Los continuos fallos de la ASEAN para hacer responsable a Birmania de sus abusos y su poca disposición a proporcionar refugio a aquellos que huyen de la opresión en Birmania son dos caras de la misma moneda”, añadió.

Asimismo, la ONG recordó que la Junta Militar que gobierna Birmania desde hace cuatro décadas sigue negando a sus ciudadanos libertades básicas como la de expresión, la de asamblea y la de asociación. También detiene regularmente a activistas políticos y defensores de los Derechos Humanos. El número de prisioneros políticos se ha doblado tras las protestas ocurridas en septiembre de 2007, y ahora ya se cuentan en más de 2.150, según la organización.

Advirtió además de que la Junta continúa violando los derechos de los civiles que se encuentran en áreas de conflictos étnicos y acusó al Gobierno militar de cometer ejecuciones extrajudiciales, de obligar a realizar trabajos forzados y de confiscar terrenos sin un proceso previo, como parte de las ofensivas militares y para preparar proyectos de mega infraestructuras para empresas extranjeras.

Por ello, la ONG pidió que el organismo de Derechos Humanos de la ASEAN investigue e informe de forma independiente sobre las condiciones de estos derechos en los países miembros, y que Birmania debe ser la prioridad.

Por otra parte, además de las medidas que deben ser adoptadas en colaboración con la ONU para proteger a los rohingya cuando logran huir de Birmania, HRW aseguró que sería un paso significativo el que los países miembros de la asociación ratificasen la Convención sobre los Refugiados de 191 y su Protocolo, de 1967.

PROBLEMAS LABORALES

La crisis económica y el impacto que tiene sobre los derechos de los migrantes resalta cómo las brechas existentes en los actuales marcos político y laboral en toda la región llevan a millones de trabajadores al borde del maltrato, denunció la ONG.

“Muchos migrantes son engañados acerca de sus condiciones laborales, estafados con sus sueldos, sufren abusos por parte de sus empleadores y deportados sin acceso a una reparación”, denunció Pearson.

“Medidas concretas para promocionar y proteger los derechos de los refugiados y migrantes hará posible que la ASEAN evolucione desde un foro de trabajo hacia una organización orientada a la acción, respondiendo a lo que realmente importa a la población del sudeste asiático”, concluyó Pearson.

Caza de ilegales?

Un artículo de María Lozano- 20minutos.es

Los estados elaboran reglas para controlar las migraciones de seres humanos y éstos ejercen su derecho fundamental a sobrevivir. Lo primero es un ejercicio de poder, lo segundo un acto de libertad.

Los inmigrantes en situación irregular no son delincuentes sino gente sin los papeles que exige la Ley de Extranjería. Es una cuestión administrativa, no penal, porque no hay personas ilegales.

¿Cómo explicar, a quienes para subsistir necesitan salir de su país, que tienen menos derecho a circular libremente por Europa que las mercancías y que por supuesto el dinero? Lo pregunto tras las últimas muertes en pateras, sabiendo cómo y en qué trabajan muchos de los que he visto esconderse de la policía.

Y es que hemos sabido que, como incentivo laboral, los agentes contaban con un cupo de detenciones de indocumentados. Como si fueran objetos o trofeos de caza burocrática, para alimentar aún más la confusión entre inmigración y delincuencia. Y al delegado del Gobierno en Valencia (socialista, para más señas) todo esto no le parece grave. Apañados estamos.

El tema migratorio, debe ser prioritario.

Este artículo destaca una necesidad importante que así como en la ciudad de Pereira, en muchas otras ciudades de Colombia y de Latinoamerica en general, a los gobernantes no se les pasa ni por la cabeza, el impacto del retorno de todos los migrantes a sus lugares de origen, a raíz de la crisis.

Editorial/Latarde.com

 

Pasan los días y no se avizora ninguna política pública que atienda con entereza y suficiencia, el tema de los migrantes en Risaralda, ni mucho menos del país.

A nadie parece importarle que hasta finales de diciembre habían retornado cerca de 2 mil nacionales, algunos de los cuales beneficiarios de programas de subsidio de desempleo de los países donde permanecieron, pero para la gran mayoría no habrá más que brazos cruzados.

Tampoco causa preocupación que, según las proyecciones de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema, y gobiernos europeos, podrían estar retornando antes de mediados de año por lo menos 8 mil personas, que no van a tener ocupación, que traen algunos ahorros, pero para los que no hay proyecto futuro.
Hemos tenido conocimiento de que la asociación de cooperación colombo-española Aesco, tiene unos recursos importantes (500 mil euros), para atender programas sociales, para brindar atención a los retornados, para hacer seguimiento a su situación y ofrecer programas de capacitación. Pero ni la Alcaldía de Pereira ni el gobierno de Risaralda, tienen especificados en sus programas de gobierno, o consideran prioritario el tema migratorio, pese a que nos podemos ver abocados a un problema de riesgo económico y social.
No le cuesta mucho al Estado ofrecer su red oficial, para determinar de mejor manera la situación de los migrantes, sus hijos, sus familias, sus ahorros, su situación de escolaridad, sus problemas psicológicos, etc.
Parece que en el tema migratorio, el sector público prefiere mirar para otro lado, porque no lo considera prioritario en su agenda política.
Cuando comiencen a estallar en lals manos de los gobernantes las problemáticas sociales que genera la migración, y ahora el retorno, podría ser tarde para plantear las soluciones. El de las migraciones, es un tópico que debería estar entre las prioridades de los administradores públicos.

Todo el mundo quiere volver a la tierra que le vio nacer

Fuente: Elperiodico.com /Jose García Barahona

He pasado varios días hablando con grupos de mujeres en los campos de refugiados de Darfur. Como viven allí desde hace años, los campos tienen apariencia de pueblos. Han recuperado sus estructuras locales, y con la ayuda de las oenegés y Naciones Unidas han conseguido que haya agua (de eso nos encargamos en Intermón Oxfam), distribución de alimentos, puestos de salud y escuelas. Aparentemente son pueblos normales, a excepción de la aglomeración de personas. Pero esta apariencia desaparece cuando, bajo la sombra de uno de los escasos árboles que hay en la zona, te sientas a charlar con la gente que vive ahí.

Una mujer de Darfur me cuenta: “Nos empezaron a robar el ganado. Venían hombres armados, montados a caballo o en camello y nos robaban nuestros animales, no podíamos hacer nada. Luego volvieron durante la época de la cosecha y se llevaban lo que habíamos recogido. Un día aparecieron varios hombres armados en coches y camellos, empezaron a disparar y a quemar las casas. Me escondí junto a mi familia en casa, pero de repente empezó a arder. Salimos todos corriendo y nos encontrarnos con que fuera había disparos; mataron a mi padre y a dos de mis hermanas. Me escondí en los arbustos hasta que llegó la noche”.

Varias de las historias que me cuentan son iguales.  Son un grupo de 18 y todas han perdido a alguien de la familia: el marido, el padre, los hijos o varios a la vez. Todas cuentan cómo de día se escondían y andaban por la noche en dirección a la frontera con Chad. Vienen de distintos pueblos de Darfur, pero todos los que llegaron hasta aquí tardaron unos tres días en hacer el camino. Una mujer me cuenta que lo que peor recuerda, lo que fue más difícil de superar, más aún que el miedo y que el hambre, era la sed. Anduvo tres días por el desierto sin beber agua. Fue lo primero que pidió al llegar a la frontera con Chad.

Todo el mundo llegó aquí hace cinco años. Venían literalmente con lo puesto, sin nada más. Sus animales, sus herramientas de trabajo, su ropa, los cacharros para cocinar, sus esteras…. lo poco que tenían se quedó en Darfur. Ahora, se podría decir que “no les falta de nada” en el campo de refugiados, pero hay algo que no han recuperado: la autoestima, el sentirse útiles y poder producir su propia comida. Recuerdo que hace tiempo, Salil Shety, Director de la campaña de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas me dijo que cuando alguien tiene que recibir alimentos para poder comer él/ella y su familia, su dignidad queda por los suelos.

En uno de los campos que visito, un hombre joven espera que acabe mi reunión con el grupo de mujeres y viene hacia mi. Me habla en un inglés bastante incomprensible, pero sus palabras me llegan airadas: está harto de estar allí, es joven, está sano y tiene fuerza, quiere trabajar, puede y quiere ganarse la comida por él mismo, no quiere depender de distribuciones. Me dice que estando aquí metido no se siente persona.

Lo único que les devolverá su integridad es volver a su tierra. Aquí en Chad son refugiados, pueden quedarse y son atendidos, pero no son ciudadanos chadianos: no pueden alejarse más de cinco kilómetros del campo donde viven, no pueden trabajar y la poca tierra fértil que hay (esto es el Sahel, aquí no sobran las hectáreas cultivables) está en manos de la población local.

Sólo pueden esperar. Esperar que las cosas se arreglen al otro lado de la frontera, aunque las noticias que les llegan a través de los nómadas y los comerciantes que acuden a los mercados de la frontera no son muy esperanzadoras. El conflicto en Darfur continúa.

A pesar de ello y de la pesadilla por la que han tenido que pasar hasta llegar aquí, siempre tienen una sonrisa a punto de boca. En todas las reuniones, después de acabar los relatos, ya en tono más distendido, siempre me preguntan algo o sale alguna chorrada con la que todo el mundo se parte de risa. Las mujeres que veis sonriendo en la foto son uno de esos grupos de refugiadas a las que mataron a sus familias. Llevan cinco años metidas en los campos de refugiados y no hay perspectivas de poder volver en el corto plazo.

Me reúno con un último grupo y les preguntó, un poco provocativamente, por qué quieren volver si en el campo tienen agua, escuela, puesto de salud, distribución de alimentos y de utensilios de cocina (muchas de estas cosas no las tenían en sus pueblos de origen). Un anciano, se levanta, y muy seriamente me contesta: “Sólo un loco no quiere volver a la tierra que le vio nacer”.

Los jóvenes saharauis se impacientan

Fuente: EuropaSur/EFE

Ya sean de la generación anterior a 1975 o nacidos en los campos de refugiados, estudiantes, soldados o mayormente parados, los jóvenes saharauis se inclinan en su gran mayoría por la vuelta a las armas y consideran “inútil” la búsqueda de una solución política.

En los campamentos de refugiados los saharauis están muy politizados, impregnados desde la más tierna edad por el sueño de la recuperación de su tierra junto al océano Atlántico.

Los niños de la “hamada”, la parte más dura del desierto argelino, aprenden desde muy pequeños palabras como “independencia, derechos humanos u ocupación” y las recitan de memoria en los cantos que van aprendiendo mientras juegan con cualquier cosa entre las ariscas piedras de esta parte del Sahara.

En el campamento de Esmara, el más poblado de los cinco en los que viven desde hace 34 años cerca de 160.000 refugiados, el joven comerciante Mohamed Sadek sintetiza  en una frase la convicción de la mayoría de los saharauis de su edad.

“Lo que ha sido tomado por la fuerza no puede ser recuperado más que por la fuerza, el ruido de un tiro de fusil resuena mucho más que los discursos de cien congresos”, afirma.

Sadek es consciente del peso y la gravedad de sus afirmaciones, pero recalca que espera con impaciencia una orden del Frente Polisario para emprender la lucha armada, aunque añade que seguirá las instrucciones del movimiento independentista “con la más rigurosa disciplina”.

Como para justificar sus palabras, eleva un dedo y dibuja un semicírculo que abarca gran parte del campo de Esmara, donde nacieron sus dos hermanas pequeñas y donde su familia sobrevive en condiciones precarias.

“Cuando se vive en la miseria más total, contando sólo con la caridad para comer, vestirse o curarse, mientras que, apenas a unos cientos de kilómetros, tu país vive bajo la ocupación, con sus numerosas riquezas expoliadas, sólo queda una única opción: batirse hasta el fin para recuperar lo que legítimamente te pertenece”, asevera.

Otro joven parado, Hammoudi, apoyado junto a un muro del que cuelga una enorme bandera con la inscripción “Bienvenido Christopher Ross, portador de una luz de esperanza para una solución justa”, comparte la opinión de Sadek, aunque se muestra también partidario de darle otra oportunidad a las negociaciones políticas.

Ross, nuevo enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, llegó el pasado sábado a los campos de refugiados y se entrevistó el domingo con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz.

Sus declaraciones tras reunirse con el presidente, en las que dijo que pretende llegar a una solución que tenga en cuenta el derecho de autodeterminación saharaui, han caído en los campamentos como la ansiada agua de la lluvia sobre la “hamada”.

“Hay un tiempo para la guerra al igual que hay un tiempo para la estrategia política y pacífica. No queremos ser los primeros en retomar las hostilidades”, comenta Hammoudi, que deposita ciertas esperanzas en el nuevo enviado de la ONU.

El joven refugiado insiste en que los saharauis desean que la opinión internacional sea testigo de su voluntad de resolver el conflicto que les opone a Marruecos en primer lugar a través del diálogo.

“Pero en caso de necesidad imperiosa, toda la población está y estará presta para volver a las armas”, advierte.

Cheja, uno de los cientos de saharauis que dejaron los campamentos cuando eran apenas unos niños para estudiar durante años en Cuba con la ayuda del Gobierno de La Habana, coincide también con sus compañeros.

Al igual que el resto de los llamados “cubanauis”, Cheja habla un español caribeño muy divertido para un habitante del desierto y despliega un ingenio similar al de un originario de Santiago de Cuba.

Es capaz de recitar de memoria a los poetas españoles de la generación del 27 y también de permanecer en los campos cuando su educación le permitiría quizás buscar una vida más prospera en España o en Europa.

“Llevamos muchos años intentando encontrar una solución con el diálogo, pero la gente está ya cansada de buenas palabras, todos mis amigos quieren salir de una vez de esta vida de vegetales y están dispuestos a todo para ello”, subraya.

CEDAW: Recomendación General sobre trabajadoras migrantes

Fuente: AWID

A la búsqueda de algo mejor

El cincuenta por ciento de las personas que migran para poder conseguir trabajo está constituido por mujeres y de todas las edades. Y esta migración no es de ahora, tiene una larga historia basada en fallas estructurales económicas de sus países de origen, en la pobreza más arraigada; otras veces esas mujeres vienen escapando de conflictos armados o de catástrofes naturales.

Estas trabajadoras migrantes o migrantes económicas (1) son parte importante del mercado laboral global, y son ellas las que ayudan a las economías de los países de destino. Son trabajos mal pagos, no reconocidos legalmente, y en muchísimos casos siempre está presente la ilegalidad de su estancia en esos países. Comparativamente, ellas están siempre por debajo de lo que gana un hombre haciendo el mismo trabajo.

El trabajo doméstico, el cuidado de personas mayores o de niñas y niños, de personas enfermas, en fábricas tipo maquilas tienen el rostro de mujeres migrantes; mujeres y trabajadoras cuyos derechos humanos siempre están como pendiendo de un hilo, y que en muchos casos son violados y desconocidos una y otra vez.

Según Gloria Moreno-Fontes, especialista en Migración de la OIT: “En general, las trabajadoras migrantes tienen empleos con ninguna o inadecuada cobertura por parte de la legislación laboral u otra seguridad social o previsiones de bienestar social, sus condiciones son aún peores que las de los hombres que realizan el mismo trabajo. El trabajo doméstico es un ejemplo típico. La mayoría de las leyes laborales de los países aún se refieren a los trabajadores domésticos bien sea para excluirlos por completo de su finalidad o para garantizarles menores niveles de protección al privarlos de los derechos establecidos para otras categorías de trabajadores”. (2)

Moreno-Fontes también se refiere a un fenómeno relativamente nuevo, como es la migración de mujeres calificadas, es decir, con estudios superiores: “Informes recientes señalan que el porcentaje de mujeres migrantes calificadas provenientes en su mayoría de países del tercer mundo que tienen como destino países industrializados aumentó entre 1990 y 2000. El crecimiento de las tasas de las mujeres migrantes con calificaciones es siempre más alto que el de las mujeres u hombres sin calificaciones. De hecho, las tasas de migración de mujeres con altas calificaciones (con educación superior) hacia países industrializados, con frecuencia son superiores que las de los hombres. Un tema que despierta preocupación es que muchas de estas mujeres calificadas y altamente calificadas parten al exterior para buscar trabajos mejor remunerados, pero terminan en empleos muy por debajo de sus capacidades”. (3)

CEDAW en acción

En el 42º periodo de sesiones Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se celebró en noviembre del año 2008, se adoptó la Recomendación General Nº 26 sobre las trabajadoras migratorias. (4)

El Comité pudo redactar la Recomendación General basado en los informes periódicos dados por los Estados. A partir del análisis de los mismos se reconoce que “Aunque tanto los hombres como las mujeres migran, la migración no es un fenómeno independiente del género. La situación de las mujeres migrantes es diferente en lo que respecta a los cauces legales de migración, los sectores a los que migran, los abusos de que son víctimas y las consecuencias que sufren por ello. Para comprender las formas concretas en que resultan afectadas las mujeres, es menester examinar la migración de la mujer desde la perspectiva de la desigualdad entre los géneros, las funciones tradicionales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral desde el punto de vista del género, la prevalencia generalizada de la violencia por motivo de género y la feminización de la pobreza y la migración laboral a nivel mundial. La incorporación de una perspectiva de género reviste, por tanto, una importancia esencial para el análisis de la situación de las mujeres migrantes y la elaboración de políticas para combatir la discriminación, la explotación y el abuso de que son víctimas”.

La Recomendación hace hincapié en todas las medidas que deberían tomar los Estados y sobre todo que tanto el país de origen, como el de tránsito y destino deben empezar a reconocer las responsabilidades que tienen respecto a las trabajadoras migrantes.

En los puntos 6 y 7 la Recomendación señala respecto a la aplicación de los principios de derechos humanos e igualdad entre los géneros :

“6. Todas las trabajadoras migratorias tienen derecho a la protección de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personales, a no ser víctimas de la tortura ni de tratos inhumanos y degradantes, a no sufrir discriminación en razón del sexo, la raza, el origen étnico, las particularidades culturales, el origen nacional, el idioma, la religión u otra condición; el derecho a verse libres de la pobreza y disfrutar de un nivel de vida adecuado, así como el derecho a la igualdad ante la ley y al respeto de las garantías procesales. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los numerosos tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado o a los que se han adherido los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

7. Asimismo, las trabajadoras migratorias tienen derecho a la protección contra la discriminación sobre la base de la Convención, que obliga a los Estados partes a adoptar sin dilación todas las medidas adecuadas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y velar por que las mujeres puedan ejercer y disfrutar sus derechos de jure y de facto en todos los ámbitos en pie de igualdad con los hombres”.

Se sabe que estas son Recomendaciones realizadas por una Comité de Naciones Unidas, se sabe por experiencia cómo se suelen hacer oídos sordos a las mismas algunos Estados, dependiendo sus culturas y sus momentos políticos, pero es estimulante saber que la CEDAW se ha expedido sobre esta realidad de miles y miles de mujeres. Sin dudas la crisis global que más marcadamente se está haciendo sentir desde octubre de 2008 arrojará nuevas modalidades de migración, de trabajo no bien remunerado y de situaciones legales laborales y de derechos humanos que llevarán a los Estados, a las organizaciones de la sociedad civil y al mismo CEDAW ha aggiornar informes, recomendaciones, pero sobre todo las formas de encarar y comenzar a solucionar los ya arraigados pero nuevos problemas.

Notas:
1) “Migrante económico/a – una persona que abandona su lugar habitual de residencia para establecerse fuera de su país de origen a fin de mejorar su calidad de vida. Este término también se asocia a personas que intentan entrar a un país sin permiso legal y/o se sirven de los procedimientos de solicitud de asilo sin causa justificada. También se aplica a personas que radican fuera de su país de origen por temporada turística o agrícola, llamadas debidamente trabajadores/as de temporada.” En: http://www.un-instraw.org/es/grd/general/glosario.html
2) Trabajadoras migrantes: aprovechar oportunidades, mantener derechos. Entrevista con Gloria Moreno-Fontes: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang–es/WCMS_098493/index.htm
3) Ibidem.
4) El texto completo de la Recomendación General No. 26 (en español) se puede descargar en formato PDF en el siguiente enlace:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_sp.pdf

Organizaciones de inmigrantes y ONGs piden nuevos acuerdos internacionales que protejan a los inmigrantes de redadas indiscriminadas y malos tratos

El siguiente es el comunicado emitido por diferentes organizaciones de inmigrantes y ONGs, frente a la respuesta del presidente de España, Zapatero a una carta que había emitido previamente diversas organizaciones a proposito de los derechos de los trabajadores inmigrantes.

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No nos encontramos en el momento más adecuado para formalizar nuevos compromisos internacionales, es la respuesta dada por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno a una carta dirigida a Rodríguez Zapatero. El 18 de diciembre del pasado año, un colectivo de organizaciones hicimos entrega, en el Palacio de La Moncloa, de una carta en la cual preguntábamos al Presidente del Gobierno su opinión sobre la ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias por parte de nuestro país.. Cuestión de especial relevancia social en un momento de redadas indiscriminadas hacia las personas inmigrantes y de serias acusaciones de malos tratos en centros de internamiento.

Las polémicas actuaciones de la policía nacional en Madrid, sustentadas en una política de cupos semanales de detenciones de inmigrantes, y las preocupantes declaraciones del Ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vinculando inmigración y delincuencia, sitúan en el centro del debate social la necesidad de suscribir acuerdos internacionales que prohíban y dificulten la vulneración de los derechos humanos de las personas inmigrantes. La citada Convención de la ONU establece una serie de derechos humanos básicos de los trabajadores migratorios y sus familiares que todo Estado debe proteger, independientemente de la situación administrativa de la persona, que dificultarían extremadamente la adopción de políticas de acoso hacia la población inmigrante e incluso pondrían en cuestión la existencia misma de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

Si bien las organizaciones firmantes de la carta agradecemos la pronta contestación y la claridad en el posicionamiento del Presidente del Gobierno respecto de sus intenciones de no ratificar la Convención de ONU en un futuro cercano, nos sentimos obligadas a mostrar nuestra disconformidad y preocupación por los argumentos esgrimidos por Presidencia para justificar su postura. Dos son los argumentos utilizados para estimar inoportuna la firma, en estos momentos, de la Convención: los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea en materia de inmigración y la próxima reforma de la ley de extranjería que desaconseja adquirir compromisos internacionales hasta que no se hayan aprobado en el parlamento las modificaciones normativas pertinentes.

Nos preocupa la constante y reiterada alusión a la Unión Europea como excusa para justificar reformas legislativas que retroceden en garantías y lesionan derechos fundamentales, como la ley de extranjería y la ley de asilo, y en este caso concreto, para eludir nuevos compromisos internacionales referidos a la protección de los derechos humanos. Compromisos internacionales que pueden entrar en contradicción con las nuevas medidas de control de la inmigración anunciadas por el Gobierno y recogidas en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. En este sentido observamos con creciente preocupación la convergencia de nuestro Gobierno con las tesis mantenidas por los Gobiernos europeos más conservadores y la obsesión comunitaria por las políticas de seguridad, el control de los flujos migratorios y el blindaje de fronteras. Obsesión que acarrea descuidos en la protección de derechos fundamentales e incluso retrocesos en los derechos reconocidos a inmigrantes y refugiados, como así ha ocurrido con la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno.

Europa no puede ser la excusa. Cada Estado europeo es soberano y tiene autonomía suficiente para ratificar convenios y tratados internacionales, sobre todo cuando éstos emanan de la ONU y protegen aspectos relacionados con los derechos humanos. La Convención de la ONU sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares constituye un imperativo ético, jurídico y político para todos los Estados miembros de Naciones Unidas y su ratificación es una exigencia de la sociedad civil internacional a sus gobiernos, como quedó recogido en la Declaración del III Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Rivas en septiembre de 2008.

El proyecto de reforma de la ley de extranjería aprobado por el Consejo de Ministros profundiza en la línea marcada por Europa y se encuentra en contradicción con el espíritu de la Convención de la ONU.. Medidas como la ampliación del periodo de detención en Centros de Internamiento, los obstáculos a la reagrupación familiar o las restricciones a los procesos de regularización; retroceden en los derechos y garantías reconocidas a los inmigrantes en nuestro país y contribuirán a provocar nuevas situaciones de vulnerabilidad y marginalidad social entre el colectivo. Situaciones que pueden favorecer a la aparición de actitudes xenófobas y racistas, especialmente en un contexto de crisis económica.

Las organizaciones firmantes de este comunicado, por todo lo expuesto, mostramos nuestro desacuerdo con los argumentos dados por Presidencia del Gobierno para justificar la no ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias y nos reafirmamos en nuestra exigencia al Gobierno de que promueva la ratificación de la Convención en el Parlamento español.

Organizaciones firmantes:

Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)

Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE)

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE)

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)

Red Acoge

Red Europea contra el Racismo (ENAR España)

SOS Racismo de Madrid

Unión Sindical Obrera (USO)

Centro Uruguayo de Madrid

Mexico Unconquered: Pobreza, corrupción y migraciones

O en Español :” Mexico no conquistado”, es el nuevo libro del periodista John Gibler.
Según él, México es una nación dividida, no conquistada. Pese a los siglos de conquista y ocupación primero de los españoles y luego de élites internas, así como de la constante amenaza del colonialismo económico y político por parte de los Estados Unidos. Las rebeliones en México no han terminado, como tampoco ha concluido la conquista, dice el autor norteamericano.
En su obra, argumenta que la independencia de México del yugo español sólo cambió el centro de operación de Madrid a la Ciudad de México. En los casi 200 años de historia independiente, la clase en el poder ha continuado la práctica del imperialismo imponiéndola en territorios distantes de México y de una increíble diversidad cultural; pero la clase gobernante también ha cooperado ampliamente con los dictados de un imperio mayor: los Estados Unidos.
“Yo creo que los Estados Unidos y sus intereses imperialistas están siempre sobre el horizonte de la política mexicana como si fueran grandes barcas de guerra. En la cuestión de la economía, Estados Unidos, con las viejas estructuras políticas como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y las nuevas élites del PAN, el partido en el poder, impuso el Tratado de Libre Comercio (NAFTA), el cual ha creado nuevos millonarios como fue el caso de Carlos Slim”
Carlos Slim es el empresario mexicano más rico de América Latina y el segundo hombre más acaudalado del mundo, según la revista especializada Forbes. Una gran parte de su riqueza viene de la privatización de Teléfonos de México, una empresa de telefonía que estaba en manos del gobierno hasta que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1998-1994) la privatizo y vendió al empresario por debajo del valor del mercado, y le garantizó un monopolio de siete años.

En Metlatónoc, una población en el estado de Guerrero los niños mueren de diarrea y deshidratación debido a que sus padres no tienen el equivalente a $7 dólares para pagar el viaje de cinco horas que los lleve a Tlapa, al poblado más cercano para recibir servicios médicos, y eso sin mencionar los gastos equivalentes a $14 dólares para cubrir los gastos de los medicamentos, detalló el periodista y autor de esta obra.
El libro también aborda los temas de pobreza, migración, violencia y corrupción que se viven en México. Durante la presentación, el autor dijo que por ejemplo en los últimos 20 años, cientos de mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y hasta el momento nadie ha sido sentenciado por estos hechos.
Caso similar a los sucesos ocurridos en las manifestaciones del 2006 en San Salvador Atenco en donde autoridades de todos los niveles de gobierno violaron los derechos humanos de un grupo de manifestantes entre ellas mujeres.
Incluso, dijo, los policías iban preparados con condones para evitar contraer infecciones como consecuencia de las violaciones sexuales a las mujeres. “La impunidad es una práctica común en México” aseguró.
Por otra parte, el escritor dijo que en México el 63 por ciento de la policía utiliza la tortura para los interrogatorios de los detenidos.
Al referirse al problema del tráfico de drogas, comentó que existe una influencia corrosiva de los cárteles en los diferentes niveles de gobierno. Autoridades de diferentes niveles reciben dinero de los narcotraficantes a cambio de protección.
Recordó el caso del General Jesús Gutiérrez Rebollo, el ex comisionado del Instituto Nacional del Combate a las Drogas quien fue detenido en 1997 por su vínculo y protección a los carteles de las drogas. El presidente mexicano Felipe Calderón inició una guerra contra los diversos cárteles, pero el problema está al interior del mismo gobierno, sentenció el periodista ante la concurrencia que abarrotó la sala de la librería para escucharlo.

Gibler reconoció que el destino de las drogas es Estados Unidos, y que el gobierno de este país no ha podido frenar el creciente consumo de drogas.
“No sólo no han podido, no han querido frenarlo. La política antidrogas está enfocada hacia otros países como Colombia o hacia México, pero no como una política que aborde al consumo de drogas como un fenómeno social, siempre culpan a los demás, y en ese proceso exportan la violencia, exportan la sangre y el desastre y exportan la imagen de caos a otros países”.
“Se trata de un problema político de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿dónde compran las armas los cárteles de drogas de México? Lo hacen en Estados Unidos de manera legal, en el estado de Texas en la feria de armas de Forth Worht. Se sabe perfectamente bien en dónde se compran, entonces es un ejemplo de cómo Estados Unidos no ha querido frenar este fenómeno”
A la pregunta de ¿cómo reivindicar la imagen del mexicano luego de escuchar la presentación del libro en la que se habla de tantos problemas?, el escritor comentó: “son crónicas del México de abajo, del México de los rebeldes. La idea es aprender de los movimientos por la defensa de la dignidad. Eso es lo que yo estoy diciendo, no pretendo pintar una imagen de México caótica, lo critico, pero no se puede negar la presencia de movimientos violentos en México”.
“Hay que reconocerlos y denunciarlos. Yo hablo del México no conquistado, del México rebelde del que se levanta, de ese que en Estados Unidos necesitamos, de ese ejemplo de rebelión de lucha para la dignidad y también para pararnos, porque estamos de rodillas acá. Por ejemplo aquí en Estados Unidos, Bush se lanzó a una guerra para invadir a Irak, y el pueblo norteamericano no pudo hacer nada, entonces yo retomo los ejemplos de lucha de los de abajo, porque acá los necesitamos”,
El libro ya se encuentra a disposición de quienes quieren conocer estos puntos de vista que plantea.

El número de concesiones del estatuto de refugiado en España descendió casi un 26 por ciento en 2008, según CEAR

EuropaPress-El número de concesiones del estatuto de refugiado a personas que solicitan asilo en España descendió un 25,98 por ciento el año pasado respecto a los datos registrados en 2007, ya que un total de 151 extranjeros consiguieron esta protección en 2008 frente a los 204 que lo hicieron en el ejercicio anterior, según los datos presentados hoy por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En general, el número de solicitudes de asilo descendió un 41 por ciento en 2008, pasando de las 7.664 peticiones recibidas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior en 2007, a las 4.516 del año pasado. “España se encuentra a la cola de la Unión Europea en la recepción de demandas de asilo”, aseguró el presidente de CEAR, Javier de Lucas, que destacó que la cuota española representa “un dos por ciento” del total de 223.000 solicitudes recibidas en la Unión.

En el ámbito europeo, Francia es el destino al que llegan más demandas (35.164), seguido de Suecia (24.353), el Reino Unido (22.530), Alemania (921.371) y Grecia (19.884), según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR).

277 PERSONAS PROTEGIDAS

Junto con el descenso en las concesiones del estatuto del refugiado, el informe también subraya una caída del 63 por ciento en lo referente a la asignación de otros tipos de protección complementaria. Así, un total de 126 personas accedieron a estas garantías en 2008, frente a las 340 que lo hicieron el año anterior.

Estas 126 personas unidas a las 151 refugiadas elevan a 227 el número de demandas que se han hecho efectivas en España, lo que implica que de todas las solicitudes, “sólo” se han hecho efectivas el 5,34 por ciento de las solicitudes recibidas. A la vez, este porcentaje supone un descenso del 3 por ciento con respecto a los datos de 2007.

“¿Son estas 277 concesiones de protección una avalancha que justifica la necesidad de restricciones? Evidentemente no”, apostilló de Lucas, quien también se preguntó “¿por qué de los 37,5 millones y medio de refugiados llegan tan pocas demandas a la UE y a España?”.

El presidente de CEAR señaló que “las políticas de externalización del control de fronteras” que practica la Unión y que, a su juicio, provoca que “la mayor parte de los potenciales demandantes de asilo no puedan llegar”.

Por países, Nigeria encabeza el número de las solicitudes que recibió la OAR el año pasado, con 808 demandas, seguida de Colombia (752) y Costa de Marfil (500). Los demandantes del país latinoamericano han descendido en casi un 70 por ciento con respecto a 2007, cuando el total de solicitudes alcanzó las 2.497.

SUPRESIÓN DE LA VÍA DIPLOMÁTICA

Por otro lado, durante la presentación de los datos se leyó un manifiesto en el que CEAR critica algunos aspectos de la nueva Ley de Asilo que prepara el Gobierno porque , según la organización, supone “un retroceso de las garantías y derechos hasta ahora reconocidos” por la actual legislación en vigor desde 1984.

La posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las embajadas y consulados españoles es uno de los puntos que “no pueden ser desechados” en el nuevo texto legal, de acuerdo con el presidente de CEAR, a la que también preocupan “la devaluación del papel del ACNUR y la utilización de listas de ‘países seguros’”.

En este sentido, la organización pide al Ejecutivo que “corrija las deficiencias que se observan en el proyecto de la nueva ley” y asegure  que el texto cumpla con la Convención de Ginebra, la Constitución y las obligaciones “adquiridas por España, al adherirse a los instrumentos internacionales de protección de derecho de asilo”.