Brasil defiende su amnistía a inmigrantes

Fuente: EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que la ley de amnistía a los inmigrantes que sancionó la semana pasada es una lección que Brasil da al mundo desarrolado. El gobernante brasileño afirmó en su programa semanal de radio, Desayuno con el presidente, que mientras que los países más ricos persiguen a los inmigrantes y difunden la idea de que se trata de un problema que agrava el desempleo, en Brasil se les reconocen sus derechos. “Vamos a dar a los inmigrantes los mismos derechos que a los ciudadanos brasileños, a excepción de los derechos exclusivos de los nacionales [como votar y aspirar a mandatos públicos]“, aseguró Lula.

El mandatario añadió que, con la ley de amnistía, los inmigrantes que llegaron a Brasil antes del 1 de febrero de este año podrán ejercer derechos como la libertad de circular por todo el territorio nacional, el pleno acceso al trabajo remunerado y acceso a los servicios de educación, salud y justicia.

“Hemos dicho a los inmigrantes: ustedes son nuestros hermanos y están aquí para ayudar a Brasil a crecer”, afirmó el ex líder sindical, quien explicó que eso es lo mínimo que puede hacer un país como Brasil, que fue construido por inmigrantes.

La ley de amnistía para los ciudadanos ilegales impulsada por Lula establece que los extranjeros que hayan llegado a Brasil antes del pasado 1 de febrero en situación irregular tendrán derecho a solicitar un permiso de residencia temporal por dos años, que, una vez transcurrido ese periodo, podrá convertirse en permanente.

En 1988, una amnistía similar permitió la regularización de cerca de 40.000 inmigrantes ilegales, y ahora se calcula que ésta puede beneficiar a unos 200.000 extranjeros.

Lula agregó en su programa semanal de radio que Brasil también lanzó la semana pasada el llamado Certificado Negativo de Naturalización, una herramienta que permitirá que el extranjero con derecho a solicitar la naturalización pueda hacerlo por Internet de forma “rápida, segura y transparente”. Agregó que el certificado reducirá a pocos días lo que antes exigía un plazo de uno o dos años. “Es otra demostración del tratamiento que Brasil quiere dar a los hermanos que vinieron de otros países”, afirmó.

Bajas pasiones

El Parlamento italiano se rinde a la xenofobia al convertir en delito la inmigración irregular

Editorial Elpais.es

El Parlamento italiano ha aprobado una ley que convierte en delito la inmigración irregular, castiga con penas de cárcel determinados tratos con los inmigrantes, autoriza las patrullas ciudadanas para colaborar con la policía en su búsqueda y detención, y, amparándose en la directiva europea del retorno, amplía la retención de inmigrantes hasta sus plazos máximos. Gracias a la reacción decidida de los médicos italianos, la obligación de denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a los hospitales para ser atendidos ha quedado fuera de la norma.

La nueva ley responde a una promesa de Silvio Berlusconi, quien ya ha promovido otras medidas incompatibles con el Estado de derecho para tratar con las minorías, como el censo de ciudadanos de origen gitano con ocasión de los ataques que sufrieron en Nápoles y otras ciudades. Desde la Unión Europea se avaló esta medida, adoptada en el marco de la denominada “emergencia gitana”.

El escándalo sobre el uso de medios del Estado en las fiestas privadas de Berlusconi, llenas siempre de atractivas señoritas (las llamadas velinas), unido a leyes como la que acaba de aprobar el Parlamento, permite trazar el cuadro completo de la forma en la que Italia está siendo gobernada: el estímulo de las bajas pasiones de los ciudadanos a través de medidas de un descarnado populismo está sirviendo como señuelo para afianzar un poder guiado por la arbitrariedad y el capricho de una única persona. Lo más grave de cuanto está sucediendo es que, aunque Berlusconi fuera derrotado en las urnas, el sistema legal e institucional italiano ha sido gravemente alterado.

La instauración de patrullas ciudadanas contra la inmigración ilegal supone que, bajo Berlusconi, el Estado italiano ha abdicado de una de sus funciones más irrenunciables. Como principio es inquietante, pero su aplicación práctica ofrece motivos adicionales para la alarma: la policía italiana detuvo recientemente a grupos de ultraderecha que pensaban encuadrase en las patrullas ciudadanas y dar curso así a su xenofobia dentro de un marco legal.

Cuanto está sucediendo en Italia es un problema europeo. No sólo porque Berlusconi se vale de instrumentos como la directiva del retorno, sino porque, en la creciente ola populista que vive Europa, fija pautas de comportamiento que otros pueden seguir. Sobre todo si la Unión se muestra tan condescendiente como hasta ahora.

El derecho de asilo en tiempos difíciles

Artículo de Javier de Lucas, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al refugiado, CEAR.

Hablar de tiempos difíciles en relación con los refugiados no deja de ser un pleonasmo. Nunca ha habido buenos tiempos para quienes necesitan el derecho de asilo, pero las estadísticas del ACNUR certifican que nunca como ahora ha habido tal necesidad de asilo. La razón es que se han incrementado y diversificado las situaciones que obligan a millones de personas en todo el mundo a huir de su país para encontrar un refugio. A las persecuciones por razones políticas o la pertenencia a minorías amenazadas, a las guerras o conflictos civiles que se multiplican, se han sumado otras vinculadas a la opción sexual, a la condición de género o a los desastres medioambientales. Y el asilo, un derecho fundamental y universal, es un derecho cada vez más amenazado.

Ante todo, conviene recordar que el asilo no es un acto de generosidad, de caridad, sino un derecho fundamental universal, lo que supone la existencia de obligaciones jurídicas exigibles ante los Estados que lo reconocen por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Obligaciones de protección de los refugiados, no sólo en el propio territorio, sino fuera de él. Incluso se podría decir que sería el derecho más básico, en el sentido de que es el propio de quienes son, sin más, seres humanos, sin atributos.

Pero el asilo es un derecho en crisis, amenazado hoy más que nunca. El hecho es que, pese a que no cesan de incrementarse los refugiados y desplazados, cada vez llegan menos demandas de asilo a nuestras fronteras.

En España, en 2008 se registraron tan sólo 4.516 solicitudes de asilo -la cifra más baja en 20 años- y menos de la mitad de ellas se admitieron a trámite. De éstas, sólo se concedieron 151 estatutos de asilo strictu sensu, el 2,91% del total (a las que habría que añadir 126 concesiones de protección complementaria). Esas cifras -en Francia hablamos de 22.000 solicitudes y 11.000 concesiones en el mismo periodo- son indignas para un país que, pese a la crisis, es la octava potencia del mundo.

Frente al tópico de que viviríamos amenazados por avalanchas de demandantes de asilo, los hechos muestran que sucede lo contrario en el mundo próspero del que forma parte España, la Unión Europea. Nosotros, europeos, españoles, que vivimos en las sociedades más seguras que jamás hayan existido, no somos los destinatarios prioritarios de esos movimientos de demanda de asilo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué ese proyecto sostenido de restringir el asilo?

Que haya cada vez más necesidad de asilo y, sin embargo, bajen las solicitudes (por no hablar de las concesiones), tiene una explicación, como se analiza en el Informe CEAR 2009 que se hace público en estos días. El factor fundamental son las políticas de control y externalización de fronteras en materia de inmigración y asilo, emprendidas por la UE y por España (uno de cuyos principales instrumentos es la firma de convenios bilaterales con países de tránsito) y reafirmadas en el pacto europeo de asilo e inmigración acordado en octubre de 2008. Cada vez es más difícil que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, lo que es peor, obtengan el reconocimiento del asilo. Esa externalización de las fronteras crea espacios de contención -bajo el cuidado de países que muchas veces no superan el estándar mínimo de respeto de derechos humanos- cada vez más difíciles de superar.

Eso obliga a los refugiados a unirse en su huida a los inmigrantes irregulares, con los que se confunden. Y una de las consecuencias es que son tratados como ellos y ni siquiera se les da la posibilidad de demandar asilo.

Ahora estamos en medio de la discusión parlamentaria de la reforma de ley del asilo y en el marco de una transformación hacia un sistema europeo común de asilo (SECA). En CEAR confiamos aún en que se obtenga en España un acuerdo parlamentario que amplíe esta noción para adecuarla a las nuevas amenazas. Que mantenga todas las vías de acceso, por ejemplo, la diplomática. Que no restrinja la solicitud por la vía de la cláusula de países seguros. Que exija a los países que gestionan el tránsito el respeto al estándar mínimo de derechos humanos.

Creemos además que ese pacto permitiría a España aprovechar su próxima presidencia de la UE para apuntar hacia una política europea de asilo más abierta, para mostrar una imagen de la UE diferente, comprometida con la legalidad internacional, que contribuya a la presencia fuerte de la UE como agente en las relaciones internacionales.

No pedimos hacer frente en solitario a la miseria del mundo. Sólo estar a la altura de los deberes que impone nuestra condición de privilegio en un mundo global. Sólo ser coherentes con nuestro respeto por el Derecho y del Estado de derecho, esa huella genética que reivindicamos como creación europea y que es la opción por la que debemos decidirnos en estos tiempos de crisis.

La misión del Derecho, lo que hace o puede hacer de la tarea del Derecho y los juristas algo noble, es esa prioridad de defensa del más débil en aras de la igual libertad. Para revertir el pesimista -y lúcido- argumento de Mario Benedetti que parece pensado para los refugiados: “El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo”.

Día Mundial del Refugiado- Mensaje

Salud para las migrantes

Artículo de Artemisa

Por Alejandra Waingandt

En Argentina las migrantes, que son cada vez más, reciben un trato diferencial en hospitales y centros de salud porque se desconoce la ley que les garantiza el acceso irrestricto al sistema de salud. Un programa para que la salud sexual y reproductiva esté también a su alcance.

Alicia Ruiz migró a la Argentina desde Bolivia cuando tenía 22 años. Ahora tiene 47 y se casó con un argentino con quien tuvo dos hijos. Trabajó unos 17 años en el Hospital Israelita donde sufrió discriminación por su color de piel y nacionalidad, pero antes tuvo otras experiencias difíciles y representativas de las migraciones limítrofes. “Es mejor que en Bolivia, donde no hay insumos y podes morir fácilmente. Pero en Argentina hay discriminación. El color de piel es un problema, la gente nos trata como cabecitas negras y nos hacen saber que no servimos para anda. Nos llaman estúpidos. En el Israelita tenía una compañera argentina muy rubia que era mucama y que decía ‘¿vos estudiaste? ¿Vos tenés neuronas? ¿Vos sabés pensar?’ Le molestaba mi color de piel”. Ella pudo ver como otras y otros migrantes eran víctimas de malos tratos por el personal no profesional del hospital. “El problema es la gente más ignorante, los médicos están más preparados, no hacen eso”, explicó. Las diferencias culturales y las “miserias burocráticas” derivadas de la portación de rostro limitan este acceso en perjuicio de los y las migrantes limítrofes. Debido a esa situación, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a través de sus representaciones de Argentina y Bolivia, impulsa un proyecto sobre salud sexual y reproductiva dirigido a migrantes provenientes del país andino. Esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, busca mejorar el acceso de mujeres y jóvenes bolivianas a los servicios de salud sexual y reproductiva.

En una comunidad migrante cada vez feminizada, la de Alicia Ruiz es apenas una historia más entre las tantas que sufren las mujeres que vienen a este país buscando un destino mejor. En Bolivia ella era la novena de 13 hermanos. Abandonó la escuela durante la adolescencia para conseguir un empleo y colaborar con la economía familiar, pero no logró trabajar porque el país estaba en crisis. “Pasábamos una miseria tremenda, recuerdo que recibíamos un bollo de pan por hijo, esa situación me desesperó. Los comerciantes de Oruro decían que en Argentina se podía trabajar y estudiar”. Como la joven boliviana deseaba estudiar Derecho resolvió migrar a la Argentina, aunque en Buenos Aires no pudo ingresar al sistema educativo porque no tenía DNI. No obstante entró a trabajar en el servicio doméstico, donde los papeles no eran necesarios. “Era una migrante más, así que abandoné mi idea de estudiar y trabajé en limpieza, pero después me casé con un argentino y conseguí la documentación”. En ese momento, Alicia Ruiz finalizó su educación básica, cursó la carrera de enfermería y obtuvo el cargo de enfermera auxiliar en el Hospital Israelita, puesto que perdió en 2001 porque el nosocomio se declaró en quiebra. No consiguió que la indemnizaran y aunque lleva unos 7 años desempleada, ocupa parte del tiempo libre enseñando quechua a su colectividad.

Una investigación del Centro de Estudios de Población (CENEP) de 2004, dirigida por la socióloga Marcela Cerrutti, sobre la calidad de la atención en hospitales y centros de salud, evidenció justamente que mujeres y varones migrantes reciben un trato diferencial de parte del personal administrativo. “Las evaluaciones de las usuarias sobre el staff no médico dejan mucho que desear”, afirmó la investigadora. El consultor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Jorge Gurrieri agregó que “en estos casos el problema aparece más por la tez que por la nacionalidad”.

En cuanto a los profesionales de la salud y la relación con las pacientes extranjeras, ambos expertos coincidieron en que se originan problemas en las diferencias culturales. “El idioma es un obstáculo, especialmente entre las bolivianas, hay muchas que sólo hablan quechua”, ejemplificó el Gurrieri. Cerrutti señaló: “Las bolivianas tienen más dificultades que otras migrantes limítrofes, ellas son más tímidas, más pudorosas y también más sumisas y los médicos no están preparados para tratar pacientes extranjeros”.

Según Cerrutti la mayoría de las veces la práctica discriminatoria se origina en la incomunicación. “Los trabajadores de la salud desconocen la legislación migratoria debido a que fallan los canales de comunicación entre las oficinas gubernamentales”, opinó. Al sancionarse la Ley de Migraciones (Nº 25.871) en 2004, las comunidades inmigrantes de países del MERCOSUR y sus allegados obtuvieron un “acceso irrestricto” a la salud pública de Argentina, que fue pionera en efectivizar el Acuerdo de Residencia firmado por países miembros de dicho grupo en 2002. Tienen la misión de garantizar ese acceso la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo, entre otras reparticiones públicas.

Cerrutti forma parte del proyecto de UNFPA en representación de CENEP. La experta explicó que “la idea es identificar buenas prácticas en algunos servicios de salud y hacerlas extensivas a todo el sistema. El objetivo es obtener prestaciones más sensibles a las particularidades culturales y sociales de las colectividades migrantes”. Se pesquisará dos áreas diferentes: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y la zona de fronteras de Jujuy y Salta, ya que en estas regiones se concentra la mayoría la población boliviana ( 59,8% y 22,3% respectivamente).

Gurrieri explicó que en estas dos regiones las problemáticas con la migración son diferentes. En la zona metropolitana la presencia del Estado es mayor y funcionan legislaciones como el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En cambio “en las zonas fronterizas la sensibilidad de las personas nativas puede ser mayor. Por ejemplo los hospitales de Posadas (Misiones) y Orán (Salta) atienden a mujeres provenientes de Bolivia y Paraguay, que atraviesan las fronteras para dar a luz, de hecho constituyen el 50 por ciento de los partos”.

Por todo esto, el proyecto impulsado por UNPFA promoverá la Ley de Migraciones para que los y las agentes de la salud tomen conciencia de que las migrantes y las nativas pueden acceder a todas las prestaciones en iguales condiciones, y también sensibilizará a los y las profesionales de la salud para mejorar la comunicación con las usuarias extranjeras.

Sofía Villalba, paraguaya, asegura que hay hospitales y centros de salud en los que el personal médico “no se apura en atendernos. Creen que se nos va a pasar (la dolencia). Le ocurrió a mi hermana fallecida hace tres años. Tenía una fisura en el pie, estaba muy dolorida, fuimos al Hospital Penna, en la guardia la atendió una ginecólogo y un traumatólogo, le aplicaron un medicamento y la mandaron a casa. Cuando volvimos a casa mi hermana estaba inconsciente, no podía ni hablar. En el Penna dicen que le aplicaron un calmante, pero no sé como la largaron así. Como seguía muy mal fuimos al Hospital Fernández y la atendieron enseguida. Se preguntaban cómo la habían largado, me avisaron que estaba muy mal y falleció”.

Sofía Villalba tiene 35 años y migró a Argentina a los 16 porque necesitaba operarse, tenía una enfermedad en los huesos de los pies. “En Paraguay la operación era muy cara. En Argentina tenía a mi papá y dos de mis hermanos y decían que los doctores eran mejores, así que decidí venirme”, recordó.

La joven paraguaya se operó en el Hospital Fernández y tras su recuperación empezó a trabajar en el servicio doméstico. “En Paraguay dejé la escuela porque a mi mamá no podía tener tres estudiantes. Allá quedaron mi mamá y dos hermanos más. Ella trabajaba en el mercado central y la ayudaba desde los 7 años. A los 13 puede juntar dinero y estudié peluquería y manicura pero nunca trabajé de eso”.

En Argentina, Villalba se convirtió en empleada doméstica porque no se requería documentación. Inició los trámites para el DNI en 1991 debido a una amnistía otorgado por el gobierno nacional, el cual recibió cuatro años más tarde. Entonces decidió quedarse en el país, donde formó pareja con un paraguayo, con quien tiene una nena de 6 y un nene de 4. Hoy trabaja para la misma patrona y asiste a una escuela para adultos.

La discusión sobre los derechos que tienen los y las migrantes respecto del acceso a la salud no está saldada. “Si bien hay una ley que intenta poner fin a esa polémica, la misma sigue vigente en las mentes de las personas”, advirtió Gurrieri.

Refugiados colombianos en el Ecuador se reúnen para revisar sus derechos

Fuente: EFE

Líderes de más de 20 organizaciones de refugiados colombianos en Ecuador se reunirán entre mañana y el jueves en Quito para analizar la situación de ese colectivo y revisar sus derechos, informaron hoy los organizadores.

Se calcula que 135.000 colombianos que están en territorio ecuatoriano necesitan protección del Estado, pero sólo 21.000 de ellos han recibido el estatus de refugio. EFE/Archivo

El “Encuentro de Líderes y Liderezas Refugiadas en Ecuador” es organizado por varias organizaciones no gubernamentales, que apoyan al colectivo y que cuentan con el auspicio de varias entidades estatales ecuatorianas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Carlos Ortega, de Asylum Access, que organiza la reunión, indicó a Efe que la cita, a la que han sido convocados más de 35 líderes de grupos de refugiados colombianos, también tiene el objetivo de conmemorar el Día Mundial del Refugiado (20 de junio).

Agregó que el encuentro se organizó “con el objetivo de reflexionar sobre la situación que viven miles de colombianos, que han buscado refugio en Ecuador”, tras huir de la violencia en su país.

Ortega señaló que se analizará la situación de los derechos de los refugiados y el acceso que tiene ese colectivo a servicios básicos como la salud, el trabajo y la educación.

Añadió que la cita también busca crear una “red de organizaciones de refugiados en Ecuador”, para crear una entidad más amplia que “cohesione y represente sus intereses”.

El activista dijo que en el encuentro participarán especialistas de varias instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Dirección General de Refugiados de la Cancillería ecuatoriana y la ACNUR.

También participarán expertos de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Equidad, el Centro sobre Derecho y Sociedad y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), precisó Ortega.

Se calcula que 135.000 colombianos que están en territorio ecuatoriano necesitan protección del Estado, pero sólo 21.000 de ellos han recibido el estatus de refugio.

Quito prevé extender ese beneficio a otros 60.000 colombianos, a través de un “registro ampliado” de refugio, que lleva adelante en todo el país.

Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, donde el 95 por ciento de solicitudes corresponde a colombianos.

El año pasado, la nación andina recibió 12.853 solicitudes de refugio, lo que supuso 1.071 peticiones por mes.

Colombia,uno de los países con mayor número de desplazados

Con tres millones de personas fuera de sus hogares, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazados, reveló el martes el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El informe “Global Trends 2008″ señaló que los conflictos han dejado 26 millones de desplazados en el mundo, de los que 14,4 millones recibieron asistencia de ACNUR, 600.000 más que el año anterior, y el doble que en 2005.

El organismo señaló que contabilizó más de 1,1 millones de nuevos desplazados, aunque 1,4 millones de los registrados en años anteriores pudieron volver a sus casas
Colombia, Irak, la República Democrática del Congo (RDC) y Somalia son los países con más desplazados internos.

En Irak la cifra pasó de 2,4 millones en 2007 a los 2,8 millones en 2008, mientras que en la RDC los desplazados aumentaron a 1,5 millones y en Somalia a 1,3 millones, debido al reavivamiento de los conflictos internos.

En cuanto a los refugiados, que estimó en 15,2 millones, un tercio se asienta en países en los que ACNUR proporciona asistencia en la región de Asia y el Pacífico, de los que tres cuartos son afganos, según el documento.

El continente americano es el que menor número de refugiados tiene (un 8 por ciento) y los colombianos son el grupo mayor, con 374.000 personas.

Intermón Oxfam pide a la comunidad internacional que asuma las responsabilidades de la Convención del Refugiado y proteja a 40 millones de personas

La organización destaca la vulnerable situación de las mujeres sudanesas refugiadas en Chad, donde son víctimas de la violencia de los diferentes grupos armados

Cerca de 40 millones de personas permanecen olvidadas por la comunidad internacional y los medios de comunicación. Son los refugiados y desplazados internos que han debido huir de sus hogares por amenazas como guerras, conflictos internos, persecuciones políticas o grandes hambrunas, denuncia Intermón Oxfam con motivo de la celebración del Día Mundial del Refugiado, el próximo 20 de junio.

“Estas personas se han visto obligadas a dejar atrás sus hogares y sus países. Se encuentran en una situación muy vulnerable ante el hambre, la guerra y la violencia. Especialmente las mujeres, que están mucho más expuestas a ser atacadas física y sexualmente. Los menores pierden a sus padres, y las personas mayores, al igual que las discapacitadas, suelen quedarse atrás en la huida y expuestos a los combates”, asegura la directora general de la organización, Ariane Arpa.

Intermón Oxfam pide a los gobiernos internacionales que hagan de la protección de los civiles una prioridad clara, más cuando se trata de una guerra. “La Convención del Refugiado es una herramienta indispensable para asegurar esa protección. Actualmente los refugiados siguen desprotegidos porque la comunidad internacional no está asumiendo todas las responsabilidades que conlleva ese tratado”, continúa Arpa.

“La guerra contra el terror, iniciada por EE UU tras los ataques del 11-S, ha sido la causa que más refugiados ha provocado en los últimos años. En 2007, el 47% de los refugiados procedían de los dos países que constituyen los principales frentes de esta contienda: Iraq y Afganistán”, señala el portavoz de la organización Francisco Yermo.

Los conflictos internos y guerras civiles son la otra gran causa. Según las últimas estadísticas de Naciones Unidas, en el mundo hay 26 millones de refugiados y cerca de 11 de desplazados internos. Estos últimos son consecuencia en su gran mayoría de las guerras internas de países como República Democrática del Congo, Colombia, Somalia y el conflicto que afecta a Chad y Sudán.

La inseguridad de las mujeres en los campos de Chad

Alrededor de 250.000 civiles se encuentran en los 12 campos de refugiados situados a lo largo de la frontera entre Chad y Sudán. Una zona sin ley, donde la seguridad va en incremento y en la que el 65% de las familias está a cargo de una mujer. La mayoría de los hombres adultos han muerto, se han unido a un grupo armado o han sido secuestrados por éstos.

Ante esta situación, la mujer se convierte en la pieza angular de la familia. Ellas son las que deben hacer cola para recibir alimentos, recoger agua y leña, moler grano, cuidar a sus hijos y participar en las actividades económicas. Pero tareas tan cotidianas como el ir a buscar leña se ha convertido en una de  las principales amenazas para ellas. Es muy probable que durante estos trayectos sean atacadas y violadas por algún grupo armado. Esta limitación para moverse libremente priva a las mujeres de acceder a los recursos y, por tanto, a un medio de vida clave para su supervivencia.

“Mi hija Fatma, de 9 años, fue un día a buscar leña con un grupo de mujeres y niñas, muchas, más de una veintena. Al rato llegaron algunas corriendo, gritando y llorando. Se habían encontrado con unos hombres armados. Éstos las persiguieron y quisieron capturarlas. Fatma no estaba entre las mujeres que llegaron. Salimos a buscarla y al rato la encontramos junto a otras niñas. Estaban como muertas, con sangre por abajo”, narra una de las refugiadas sudanesas en Chad.

El Derecho Internacional Humanitario, “papel mojado”

La Convención del Refugiado de 1951 y los Convenios de Ginebra forman el núcleo del Derecho Internacional Humanitario, encargado de la protección de la población civil en un conflicto armado. “No obstante, estos tratados son papel mojado en muchas partes del mundo, tanto por las partes en conflictos como por la Comunidad Internacional que no hace suficiente para que se respete, de una manera ecuánime”, asegura el portavoz de Intermón Oxfam.

En este sentido, la organización pide que:

• Los Gobiernos hagan de la protección de los civiles la prioridad absoluta en la   respuesta a los conflictos en cualquier lugar del mundo.
• Los Gobiernos y partes en un conflicto adopten una tolerancia cero ante los crímenes de guerra aplicando el mismo estándar de rechazo internacional a los crímenes de guerra cometidos tanto por aliados como por enemigos.
• Los países ricos no sigan poniendo cortapisas a la aplicación de la Convención de los Refugiados, ni restringiendo el asilo a la población que huye de los conflictos.

“Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger a los civiles, detener las peores atrocidades que ocurren en el mundo, y prevenir los conflictos de los que derivan. Esto requiere mucho más que reaccionar a los acontecimientos mediante la acción militar: Es necesario, entre otros, impulsar las iniciativas diplomáticas que apuntan a la resolución de conflictos, e incrementar los niveles de ayuda humanitaria”, afirma la directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa.

Intermón Oxfam trabaja en el este de Chad desde 2004 donde ofrece asistencia a 35.000 refugiados, a 44.000 desplazados y a la población autóctona de acogida, unas 16.000 personas. La organización lleva a cabo proyectos de agua saneamiento, higiene y seguridad alimentaria. Además, Intermón Oxfam actúa para que los gobiernos cumplan con los compromisos que han adquirido de proteger a sus poblaciones.

Recursos:

Página del día mundial del refugiado

Galería Fotográfica

Testimonios Intermón Oxfam

Pendiente el expediente de derechos humanos en Kosovo: AI

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se prepara a anunciar hoy la reducción en un tercio de su actual contingente en Kosovo, la ex provincia de Serbia, pero con el expediente abierto de las violaciones a los derechos humanos.

El regreso a casa de cinco mil de los 15 mil soldados en Kosovo será adoptado en Bruselas durante la reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, pero al menos mil 900 familias kosovares y serbias siguen sin tener noticia de sus familiares.

En vísperas de la decisión, Amnistia Internacional a través de Sian Jones, experto en los Balcanes, dijo que “en los últimos 10 años, las autoridades de Serbia y Kosovo no han tomado ninguna medida para abordar el legado de los crímenes de guerra cometidos en Kosovo en 1999″.

El 10 de junio de 1999 terminó tras tres meses el bombardeo de la OTAN contra posiciones del ejército de la desaparecida Yugoslavia, presidida por Slobodan Milosevic, que trataban de impedir el exterminio de los albanokosovares.

El conflicto generó un importante flujo de refugiados, además de violaciones a los derechos humanos, en particular de la población kosovar por parte del ejército yugoslavo dominado por los serbios.

En ese marco, Jones añadió que “la OTAN fracasó rotundamente en uno de sus principales objetivos en Kosovo: asegurar el retorno de los refugiados”, de acuerdo a un reporte de la Deutsche Welle.

Añadió que “en esa medida, no nos disgusta mucho que algunas tropas de la OTAN abandonen la región. Su papel era más bien decorativo”.

La Alianza Atlántica inició el 24 de marzo de 1999 la “Operación Fuerza Aliada”, después de que Rusia y China, aliados de Yugoslvia, bloquearon las medidas de Naciones Unidas para forzar la finalización del conflicto.

El conflicto entre los kosovares y los serbios yugoslavos forzó a la migración de unas 850 mil personas, de las cuales unas 650 mil han regresado pero otras 200 mil, incluidos serbios y gitanos, siguen con estatus de refugiados.

Kosovo, que estuvo bajo administración de Naciones Unidas y protección de la OTAN casi una década, declaró su independencia en febrero de 2008 con el apoyo de varias naciones occidentales y el rechazo de Rusia y Serbia, heredera de los intereses de la desaparecida Yugoslavia.

Argentina: Perfil de las migrantes limítrofes.

Un artículo de Alejandra Waingandt (Artemisa)

Las mujeres paraguayas migran solas, seis de cada 10 trabajan en el servicio doméstico y muchas crían a sus hijos desde la distancia. Estos son algunos datos que se desprenden de un informe elaborado por la socióloga Marcela Cerruti.

La socióloga Marcela Cerrutti elaboró el informe Diagnóstico de las Poblaciones de Inmigrantes en la Argentina, pero se especializó en la migración paraguaya, sobre todo en mujeres migrates. “La mujer paraguaya migra cuando es joven, es decir antes de los 25 años. Se traslada sin su familia, se trata de una migración autónoma o independiente. Esto la distingue de otros flujos migratorios en los que la mujer participa en una migración de carácter familiar como es el caso de las bolivianas. Aquí la mujer migra acompañando a su padre, esposo o pareja”, explicó la investigadora.

Con el equipo del Centro de Estudios de Población (CENEP), Cerrutti se trasladó a Paraguay donde realizó encuestas en hogares de cuatro de distritos. “Para conocer realmente cómo migran las mujeres se necesitan datos del país de origen y del país de destino, pero no tenemos estos datos”, afirmó la experta, quien se basó en la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI), que formó parte del Censo de 2001, para realizar el diagnóstico sobre las migraciones limítrofes. “Con la ECMI más los datos recogidos en Paraguay logramos reconstruir las historias migratorias completas. Esto no quiere decir que tengamos información representativa de Paraguay”, aclaró la socióloga.

Luego Cerrutti se refirió a la “maternidad a larga distancia”, porque caracteriza principalmente a la migración paraguaya. “Si bien el 60 por ciento de las paraguayas migran antes de casarse, muchas tienen hijos al momento de migrar”, indicó. Cuando se instalan en Argentina, las paraguayas se insertan principalmente en el servicio domestico en hogares privados, de ese modo se hacen cargo de las tares domésticas en hogares de otras mujeres trabajadoras, mientras sus hijos e hijas viven una maternidad a distancia.

La experta aclaró enseguida que “es muy poco el conocimiento que tenemos de este fenómeno respecto de los grupos migratorios de Argentina”. Su informe sobre las poblaciones migrantes establece que 22 por ciento de las paraguayas tienen hijos menores de 14 años en el país de origen, y en el caso de las bolivianas esta cifra baja a 8 por ciento.

Las migrantes suelen recurrir a redes sociales migratorias femeninas. “Este es otro rasgo poco estudiado, pero cuando analizamos quienes colaboran con la mujer que migra, aparece que fue una hermana, una miga o una parienta”, informó Cerrutti, para explicar que las redes son fundamentales en el proceso migratorio, ya que disminuye su costo tanto en lo económico como en lo afectivo.

En ese orden, la investigadora aseguró que “la migración limítrofe y de Perú se han feminizado”, pero aclaró que “en el caso de Paraguay el número de mujeres siempre fue mayor”. En Argentina tres grupos migratorios han aumentado en forma significativa en épocas recientes: paraguayos, bolivianos y peruanos, pero este último colectivo sigue teniendo una escasa representatividad. En estas tres colectividades hay más mujeres que varones.

La mayoría de las personas migran por razones laborales. Entre las mujeres la búsqueda de esa alternativa también es predominante. “La migración limítrofe es típicamente laboral y se insertan en sectores económicos con un mayor grado de informalidad y precariedad laboral. Se reduce a un grupo limitado de ocupaciones”, explicó Cerrutti.

El tipo de inserción económica de los y las inmigrantes varía de acuerdo a su origen. En el caso de las bolivianas, aparecen más en el comercio al por mayor y menor, en la industria manufacturera (confección de vestimenta) y en actividades agropecuarias. La socióloga destacó que pese a que es creciente la participación de las mujeres migrantes en la fuerza de trabajo, se mantiene una alta concentración en ocupaciones “típicamente femeninas”. Por ejemplo seis de cada diez paraguayas se desempeñan en distintas variantes del servicio doméstico en hogares privados.

Por último, Cerrutti mencionó que una proporción importante de migrantes limítrofes y de Perú trabajan en condiciones desventajosas, en ese marco las mujeres presentas porcentajes de trabajo precario significativamente más altos que los varones migrantes, aún con los mismos orígenes nacionales. En ese sentido dijo que “el dato más alentador es el programa Patria Grande, que se origina debido a la Ley de Migraciones y tiende a regularizar a los inmigrantes indocumentados. La ley dice que si la persona demuestra que es residente de un país miembro del Mercosur y que no tiene antecedentes penales, puede tramitar su residencia en la Argentina. Es un avance muy importante, pero tiene sólo dos años, con lo cual aún no hoy datos representativos sobre este proceso”.